Benet Salellas y Jacobo Teijelo, abogados defensores de Santos Cerdán, han presentado hoy a las 8 de la mañana al Tribunal Supremo dos informes al magistrado instructor de la Sala Segunda.
En sendos escritos a los que ha tenido acceso DIARIO DE NOTICIAS, la Defensa del exsecretario de Organización del PSOE pide la libertad de Cerdán al cumplirse 70 de su ingreso en prisión provisional sobre ocho extremos. Denuncian que su privación de libertad es “contraria a la separación de poderes, incompatible con el derecho de acceso, basada en pruebas sin cobertura, que incrimina la actividad política, que reproduce una sospecha policial, prorrogada más allá del límite e inconstitucional. También se basan en una solicitud de diligencias que acompañan, donde advierten entre otros puntos del “ignoto origen de los audios” y de “expurgos unilaterales e injustificados”. Asimismo acompañan los escritos un informe de la UCO fechado el 4 de octubre de 2024 de cara a ahondar en sus tesis. La petición de libertad se basa, en palabras de la Defensa, “desde la convicción que estamos ante un procedimiento fuertemente tensionado procesalmente consecuencia especialmente de su naturaleza de pesquisa general dirigida contra el número dos del principal partido político del Gobierno y diputado de las Cortes Generales”.
“Todo lo que se plantea en el escrito de solicitud de diligencias no es para nada una estratagema procesal para plantear una cortina de humo procesal”, continúa la Defensa, “se trata precisamente del instrumento necesario para poder ejercer el derecho a la defensa de un ciudadano que se declara inocente y que, por su posición política y por su actividad como alto responsable del principal partido del Gobierno ha sido el responsable de la negociación de iniciativas políticas que no han gustado a una parte importante de los poderes del Estado. De ahí, que resulte de especial relevancia dilucidar las circunstancias y naturaleza de la investigación para evitar cualquier hipotética desviación de poder de la Policía Judicial que pudiera haber contaminado el “proceso debido” según viene alertada por el artículo 18 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos”.
Más de dos meses de prisión
Además se subrayar el “origen desconocido” de los audios, el escrito recuerda que “transcurridos dos meses desde el ingreso en prisión, la lógica parecía suponer que se producirían entradas y registros en el domicilio e incautación de dispositivos electrónicos, sin embargo, nada de eso se produjo, incluso, esta defensa se vio en la paradójica situación de tener que instar mayor celeridad en la decisión, comunicando la intención de mudarse la familia del Sr. Cerdán”.
La Defensa denuncia el “agravio comparativo” que el mantenimiento de la prisión provisional “supone con el resto de los investigados”. Respecto al contrato de Servinabar la Defensa dice que “se trata de una supuesta impresión de un borrador” suscrito y “roto” hace diez años, “no en poder del hipotético acreedor”, sino de “quien tiene las facultades de hecho y derecho sobre la sociedad”, por lo que “carece de relevancia” ni tiene “eficacia alguna”. Además, alega la no acreditación de pagos desde Servinabar ni de Acciona, y que el patrimonio de Cerdán "ha sido revisado". "La guardia Civil lleva siete meses, al menos, investigando el patrimonio y no tiene argumento alguno para para justificar su sesgada hipótesis", señalan los abogados.
Las grabaciones
En cuanto a la propuesta apertura de diligencias de investigación “por falta de elementos esenciales del procedimiento”, los abogados defensores de Cerdán destacan que “nunca el Sr.Koldo ha manifestado o reconocido ser autor de las grabaciones, habiéndolo negado en una entrevista en televisión”. Asimismo denuncian un “caos procesal”, la falta de “constancia alguna de la integridad de la cadena de custodia”, y que “el origen y la naturaleza de estos audios, base de la investigación, continúa siendo a día de hoy una auténtica incógnita”. "Lo único que a día de hoy sabemos sobre dichos audios es que se obtienen a través de teléfonos que han sido proporcionados por un comandante de la Guardia Civil investigado en la causa, el Sr. Rubén Villalba. Lo dice la propia UCO y lo dice incluso el Sr. Fiscal en el transcurso de la vista del recurso de apelación contra la prisión provisional del Sr. Santos Cerdán”.
Aquí es donde entran a analizar el informe 207/2024 de la UCO sobre el propio Rubén Villalba, considerando que “según se desprende de la transcripción parcial de las conversaciones, estos teléfonos estarían “contaminados” que no sabemos bien que significa si es que estaban monitorizados o bien afectados de algún sistema de activación desde la distancia”.
El informe de solicitud de diligencias, también se hace eco del citado atestado para señalar que “Aldama y Koldo están introducidos en el sistema de fuentes de la Guardia Civil”, por lo que “resulta imprescindible conocer cómo y por qué, para entender todo lo que pasa después”. La Defensa también sospecha de “expurgos policiales unilaterales que pueden estar encubriendo deliberadamente destrucciones de prueba ya sea en su contra o a favor de los demás investigados”.
Solicitud de diligencias
Por todo ello, la Defensa pide el “acceso a todas las actuaciones”, entre otras, que “se complemente la totalidad del expediente judicial; “que se requiera a la UCO la aportación inmediata de todos los informes pendientes relativos a Santos Cerdán, concretamente el informe patrimonial; “que se requiera a la UCO para que aporte a la presente causa todo el material "expurgado" y declarado "secreto" por parte de la Policía Judicial”; “que se oficie al Centro Penitenciario de Soto del Real para que informen de las visitas de todo tipo que haya recibido en prisión el Sr. Aldama durante su periodo de internamiento al objeto de determinar las vías de concertación y posibles instrucciones recibidas en prisión para dirigir su declaración; que se requiera a la UCO para que identifique a los aforados que investigan, que se ponga en conocimiento del Congreso que un número indeterminado de aforados están siendo investigados sin haber sido solicitado el pertinente suplicatorio”.
También solicitan que se tome declaración a dos agentes de la Guardia Civil, los autores del informe de fecha 5 de junio de 2025, para que “puedan identificar concretamente cuáles son los documentos primarios a los que accedieron”, además de al propio comandante Rubén Villaba, a quien el propio informe de la UCO dice que su relación con Aldama comenzaría en 2019, para quien según la Defensa “es evidente que “actúa de modo concertado” con el propio Aldama para “hacer llegar al Sr. Ábalos determinados dispositivos telefónicos y de grabación a través del Sr. Koldo”.
Asimismo pide que también se tome declaración al jefe de Rubén Villalba, a los agentes al servicio de Villalba, y a quienes “realizaron el expurgo del documento y las grabaciones" del mencionado atestado 207/2024 y al “jefe de la unidad de la fuerza actuante", al parecer, señalan, “presente en la entrada y registro de Servinabar”.
