El Tribunal Supremo ha abierto una cuarta causa contra el líder de Se Acabó La Fiesta (SALF), Luis 'Alvise' Pérez, esta vez por presuntos delitos de acoso y revelación de secretos cometidos contra dos eurodiputados que se presentaron a las elecciones europeas de 2024 con SALF, después dejaron el partido y finalmente se integraron en el grupo parlamentario de Conservadores y Reformistas Europeos.
El Supremo, en línea con el criterio de Fiscalía, ha admitido a trámite la querella interpuesta el pasado 27 de junio por los eurodiputados Diego Adrián y Nora Junco, al tiempo que ha designado como instructor al magistrado Manuel Marchena.
Se trata de la cuarta causa que el alto tribunal dirige contra 'Alvise'. Hasta ahora, estaba encausado por difundir una PCR falsa del ex ministro de Sanidad y actual presidente catalán, Salvador Illa; por el presunto acoso en redes sociales a la fiscal coordinadora de delitos de odio, Susana Gisbert; y por la financiación ilegal de SALF, por los 100.000 euros que recibió del empresario Álvaro Romillo, alias 'CryptoSpain'.
En esta ocasión, según recoge el Supremo, los eurodiputados denunciaban que no solo venían siendo víctimas de una "continua campaña de hostigamiento" a través de las redes sociales como consecuencia de los mensajes que 'Alvise' había publicado sobre ellos --en un podcast y en un canal de Telegram--, sino que, incluso, habían llegado a "temer por su integridad física" al revelar también el lugar en el que se encontraban o al que se dirigían.
En ese sentido, denunciaron y acreditaron que, tras filtrarse sus direcciones de correo electrónico, sus números de teléfono y sus redes sociales, recibieron una "ingente" cantidad de mensajes ofensivos y/o amenazantes, hasta el punto de que les generaron "una continua sensación de inseguridad", llegando a modificar "sus hábitos o rutinas".
El Supremo detalla que cerraron algunas de sus redes sociales; en otras limitaron a terceros la posibilidad de comentarios; dejaron de atender llamadas telefónicas de números desconocidos; y empezaron a recibir "miles" de correos electrónicos con insultos y amenazas.
Los eurodiputados expusieron que todo ello impedía "significativamente" su "labor parlamentaria y la propia de su ordinaria vida familiar", al margen "del constante miedo o intranquilidad que les generaba el poder ser abordados en ese contexto por la calle por cualquier desconocido".
DE FORMA "VOLUNTARIA Y CONSCIENTE"
La Sala de lo Penal entiende que la conducta de 'Alvise' podría enmarcarse en dichos delitos, "habida cuenta de las explícitas llamadas del mismo --ya personalmente en el mencionado podcast, ya a través del canal de la aplicación Telegram que lleva su nombre y que, indiciariamente, él mismo gestiona o dirige-- a que un grupo muy numeroso de seguidores expresara y desarrollara una actitud repetidamente hostil" hacia los eurodiputados.
Para el Supremo, "aparece indiciariamente justificado que a través de los mencionados canales, y para llevar a término su inicial propósito", 'Alvise' "pudo haber facilitado y hecho público aspectos personales e identificativos concernientes a dichas personas".
Y todo ello, subraya el TS, "sin que cesara en su actitud después de que muchos de sus seguidores hubieran reflejado explícitamente la intención de alterar el normal desarrollo de vida de los querellados, reiterando sus llamamientos a que resultaran hostigados como reacción a su posición política".
El Supremo aprecia "una intención voluntaria y consciente de comprometer, de manera significativa, el normal desarrollo de la vida cotidiana de sus víctimas, a partir de la persecución que pudieran desplegar las numerosas personas que llegaran a sentirse concernidas por su llamamiento público".
"Perseguidles y pedirles explicaciones. Y si tenéis que gritarle en un bar que eres un criminal, que eres un corrupto y que has votado a favor del rearme, tenéis que hacerlo vosotros, porque no lo puedo hacer yo, lo tiene que hacer la gente que nos ha votado", dijo 'Alvise' el pasado 20 de abril en el podcast 'Eclécticos Worldwide'.
