Comptos avala la legalidad de cinco contratos vinculados a Acciona y Servinabar

El estudio de Comptos se originó a raíz de la investigación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sobre el denominado caso Koldo-Ábalos, en el que se mencionaba a la empresa Acciona en relación con una UTE integrada junto a Servinabar y la presunta participación en esta empresa del exdirigente socialista navarro Santos Cerdán, si bien la UCO no mencionaba expresamente obras en la Comunidad foral. Ante esas referencias, el Parlamento solicitó al órgano fiscalizador un análisis específico de cinco contratos públicos vinculados a Acciona. En este trabajo no se incluyen las obras de los túneles de Belate, porque ya habían sido analizadas previamente por Comptos.

Los contratos analizados

Los cuatro contratos de la UTE Acciona-Servinabar corresponden a la adecuación del Pabellón Navarra Arena, la reforma del antiguo Archivo General de Navarra y sus jardines de acceso, y dos promociones de vivienda protegida en Egüés y Erripagaña. Por su parte, la UTE Acciona-Alegure ejecutó las obras del colegio público de Arbizu.

En todos los casos, Comptos revisó tanto los procedimientos de licitación como la ejecución económica y técnica de las obras, así como las modificaciones contractuales aprobadas. El Gobierno de Navarra ya remitió a principios de mes al Parlamento y a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción alegaciones que refutaban los supuestos de nulidad señalados en torno a adjudicaciones de obra pública. Los informes de Cohesión Territorial, CPEN-Nasuvinsa y Educación negaron cualquier irregularidad grave, denunciaron la vulneración del derecho de audiencia por parte de la OANA y acreditaban que los procedimientos "se ajustaron a la legalidad, defendiendo así la transparencia y la limpieza de la gestión del Ejecutivo foral".

Pabellón Navarra Arena

El contrato del Pabellón Navarra Arena, licitado por el Instituto Navarro de Deporte y Juventud por 4,6 millones de euros, fue adjudicado a la UTE Acciona-Servinabar, única ofertante, con una rebaja del 0,2%. El presupuesto se incrementó posteriormente en 200.000 euros para atender requerimientos técnicos de las federaciones deportivas. Comptos considera “razonables” los informes que justifican esta modificación y valora que el trámite se realizó correctamente.

El INDJ impuso una penalización de 78.000 euros por retrasos en la ejecución.

Reforma del Archivo General de Navarra

Las obras de rehabilitación del antiguo Archivo General de Navarra, licitadas por 2,9 millones, fueron adjudicadas a Acciona-Servinabar por 2,4 millones tras concurrir cuatro ofertas. La UTE solicitó ampliar plazos por imprevistos, petición denegada parcialmente por el Gobierno. El coste final ascendió a 2,9 millones y la Cámara califica los ajustes económicos de “razonables”.

Colegio de Arbizu

El contrato para la construcción del colegio público de Arbizu, licitado por 3,5 millones, fue adjudicado a la UTE Acciona-Alegure por 3,2 millones. La obra sufrió retrasos superiores a dos meses, motivo por el cual Educación impuso una penalización de 18.000 euros. El coste final se situó en 3,3 millones. Comptos valida tanto la modificación del contrato como la tramitación de los sobrecostes.

62 viviendas de Erripagaña (Egüés)

El caso más problemático es el de la promoción de 62 VPO en Erripagaña (Egüés), licitada por Nasuvinsa en 2018. Aunque la adjudicación recayó en Acciona-Servinabar por 6,8 millones, el informe señala que no consta acta alguna de la mesa de contratación, ni documentación firmada que respalde las valoraciones técnicas y económicas. “Solo hemos tenido acceso a determinada documentación intercambiada entre personas, con propuestas de valoraciones técnicas y económicas, sin fecha ni firma”. Además, dos de las tres ofertas —incluida la adjudicataria— incluyeron información no permitida en los criterios cualitativos, lo que supone una causa de exclusión.

Pese a estas deficiencias, Comptos considera justificadas las modificaciones técnicas que elevaron el coste en 900.000 euros. El retraso de dos meses y medio no fue penalizado por coincidir con la pandemia de la Covid-19.

Josemari Aierdi y Alberto Bayona, los dos últimos gerentes de Nasuvinsa, comparecieron juntos el pasado 15 de septiembre para puntualizar, casi conclusión por conclusión, el informe de 50 páginas que había elaborado la Oficina Anticorrupción contra dicho expediente de 62 pisos en Erripagaña, en el ojo del huracán desde que el informe de la UCO dio con los huesos del socialista Santos Cerdán en la cárcel.

Aierdi sostuvo que "se achacan incumplimientos en determinados aspectos de la licitación de Nasuvinsa y emiten juicios de valor formulados de manera categórica que suponen más una interpretación parcial y particular de las actuaciones". Aierdi aseguró que no hubo "trato de favor" a ninguna de las partes ni a ninguna empresa. El informe lo que decía es que Nasuvinsa "ignoró todos los principios de la contratación pública y los más elementales principios del derecho administrativo" y que se "incumplió de plano" la ley foral de Contratos Públicos, y el pliego de condiciones reguladoras de esta contratación. El informe también reprochaba la ausencia de determinados representantes en la mesa de contratación.

Bayona explicó que, a juicio de los servicios jurídicos de Nasuvinsa, no era de aplicación "al no exceder el presupuesto de esta obra los 10 millones de euros". También generó cierta polémica la referencia a que hubiese sido preciso excluir del proceso a la UTE que ganó el concurso, algo que Bayona explicó que no fue así porque en los sobres no existía información coincidente y por tanto no existía conflicto.

El informe de la Oficina apuntaba asimismo a la ausencia de determinada documentación, tal como expone Comptos. Es cierto, reconoció Aierdi, que faltan unas actas. "Con respecto a las actas de las distintas fases, entendemos que existen pero no se han encontrado", dijo. Contextualizó que este ha sido un "proceso previo" a la implantación de una herramienta más moderna, que aquellos expedientes fueron en papel y que si no existen recursos, como fue el caso, es posible que no se guarde la información pasados más de 7 años. 

46 viviendas e Erripagaña (Pamplona)

En enero de 2023 Nasuvinsa adjudicó a la UTE Acciona-Servinabar la construcción de 46 VPO en Erripagaña, término de Pamplona. A la licitación se presentaron tres ofertas. El importe de licitación se fijó en 8,4 millones y se adjudicó en 7,8 millones. El precio final fue de 8,3 millones. Consta un informe técnico que justifica aumentar en 530.000 euros el contrato.

La UTE está pendiente de justificar la contratación de dos personas de acuerdo a criterios sociales establecidos en el pliego. Además, Nasuvinsa está analizando si el retraso en la ejecución de la obra está justificado. Por estos dos motivos, la UTE podría tener que hacer frente a penalizaciones.

Cambios en las participaciones empresariales

Comptos ha detectado variaciones en la composición de las UTEs. En el caso del colegio de Arbizu, Acciona pasó de tener un 75% de participación inicial a un 99,99%, mientras que Alegure quedó con un 0,01%.

En la promoción de 62 VPO en Egüés, Acciona aumentó su participación del 80% al 99,99% en febrero de 2019.

El informe también destaca que, aunque las declaraciones del impuesto de sociedades de Servinabar reflejan su participación en las UTEs, las cuentas depositadas en el Registro Mercantil no incluyen los ingresos y gastos derivados de dichas obras.

Recomendaciones

La Cámara de Comptos formula dos recomendaciones:

• Definir mejor los criterios de adjudicación y puntuación en los pliegos de contratación pública.
• Modificar la Ley Foral de Contratos Públicos para regular de manera más completa las uniones temporales de empresas, incluyendo los efectos de las modificaciones en su composición. LEA AQUÍ EL INFORME COMPLETO DE COMPTOS