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El Observatorio de Derechos Humanos pide la reparación para Aquiles Cuadra de Miguel, exalcalde de Tudela

Dirige esta iniciativa al Gobierno de España y pide el apoyo a los Ayuntamientos de Tudela y Pamplona, donde fue fusilado por el franquismo

El Observatorio de Derechos Humanos pide la reparación para Aquiles Cuadra de Miguel, exalcalde de Tudela

Coincidiendo el próximo domingo con el 86º aniversario de su fusilamiento por el franquismo el 19 de octubre de 1939, el Observatorio de Derechos Humanos -GEBehatokia- ha solicitado al Gobierno de España que declare que el Consejo de Guerra que juzgó a Aquiles Cuadra De Miguel, exalcalde de Tudela, ilegal e ilegítimo, declare la nulidad de la sentencia que lo condenó a muerte durante la dictadura franquista y emita declaración de reconocimiento y reparación personal.

La iniciativa, que cuenta con el acuerdo de la familia, pretende la necesaria reparación de Aquiles Cuadra De Miguel y la recuperación de su dignidad, y se inspira en la declaración similar que el Gobierno español realizó en enero pasado a Alfredo Espinosa Orive, consejero de Salud del primer Gobierno Vasco, fusilado también por el franquismo.

La solicitud se apoya en la Ley 20/2022 de Memoria Democrática. En Navarra, recuerda el Observatorio, existe ya una solicitud colectiva en curso a este mismo marco de reconocimiento institucional, puesta en marcha por San Fermines 78 Gogoan en colaboración con Martxoak 3 elkartea, con un total de 40 casos presentados.

UN ALCALDE COMPROMETIDO CON LOS PROBLEMAS AGRARIOS

La iniciativa adjunta un informe elaborado por el historiador Emilio Majuelo con la historia relativa a este político republicano, que fue director del periódico “Hoy”.

Según explica Majuelo, Aquiles Cuadra de Miguel fue miembro de la candidatura republicano-socialista que ganó las elecciones municipales del 12 de abril de 1931, siendo el candidato que aglutinó el mayor número de votos.

El día 14 de abril quedó proclamada la República en Tudela, tras un discurso pronunciado por Aquiles Cuadra desde el balcón de la Nueva Peña ante un gentío que ocupaba la Plaza de los Fueros.

Siendo elegido concejal de Tudela en las elecciones del 12 de abril de 1931, el 17 de febrero de 1932 fue nombrado alcalde de la ciudad, hasta su dimisión el 15 de junio de 1934.

Estuvo comprometido con la resolución de los problemas agrarios en Navarra, particularmente el relacionado con el rescate de los bienes comunales y corralizas, mediante la aplicación de la ley de reforma agraria de septiembre de 1932. Bajo su presidencia, Tudela fue el primer ayuntamiento en reivindicar en 1932 la recuperación de los bienes comunales y corralizas privatizados décadas atrás.

Tras el golpe de Estado del 18 de julio de 1936 y tras estar escondido en casa de un correligionario, consiguió salir de Tudela. Ocho concejales republicanos y dos alcaldes de Tudela fueron asesinados en las semanas siguientes.

Aquiles Cuadra pudo dirigirse hacia Alfaro y posteriormente a Miranda de Ebro, Vitoria, León hasta que en Sevilla resultó detenido en diciembre de 1936 y trasladado a Pamplona.

El consejo de guerra se celebró el 10 de noviembre de 1937 y la sentencia fue de pena de muerte, “reservando al Estado la acción civil para exigir al condenado indemnización por los daños y perjuicios ocasionados por la rebelión”.

El 19 de octubre de 1939, Aquiles fue abatido por un pelotón militar de fusilamiento en Pamplona.

Represión y expolio a la familia

Su asesinato, explica Emilio Majuelo, no sació las ansias de venganza del franquismo.

Se le impuso una multa de 100.000 pesetas por su actuación política durante el período democrático republicano.

El castigo a la familia Cuadra fue notable. Su madre Dominica De Miguel fue detenida junto a su marido Ruperto Cuadra y su hija Adoración y recluidas en la cárcel de Vitoria.

Las sanciones que sufrió su padre Ruperto se debieron a la aplicación de la Ley de Responsabilidades Políticas de febrero de 1939. Ruperto Cuadra fue inhabilitado de forma absoluta para ejercer la profesión de abogado, sufrió destierro de Tudela durante doce años, siendo confinado en San Sebastián hasta 1951. Además, tuvo que hacer frente a una multa de 100.000 pesetas, de las que pagó 90.000, cantidad a la que hay que sumar el valor de la incautación de algunos de sus bienes, entre ellos, dos coches, el de buena parte de sus paquetes de participaciones en Bolsa y la de su vivienda de Oteiza de la Solana, propiedad de su esposa Dominica. El monto total de todo ello rondó en torno a las 400.000 pesetas, una verdadera fortuna en aquellos tiempos.