El Gobierno de Navarra ha acordado, en su sesión de hoy, tomar en consideración un anteproyecto de Ley Foral enfocado a implantar un Impuesto Complementario para garantizar un nivel mínimo global de imposición para los grupos multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud, que son los que tienen una cifra de negocio consolidado igual o superior a 750 millones de euros. El anteproyecto deberá recibir ahora el preceptivo dictamen del Consejo de Navarra, antes de ser sometido a deliberación del Parlamento de Navarra para su aprobación definitiva. 

Esta norma foral tiene como objetivo trasponer en Navarra la Directiva (UE) 2022/2523 del Consejo, de 15 de diciembre de 2022, relativa a la garantía de un nivel mínimo global de imposición para los grupos de empresas multinacionales y los grupos nacionales de gran magnitud en la Unión, estableciendo, asimismo, las condiciones en las que el Impuesto Complementario tendrá carácter de impuesto concertado de normativa foral en virtud de lo dispuesto en el artículo 27 bis de la Ley 4/2025, de 24 de julio, por la que se modifica la Ley 28/1990, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el Convenio Económico entre el Estado y la Comunidad Foral.

La finalidad del impuesto es conseguir una fiscalidad más justa y alineada con la política tributaria internacional, mediante el establecimiento de un gravamen adicional aplicable con relación a las rentas obtenidas por las entidades que formen parte de un grupo internacional o nacional de gran magnitud y que no hayan soportado un gravamen mínimo del 15%, hasta cubrir dicho porcentaje.

Así, el tributo se aplica a las entidades radicadas en territorio español que sean miembros de grupos de empresas multinacionales o de grupos nacionales de gran magnitud cuyo importe neto de la cifra de negocios consolidado sea, al menos, de 750 millones de euros en, al menos, dos de los cuatro períodos impositivos inmediatamente anteriores al inicio del periodo impositivo.

Quedan excluidas del gravamen varios tipos de entidades, como los entes públicos, las organizaciones sin ánimo de lucro o los fondos de pensiones, entre otras.