La entrada en el euro, en 1999, culminó la integración económica de España en el corazón de la Unión Europea. Durante años, el crecimiento fue espectacular, y el país se convirtió en una referencia de estabilidad democrática en el sur de Europa.
Sin embargo, los primeros años del siglo XXI trajeron nuevos desafíos: la crisis económica de 2008, el desempleo masivo, el malestar social y el auge de los movimientos populistas pusieron a prueba la solidez del sistema político. A ello se sumaron las tensiones territoriales, especialmente el conflicto catalán, y un debate cada vez más intenso sobre la memoria histórica y la revisión del pasado franquista.
La aprobación de la Ley de Memoria Histórica (2007) y, más recientemente, la Ley de Memoria Democrática (2022) reflejan la voluntad institucional de reconocer a las víctimas de la dictadura y promover una reflexión crítica sobre aquel periodo.
La primera fue aprobada durante el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y supuso el primer reconocimiento oficial a quienes sufrieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura. La norma declaró ilegítimos los juicios y condenas dictados por motivos políticos, ideológicos o de creencia, y estableció medidas para la retirada de símbolos franquistas en espacios públicos.
Además, se promovió la ayuda pública para la localización y exhumación de fosas comunes, aunque el peso de estas tareas recayó principalmente en asociaciones de memoria y familiares de las víctimas. La ley, pionera en su momento, fue criticada por sectores que la consideraban insuficiente, especialmente por dejar en manos de los ciudadanos gran parte del proceso de reparación, mientras que el Partido Popular se mostró en contra.
EL APUNTE
El legado y la enseñanza. El 50º aniversario de la muerte de Franco no es solo una efeméride, sino una oportunidad para reflexionar sobre el camino recorrido. En medio siglo, España ha pasado de ser una dictadura nacional-católica a una democracia plural y laica; de la censura a la libertad de prensa; de la autarquía al mercado único; del aislamiento internacional a un papel destacado en la UE, la OTAN y las instituciones globales. Un salto histórico no exento de contradicciones.
Ley de Memoria Democrática
Quince años después, el Gobierno de coalición encabezado por Pedro Sánchez impulsó una actualización con la Ley 20/2022, de Memoria Democrática, que amplía los derechos reconocidos en 2007. Esta nueva norma asume directamente la responsabilidad del Estado en las exhumaciones y crea una Fiscalía de Sala de Derechos Humanos y Memoria Democrática para investigar violaciones de derechos durante la dictadura.
Entre sus principales novedades destacan la declaración de nulidad de todos los juicios franquistas, la inclusión de la memoria democrática en los currículos educativos, la creación de un censo nacional de víctimas y el reconocimiento de las mujeres y colectivos perseguidos por razones de género o ideología.
La ley también impulsa la resignificación de lugares vinculados al franquismo, como el Valle de Cuelgamuros, que pasa a ser un espacio de memoria en homenaje a todas las víctimas, y que provocó que los restos mortales de Francisco Franco y José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange, fueran exhumados en abril de 2023. Los restos de Franco se encuentran en el cementerio de El Pardo-Mingorrubio en Madrid, mientras que los de José Antonio Primo de Rivera fueron trasladados al cementerio de San Isidro, también en Madrid. Cincuenta años después, España continúa dialogando con su pasado, no para reabrir heridas, sino para construir una memoria democrática inclusiva.
