El PSOE lidia con el desgaste político tras la entrada en prisión de Ábalos y Koldo García

Tras conocerse el auto judicial de ingreso en prisión de Koldo García y el exministro Ábalos, fuentes del PSOE se limitaron a comentar: “Ya veníamos llorados”. Desde Ferraz mostraron su respeto a la decisión del juez, asegurando que era un paso posible dentro del proceso judicial e hicieron hincapié en que todavía “no es una condena en firme”. Sin embargo, insisten en que el PSOE tomó medidas contra los indicios de corrupción “desde el primer minuto”. No obstante, reconocen que venían preparándose para esta decisión del juez del Tribunal Supremo y consideran que el impacto que pueda tener para los socialistas el ingreso de Ábalos en la cárcel venía ya "amortiguado" por la entrada en Soto del Real del también exsecretario de Organización Santos Cerdán.

La decisión del juez del Tribunal Supremo ha coincidido con el momento en que el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, estaba interviniendo en el acto y declinó hacer manifestaciones al igual que los miembros de su Ejecutivo. 

No obstante, queda claro que la entrada en prisión Ábalos ha sacudido con fuerza al PSOE. Muchos dentro del partido admiten que la imagen de quien fue uno de los hombres más influyentes del sanchismo cruzando la puerta de la cárcel ha supuesto un golpe para el prestigio de la organización. Y ese impacto, reconocen, ha debilitado la idea —expandida en algunos territorios— de que la crisis ya estaba superada.

Desde la dirección federal insisten en que el PSOE reaccionó “con tolerancia cero y total transparencia desde el primer minuto”, expulsando a todos los implicados. En el partido no se contempla que Pedro Sánchez vaya a adelantar elecciones, al menos antes de las andaluzas de junio. La mayoría sigue apostando por agotar la legislatura, aunque el malestar por el deterioro de la imagen del partido es evidente.

El entorno del presidente asegura que Sánchez está tranquilo: considera que ya tomó todas las decisiones necesarias y no teme las acusaciones de Ábalos, que ha empezado a apuntar a la familia del presidente insinuando un supuesto papel de Begoña Gómez en el rescate de Air Europa. Desde el Gobierno replican que esas afirmaciones son falsas y fruto de la desesperación del exministro, quien, sostienen, no tiene nada que pueda comprometer al presidente ni al partido.

En privado, algunos dirigentes territoriales reconocen que la situación les preocupa profundamente. Recuerdan que Ábalos ocupaba un puesto clave —la Secretaría de Organización— y que el goteo de informaciones perjudica al partido en un año preelectoral. “Damos una imagen pésima. No eran figuras menores”, lamenta uno de ellos.

Desde el Partido Popular, su líder Alberto Núñez Feijóo, afirmó que el PP no puede permanecer “impasible” ante lo que está ocurriendo y anunció una concentración este domingo junto al Templo de Debod en Madrid tras el ingreso en prisión de Ábalos. En una rueda de prensa en la sede del PP, Feijóo ha asegurado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, debería “convocar elecciones” y ha llamado a los aliados del PSOE a desmarcarse. “Si los socios de Sánchez quieren seguir siendo cómplices, allá ellos. Lo pagará. Ya lo están haciendo peor la mayoría de los españoles no podemos callar ni permanecer anestesiados”, manifestó.

A la cárcel

Madrid amaneció gris pero el color del cielo poco importaba en el Tribunal Supremo. A primera hora, la expectación ya se respiraba en el antiguo palacio: cámaras apostadas, corrillos de periodistas y un murmullo que anunciaba que algo inusual estaba a punto de ocurrir. Y ocurrió. Por primera vez en la historia democrática, un diputado en ejercicio es un interno en la prisión de Soto del Real desde las 18.09 horas.

A las 9:12, José Luis Ábalos apareció solo, mochila de cuero en la mano y la mirada baja. Apenas dedicó un gesto a la prensa. Caminó con paso rápido, casi mecánico, hacia el interior del edificio. Dentro le esperaban una vistilla crucial y un futuro judicial que, a cada minuto, parecía estrecharse.

Quienes estuvieron cerca aseguran que estaba “destrozado”. Durante las horas de espera, el exministro –que hace apenas unos años ejercía poder central en el PSOE– fumó en los patios del Supremo, nervioso, midiendo silencios y evitando cámaras. Al final de la sesión, tomó la palabra ante el juez Leopoldo Puente para lanzar su última defensa personal: “No me voy a fugar. No tengo dinero ni a dónde ir”.

Su abogado insistió en lo mismo, subrayando su condición de diputado y el impacto político que tendría su encarcelamiento previo al juicio. Sin embargo, nada de eso bastó ante el juez Puente.

Un riesgo de fuga “extremo” 

El instructor del caso Koldo, Leopoldo Puente, atendió la petición de la Fiscalía Anticorrupción y de las acusaciones populares ejercidas por el PP. El fiscal Alejandro Luzón fue especialmente contundente: recordó que, según su tesis, fue precisamente la pertenencia de Ábalos al Gobierno lo que permitió la comisión de los delitos investigados. “Ningún poder del Estado tiene derecho a sustraerse de la acción penal”, dijo.

A juicio del magistrado, la proximidad del juicio –con posibles penas de hasta 30 años– convierte el riesgo de fuga en “extremo”, muy por encima de lo que pueden contener medidas como la retirada de pasaporte o las comparecencias periódicas. Koldo García, por su parte, llegó puntual a su cita con Leopoldo Puente, con vaqueros, deportivas sin cordones y una mochila enorme consciente de que esta vez a diferencia del mes pasado iba a entrar en prisión. Llegó acompañado de su abogada. Dentro de la vistilla defendió su arraigo familiar: una madre mayor, una hija pequeña. “No me voy a ir a ningún sitio”, dijo.

Unas palabras finales: “Todos tenemos derecho a aprender poco a poco”, fueron interpretadas por algunos presentes como una insinuación de arrepentimiento o reconocimiento de errores pasados. Tampoco fue suficiente.

¿Cambiar las mayorías?

El auto judicial activó otro mecanismo institucional: el Congreso de los Diputados. La presidenta, Francina Armengol, remitió un oficio al Supremo solicitando certificación formal del encarcelamiento de Ábalos para iniciar su suspensión automática de derechos parlamentarios, tal como marca el artículo 21.2 del Reglamento.

La suspensión implica la pérdida inmediata del sueldo, del voto –incluso telemático– y de la participación en la actividad parlamentaria. No acarrea, sin embargo, la pérdida del escaño.

Y aunque la Cámara quedará con 349 diputados operativos, la aritmética parlamentaria en principio no deben variar. Aun así, en los pasillos ya se escuchan rumores sobre si será necesario revisar las mayorías requeridas en próximas votaciones.

Otra cuestión es si como sostuvo en la vistilla que se decidió el ingreso en prisión del exsecretario de Organización del PSOE, el abogado de Ábalos supone la vulneración del derecho a la representación política de los ciudadanos de Valencia dada su condición de diputado en el Congreso elegido por esa circunscripción.

En este sentido, en su auto de ingreso en prisión, el juez del Supremo le responde que es “evidente” que la decisión ni cercena ni menoscaba ese derecho, salvo que se considerase que “cualquier medida provisionalmente restrictiva de la libertad ambulatoria, en cualesquiera circunstancias, resultaría inconciliable con el mencionado derecho fundamental”.

Además, el magistrado recuerda que no le compete a él, sino al Congreso de los Diputados, en aplicación del Reglamento, decidir sobre los efectos que pueda tener la prisión provisional de Ábalos sobre su actividad parlamentaria.

Los hechos que se juzgarán se remontan a los meses más duros de la pandemia, cuando se habrían adjudicado contratos millonarios de material sanitario a la empresa Soluciones de Gestión a cambio de comisiones ilegales. La Fiscalía solicita 24 años de prisión para Ábalos y 19 años y medio para Koldo García, mientras que las acusaciones populares elevan las peticiones a 30 años, sumando delitos como prevaricación y falsedad documental.

En el caso del empresario Víctor de Aldama –cuya confesión destapó parte de la trama– la petición es sensiblemente menor: 7 años de prisión.