A los presuntos casos de corrupción alrededor del PSOE que vienen marcando la agenda política navarra desde antes del verano se han sumado ahora las denuncias de acoso sexual que cercan aún más al partido de Gobierno. Tras la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces, la derecha ha redoblado la presión reclamando contundencia inmediata, asunción de responsabilidades políticas y un adelanto electoral, mientras que la mayoría progresista ha defendido la presunción de inocencia, la transparencia y la continuidad del Ejecutivo, sin renunciar a la depuración de responsabilidades si las investigaciones confirman irregularidades.
El portavoz de UPN, Javier Esparza, ha elevado el tono al advertir de lo que ha definido como un “PSOE en descomposición” y ha reclamado “contundencia” a los socios del Gobierno foral. A su juicio, limitarse al cese del director general de Obras Públicas por el sobrecoste de las obras de Belate es “una broma de mal gusto” y evidencia que “los intereses políticos de los socios están por encima de la decencia y la honradez”. Esparza ha acusado a los partidos que sostienen al Ejecutivo de estar siendo “cómplices de una trama corrupta cuyo origen está en Navarra” y ha asegurado que la presidenta María Chivite “está salpicada” y “quiso taparlo todo”.
En una línea similar, el portavoz del PP de Navarra, Javier García, ha hablado de una “grave crisis de corrupción que afecta al conjunto del Partido Socialista” y ha extendido esa responsabilidad a los socios del Gobierno, a los que ha reprochado mantenerse en el Ejecutivo. García ha reclamado de forma reiterada la convocatoria de elecciones en Navarra como única salida y ha descartado una moción de censura al considerarla “perder el tiempo” y “generar una falsa esperanza”. También ha sido especialmente crítico con la respuesta ante las denuncias de acoso sexual, afirmando que la situación es “vergonzosa y lamentable”.
Más contundente aún se ha mostrado Vox. Su portavoz, Emilio Jiménez, ha denunciado la existencia de un “entramado” en el que, según ha dicho, “el que no está robando está ocupado acosando” y ha acusado directamente a los socialistas de no estar “para gobernar, sino para robar”.
"Si alguien ha hecho algo, que lo pague"
Más allá de los discursos crispados ya habituales, la mayoría parlamentaria progresista ha defendido una respuesta basada en la transparencia, la depuración de responsabilidades y el respeto a los procesos judiciales. La portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, ha subrayado que los socialistas han criticado la corrupción “desde el minuto número uno” y que el partido “puso pie en pared” en cuanto se conocieron los hechos. Ha recalcado que se trata de cuestiones “todavía por demostrar” y ha insistido en que, si alguien ha cometido irregularidades, “tendrá que pagarlo”, pero ha remarcado que el partido no puede hacerse cargo “de algo que han hecho una serie de personas”. Unzu ha mostrado además su “repugnancia y dolor inmenso” por las denuncias de acoso sexual y ha reivindicado la trayectoria del PSOE en materia de igualdad.
Desde EH Bildu, Laura Aznal ha afirmado que su formación no tolera “ningún atisbo de corrupción” y que está trabajando para conocer los hechos “de manera rigurosa” y garantizar la “total transparencia”, con el compromiso de exigir responsabilidades si las hubiera. Al mismo tiempo, ha advertido de que la derecha mantiene una estrategia para “acabar con este Gobierno como sea” y ha defendido la necesidad de mantener unidas las mayorías progresistas para frenar a la derecha y la ultraderecha y seguir avanzando en políticas sociales.
El portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, ha reconocido la “preocupación” que generan las investigaciones policiales y judiciales, pero ha reiterado la posición de su partido de “tolerancia cero ante la corrupción” y la exigencia de responsabilidades políticas o judiciales cuando proceda. Ha recordado que ya fueron claros en el caso del modificado de Belate, reclamando responsabilidades por una mala gestión, y ha señalado que la presidenta Chivite tendrá ocasión de explicarlo en sede parlamentaria. Respecto al resto de investigaciones, ha pedido rigor y esperar a que se confirmen o no los hechos.
En el mismo sentido se ha expresado el portavoz de Contigo-Zurekin, Carlos Guzmán, quien ha admitido que la situación se vive con “preocupación”, pero dentro de un “marco de normalidad política” en un Gobierno de coalición. Guzmán ha defendido que su espacio político ha sido “superexigente” en materia de transparencia, recordando que impulsó la comisión de investigación y la depuración de responsabilidades en Obras Públicas. A su juicio, el cese del director general lanza un “mensaje positivo a la ciudadanía”, al evidenciar que los controles han funcionado y que no se asumieron los sobrecostes gracias al reparo suspensivo.
