El Gobierno de Navarra ha defendido este miércoles la actuación de la Guardia Civil tras la interposición de siete denuncias por la celebración de conciertos en el gaztetxe de Altsasu, ubicado en un edificio de propiedad municipal. Las denuncias han dado lugar a la apertura de un procedimiento sancionador contra el Ayuntamiento, con multas que ascienden a 42.000 euros, 6.000 por cada evento.
En la rueda de prensa posterior a la sesión de Gobierno, el vicepresidente primero y portavoz del Ejecutivo foral, Javier Remírez, ha asegurado que está “convencido de que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado actúan con arreglo al cumplimiento estricto de la norma y con criterios de proporcionalidad”. No obstante, ha recordado que cualquier persona o institución afectada puede recurrir por la vía legal si considera que se han vulnerado sus derechos.
Así se ha pronunciado Remírez tras ser preguntado por este periódico por el expediente sancionador que ha iniciado la Dirección General de Interior del Gobierno de Navarra contra el Consistorio altsasuarra, basándose en las denuncias presentadas por la Guardia Civil por conciertos celebrados en el gaztetxe entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. El portavoz, sin embargo, no ha valorado las motivaciones políticas del Instituto Armado al sancionar al Ayuntamiento.
El Ayuntamiento denuncia “presiones”
El alcalde de Altsasu, Javier Ollo (Geroa Bai), criticó la semana pasada abiertamente la actuación del Instituto Armado, asegurando que responde a una estrategia de presión para forzar la regularización o incluso el desalojo del gaztetxe, un espacio autogestionado que funciona desde hace 35 años. Ollo subrayó que el edificio, ocupado en 1990, es propiedad del Ayuntamiento, pero que la gestión del gaztetxe ha recaído históricamente en colectivos juveniles.
“Ante la ausencia de una persona o entidad formalmente responsable del uso del edificio, Guardia Civil ha optado por lo más sencillo: acudir a las redes sociales para identificar eventos y dirigir las sanciones contra el Ayuntamiento”, explicó el alcalde, quien consideró que esta actuación se aleja de los principios de “cooperación” y “lealtad institucional”.
El Ayuntamiento ha presentado alegaciones al procedimiento sancionador y cuestiona la “improcedencia” de abrirlo después de más de tres décadas de uso ininterrumpido del gaztetxe. Además, Ollo defendió que la potestad sancionadora “debe ser el último recurso” y fue tajante al afirmar que no desalojará el gaztetxe, al que considera “un agente social y cultural más del pueblo”.
Preguntado por las declaraciones del alcalde sobre las presiones policiales, el portavoz del Gobierno de Navarra ha señalado que respeta “como no puede ser de otra manera” la opinión de cualquier cargo público o ciudadano, aunque ha insistido en que los cuerpos policiales “actúan conforme a la legalidad y a criterios de proporcionalidad”. Remírez ha reiterado que existen mecanismos legales para impugnar las actuaciones administrativas o policiales si se consideran injustas.
El gaztetxe denuncia una “ofensiva”
Desde el gaztetxe de Altsasu, la imposición de sanciones al Ayuntamiento es interpretada como un nuevo episodio de una ofensiva prolongada contra el espacio autogestionado y, por extensión, contra el modelo de organización juvenil y popular que representa. En un comunicado difundido el pasado domingo, el colectivo considera que las multas no responden a una preocupación real por la legalidad de los conciertos, sino a una estrategia de desgaste que busca asfixiar el proyecto utilizando al Consistorio como intermediario.
El gaztetxe recuerda que no es la primera vez que se enfrenta a intentos de desalojo o intervención policial. Ya en 2010, tras un incendio en la chimenea del edificio, denuncian que la Guardia Civil trató de forzar el cierre del espacio y llegó a advertir directamente de un posible desalojo. “Ahora utilizan la vía económica y administrativa para atacar lo que no han conseguido cerrar por la fuerza”, sostienen.
En el comunicado, el gaztetxe insiste en que el verdadero conflicto no gira en torno a los conciertos ni al cumplimiento de la normativa, sino a la función crítica y comunitaria que desempeñan estos espacios fuera de la lógica institucional y mercantil, bajo la que han convertido el espacio en un "referente social, cultural y político". "El gaztetxe y la asamblea son herramientas para responder a las inquietudes políticas, sociales y culturales de la juventud trabajadora”, señalan, defendiendo la ocupación como una elección consciente frente a la “lógica capitalista” y como una forma de garantizar el control colectivo del espacio.
Además, el colectivo sitúa el caso de Altsasu en un contexto más amplio, señalando que no se trata de un episodio aislado, sino de parte de una dinámica general de presión contra los gaztetxes en Euskal Herria. En el último año, recuerdan, espacios como los de Irun o Bilbao (Etxarri II) han sido desalojados, mientras otros se encuentran inmersos en procesos judiciales. A su juicio, estos hechos evidencian una ofensiva contra la autoorganización juvenil y popular. Lejos de anunciar un repliegue, el gaztetxe reafirma su compromiso con el proyecto iniciado hace tres décadas y media. “Como hace 35 años, hoy nos reafirmamos en la ocupación”, concluyen.
