Cerdán denuncia una “condena sin pruebas” y exige al Supremo el informe clave sobre su patrimonio

El ex secretario de Organización del PSOE y exdirigente navarro del partido Santos Cerdán ha enviado un escrito al Tribunal Supremo para denunciar que está siendo “condenado” en la opinión pública sin que se hayan aportado todavía las pruebas esenciales que sustenten las acusaciones en su contra. En un texto remitido al magistrado instructor, su defensa reclama de forma urgente que la Guardia Civil presente el informe sobre su situación patrimonial, solicitado hace ya siete meses y aún pendiente, al considerar que su ausencia está degradando gravemente su derecho fundamental a la presunción de inocencia.

El documento, firmado por su procuradora Silvia González Milara, se apoya en la Directiva europea 2016/343, que refuerza las garantías de los investigados en el proceso penal, y dibuja un escenario que la defensa califica de “procesalmente perverso”: imputaciones reiteradas, autos judiciales muy contundentes y amplia difusión mediática de supuestos hechos delictivos, pero sin que se haya aportado el informe que debería acreditar la existencia de comisiones, “mordidas” o beneficios económicos atribuidos a Cerdán.

Un informe que no llega

Según detalla el escrito, la investigación se activó en febrero de 2025, cuando el instructor reclamó a la UCO un informe sobre las comunicaciones entre Víctor de Aldama y, entre otros, Santos Cerdán. En junio llegó el atestado policial sobre presuntas irregularidades en contratación pública, que ya imputaba directamente al dirigente navarro. Días después, el juez autorizó la investigación patrimonial y ordenó su remisión por informe, un documento que, casi un año después del inicio de las pesquisas, sigue sin incorporarse a la causa.

Entre tanto, recuerda la defensa, se dictó el auto de prisión de Cerdán —ratificado posteriormente por la Sala de Apelación— en el que se afirmaba que podría haber percibido al menos 4,5 millones de euros y que actuaba como receptor de comisiones en una supuesta trama vinculada a la empresa Servinabar 2000. A juicio de sus abogados, esas afirmaciones no pueden quedar “en el aire” sin una verificación patrimonial que las confirme o descarte.

Impacto en Navarra y en la opinión pública

El escrito subraya además el fuerte impacto público de la causa, especialmente en Navarra, donde Cerdán ha sido una figura política relevante. La defensa sostiene que las informaciones publicadas en medios no responden a filtraciones interesadas, sino a datos extraídos de atestados y resoluciones judiciales, lo que consolida una “verdad oficial” de corrupción sin que el investigado pueda contradecirla con pruebas completas.

En este sentido, niega que Cerdán sea propietario del 45% de Servinabar y rechaza que la empresa actúe como sociedad pantalla, defendiendo que tiene actividad real y trabajadores que realizaron labores efectivas, incluso documentadas gráficamente. También critica que no se haya tomado declaración a posibles testigos de esos trabajos mientras se desliza su carácter fraudulento sin base probatoria.

Petición expresa al instructor

Ante esta situación, la defensa considera que no basta con los mecanismos ordinarios de impulso procesal y solicita al magistrado instructor que adopte medidas concretas para proteger la presunción de inocencia de Cerdán, exigiendo a la Guardia Civil la inmediata aportación del informe patrimonial. Es, a su juicio, la única forma de frenar una situación que se prolonga en el tiempo y que está teniendo consecuencias personales, familiares y políticas para el dirigente navarro.

“El proceso debe esclarecer la realidad de lo investigado con escrupuloso respeto a los derechos fundamentales”, recuerda el escrito, citando una providencia del propio instructor. Con esa premisa, la defensa reclama ahora que la causa avance con todas las cartas sobre la mesa y que las acusaciones que pesan sobre Santos Cerdán se sostengan —o se desmoronen— sobre pruebas concretas y no sobre sospechas difundidas durante meses.

El exsecretario de Organización del PSOE está en libertad desde el pasado 19 de noviembre, después de pasar casi cinco meses en la prisión de Soto del Real, donde ingresó por los indicios de que podría haber cometido presuntos delitos de organización criminal, tráfico de influencias y cohecho y ante el riesgo que existía entonces, según el juez, de que destruyese pruebas.

El magistrado le puso en libertad al considerar que aquel riesgo quedaba "seriamente mitigado" tras los registros practicados a raíz del informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) sobre la relación entre Acciona y Servinabar, sociedad a la que se vincula con Santos Cerdán.