El exdirector de Obras Públicas defiende que “no ha habido corrupción en Belate” y carga contra el reparo de Intervención

El exdirector general de Obras Públicas del Gobierno de Navarra, Pedro López Vera, ha comparecido este miércoles ante la comisión de investigación del Parlamento foral para dar explicaciones sobre la adjudicación y el modificado de las obras de duplicación de los túneles de Belate, una intervención que ha aprovechado para hacer una defensa cerrada de su gestión, negar reiteradamente cualquier irregularidad o corrupción y criticar de forma explícita el reparo suspensivo de la Intervención General, que desembocó en su cese el pasado mes de diciembre. La sesión ha sido excesivamente larga, la más extensa hasta el momento: ha comenzado a las 10 de la mañana y se ha alargado –con recesos–hasta pasadas las 18.10 horas

López Vera, que asumió la Dirección General en 2019, durante el primer mandato de María Chivite, y se mantuvo en el cargo tras el relevo de consejero con Óscar Chivite al frente de Cohesión Territorial, ha insistido en que en lo que concierne a su actuación, a la de su equipo y a la del Departamento, “no ha habido corrupción” en el expediente de Belate. “Estoy convencido. Yo hablo de mi competencia”, ha reiterado, subrayando que, con la información disponible en cada momento, volvería a haber actuado “exactamente igual”.

Durante su comparecencia, el exalto cargo se ha mostrado “totalmente en contra” del reparo suspensivo de la Intervención General al sobrecoste de las obras, cifrado en 8,5 millones de euros, y ha defendido que su equipo hizo “todo el esfuerzo desde el día uno” por mantener informada a la Intervención, recordando que desde abril de 2024 se fiscalizaron y pagaron precios contradictorios sin objeciones hasta mayo de 2025, por lo que ha considerado incomprensible que el 26 de noviembre de 2025 se planteara “de repente” un reparo “de este calado”. “Si Intervención hubiese tenido cualquier sospecha o nos hubiera dado cualquier indicación de que no íbamos por el camino correcto, habríamos cambiado el paso”, ha asegurado, lamentando que desde agosto de 2025 no se les diera “ninguna pista” mientras se bloqueaban las certificaciones.

En relación con el propio modificado, López Vera ha retrocedido hasta un informe geológico de 2018 para contextualizar la complejidad técnica de la obra y ha subrayado que en el proyecto han intervenido hasta cuatro equipos distintos que, “con la misma información”, han mantenido criterios diferentes. “No es seguro”, ha resumido, para justificar que, en última instancia, la responsabilidad recaiga en la dirección de obra contratada. “El que de verdad se va a responsabilizar es la dirección facultativa que hemos contratado. Los anteriores tienen una responsabilidad limitada”, ha afirmado, defendiendo como “un acto de responsabilidad” la externalización de la dirección de obra, integrada por doce personas, frente a los veinte trabajadores del servicio de Proyectos y Obras del departamento.

Votos particulares en el proceso

El exdirector general también se ha detenido en el proceso de adjudicación, que ha reconocido como “no habitual” por la existencia de votos particulares en la mesa de contratación, especialmente en lo relativo a la solvencia técnica. A su juicio, esos votos “igual no procedían” y no debían haberse formulado si el certificado de solvencia era correcto. Ha asegurado que tuvo conocimiento de las discrepancias internas cuando el procedimiento estaba “muy avanzado” y que, de haber recibido del secretario de la mesa la indicación de acudir a la Junta de Contratación por la existencia de una infracción, lo habría hecho. “Si me hubiese dicho que tenía que ir, habría ido, yo he sido obediente”, ha afirmado, precisando que el consejo que recibió fue “asesórate”.

En cuanto a la composición y funcionamiento de la mesa, ha defendido que la forma de votación mediante el envío de puntuaciones por correo electrónico no supuso ningún cambio respecto a otros procedimientos y que “cada servicio tiene su forma de trabajar”. También ha negado cualquier influencia externa en las valoraciones técnicas y se ha mostrado “seguro” de que no hubo condicionamientos derivados de rumores sobre empresas, pese a admitir que esos rumores existían y que él mismo los conocía. López Vera ha rechazado de plano haber recibido instrucciones políticas para adjudicar la obra y ha defendido que todas las decisiones adoptadas fueron suyas. 

Sobre su propio cese, formalizado durante el puente foral de diciembre tras el reparo de Intervención, López Vera ha señalado que lo ha vivido “con naturalidad”, aunque ha reconocido que no tiene “tan claro” el motivo. Fue el consejero Óscar Chivite quien le comunicó la decisión, sin darle, según ha dicho, “muchas explicaciones”, más allá de lo que se publicó posteriormente. “En un cargo de estos te nombran y te cesan cuando procede”, ha concluido, insistiendo en que no le corresponde a él valorar si la decisión fue justa, pero reivindicando haber actuado “lo mejor posible” con los medios disponibles y con la necesidad de dar continuidad a una obra compleja y estratégica.

El enfado de Lecumberri (PSN) con Esparza (UPN)

La comparecencia de Pedro López Vera demostró, una vez más, que el portavoz parlamentario de UPN, Javier Esparza, prefiere invertir su tiempo en lanzar insinuaciones sin pruebas, antes que en avanzar con rigor en el esclarecimiento de los hechos objeto de la comisión.

 Esparza sugirió que a la presunta trama que investiga la Audiencia Nacional le “convenía” que López Vera fuera nombrado director general y le preguntó sobre la persona que propuso su nombre para ocupar el cargo, aunque no se salió del todo bien la jugada. “Yo pensé que me había recomendado para el puesto alguien de UPN, yo he trabajado muchos años para gobiernos de UPN y Bernardo Ciriza tenía muy buena relación con gente del partido. Yo, antes de llegar a la Dirección General, no conocía a ningún miembro del PSN”, respondió el compareciente.

Esparza elevó el tono para insistir de forma reiterada en conocer los nombres de las personas con las que López Vera se asesoró para decidir si el expediente debía remitirse a la Junta de Contratación, una cuestión que el exalto cargo evitó concretar con nombres y apellidos. La insistencia obligó a interrumpir la sesión para que la letrada del Parlamento precisara que el compareciente “tiene obligación de decir la verdad y si no dice un nombre no está contraviniendo esa obligación”. Esparza opinó que “está claro que usted quiere ocultarnos información y creo que eso no lo sitúa en ningún buen lugar”. 

Lejos de reconducir su intervención al contenido del expediente, Esparza trasladó el foco al enfrentamiento político, llegando a afirmar que “el señor Lecumberri -portavoz socialista- está diciéndole que no responda”, lo que provocó un cruce de reproches con el parlamentario de enfrente y una nueva llamada al orden de la presidenta de la comisión, Irati Jiménez (EH Bildu), para restablecer el normal desarrollo de la comparecencia.

Precisamtente, el turno de Javier Lecumberri (PSN) arrancó con una queja por las “insinuaciones infundadas” vertidas durante la intervención anterior y derivó en un nuevo intercambio de pareceres entre ambos portavoces que volvió a alejarse del objeto de la comisión. La presidenta tuvo que recordarles que “esto no es un diálogo entre ustedes”, sino un órgano parlamentario destinado a esclarecer hechos y responsabilidades en torno a las adjudicaciones públicas.