El blindaje del profesorado de Religión continúa generando fricciones entre los socios del Gobierno de Navarra

La derogación de la ley foral que blinda los contratos del profesorado de Religión ha vuelto a evidenciar durante el pleno del Parlamento de este jueves que las fricciones entre los socios que sustentan al Gobierno de Navarra siguen abiertas. El PSN ha llevado expresamente el asunto al pleno del Parlamento con una pregunta dirigida al consejero de Educación, Carlos Gimeno, y Geroa Bai no ha podido contenerse la lengua: ha aprovechado su turno posterior para responder directamente al titular del Departamento. 

Gimeno ha comenzado situando su posición política. “Como socialista, yo creo que la religión debe estar fuera de las escuelas”, ha afirmado, subrayando al mismo tiempo su respeto a las creencias individuales y su compromiso con una escuela aconfesional. No obstante, ha recordado que como consejero debe atenerse al marco legal vigente porque “un gobierno puede hacer muchas cosas, pero desde luego no puede incumplir la ley”.

“No se va a despedir a nadie”

El consejero ha detallado que en el curso 2025-2026 se están pagando 1.020 horas de Religión que no se imparten, lo que supone 1.128.939 euros. Ha enmarcado esta cifra en un contexto de prioridades educativas que, a su juicio, exigen una reasignación de recursos. Ha citado la necesidad de reforzar la Formación Profesional dual, reorganizar la estructura de los centros integrados de FP, impulsar una oferta que podría alcanzar 30 nuevos grupos con 93 docentes más, así como mejorar la dotación de los coordinadores de bienestar y fortalecer equipos directivos en centros de Infantil y Primaria con elevada matrícula o alumnado en riesgo de exclusión.

Gimeno ha insistido en que la derogación de la ley foral permitiría liberar fondos a partir de septiembre de 2026 para modernizar la FP y reforzar etapas como Infantil, Primaria y Secundaria. Ha sido tajante en un punto: “No se va a despedir a nadie”. Según ha explicado, la medida consistiría en modificar y adecuar los contratos a la carga lectiva efectiva de cada docente.

También ha aportado datos sobre la evolución de la plantilla. En los próximos tres años se jubilarán 27 profesores de Religión y, a partir de 2030, permanecerán en el sistema educativo navarro en torno a 101 docentes. Ha rechazado además que este colectivo no pueda concurrir a ofertas públicas de empleo y ha asegurado que en los últimos tres años alrededor de 50 se han presentado a convocatorias del departamento. 

Geroa Bai se siente interpelado

Inmediatamente después, era el turno de que el portavoz parlamentario de Geroa Bai, Pablo Azcona, preguntase a la presidenta del Gobierno, María Chivite, sobre los peajes de la AP-15, pero se ha sentido interpelado y ha decidido responder al consejero. “Nos sentimos ciertamente algo emplazados con la última pregunta”, ha comenzado, antes de advertir de que quería que el titular de Educación escuchase también su posición. Azcona ha dejado claro que, “si esto va de aconfesionalidad y de eliminar a la religión de las aulas, cuente con nosotros; no tenga ninguna duda en hacerlo, cuente con nosotros”.

Sin embargo, ha diferenciado ese plano del estrictamente laboral y ha reprochado que antes de precipitar la proposición de ley no se hubieran facilitado los datos económicos y de plantilla que Gimeno ha expuesto ahora en sede parlamentaria. “Lo primero que tenía que haber hecho antes de precipitar esta proposición de ley es habernos dado los datos que usted está dando hoy aquí y que nos trasladó, por cierto, el martes, no antes”, ha afeado. A su juicio, con esa información se podrá “analizar y, en su caso, podremos abordar un diálogo, que yo creo que es lo que tiene que hacer usted con nosotros y también con los docentes”.

El PSN cifra en más de dos millones el coste anual

La portavoz parlamentaria del PSN, Ainhoa Unzu, ha sido quien ha llevado la iniciativa al pleno y ha elevado el tono en defensa de la derogación. “Hoy en Navarra se están pagando el equivalente a casi 44 profesores de religión a jornada completa que no dan clase”, ha afirmado, y ha situado el coste en “más de dos millones de euros” anuales que, a su juicio, podrían destinarse a otras prioridades educativas.

Unzu ha explicado que la reducción horaria de la asignatura en los centros públicos, fijada en una hora en Primaria y dos en Secundaria, disminuyó la carga lectiva hace años. Sin embargo, en 2022 “una ley blindó esos contratos incluso cuando la carga lectiva había disminuido obviamente de manera clara”. Ha recordado que se trata de un profesorado en “una situación singular, contratos indefinidos no fijos, que no están accediendo por oposición sino por designación del arzobispado”, y ha defendido que su continuidad debería vincularse, “como en cualquier otra materia, a las necesidades reales del sistema educativo”.

La portavoz socialista ha subrayado que “esto no es ir contra nadie, ni muchísimo menos una descalificación profesional”, sino “un debate sobre la coherencia del sistema”. Ha mencionado casos de docentes que estarían trabajando “11, 9, 7 o 5 horas semanales” mientras cobran prácticamente una jornada completa y ha lanzado una pregunta directa: “¿A alguien que ustedes conozcan se le puede permitir dar clase 5, 7, 9 u 11 horas semanales cobrando una jornada completa?”.

Además, ha recordado que en 2012 un Gobierno de UPN “despidió literalmente, echó a la calle a 14 profesores de religión y redujo el contrato sustancialmente de otros 64”, para contextualizar que ya ha habido ajustes en el pasado. A su juicio, adecuar ahora los contratos “no tiene que ser un ataque a nadie —y no lo es—, es una obligación por la buena gestión de los recursos públicos” y responde a la defensa de una educación pública “laica, respetuosa con todas las creencias pero basada en criterios científicos, pedagógicos y de equidad”.