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Obras en Sendaviva: aval técnico externo, pero advertencia interna del Gobierno

La consultora valida los contratos y las desviaciones, mientras Intervención aprecia irregularidades formales

Obras en Sendaviva: aval técnico externo, pero advertencia interna del GobiernoOskar Montero

La consejera de Cultura, Deporte y Turismo del Gobierno de Navarra, Rebeca Esnaola, ha afirmado que la auditoría externa encargada por Parquenasa sobre adjudicaciones de obra en el parque Sendaviva en 2023 no aprecia fraccionamiento de contratos. Sin embargo, la consejera ha explicado que, para la Intervención General del Ejecutivo foral, esta actuación sí constituye "un indicio de riesgo de fraccionamiento indebido".

Esnaola ha comparecido en sede parlamentaria a petición propia para informar sobre el resultado de los informes encargados a la consultora externa PKF, a propósito de los contratos realizados por Parquenasa en 2023 con la subvención recibida del Gobierno de Navarra a través del entonces Instituto Navarro del Deporte.

La consejera ha explicado que los contratos se desarrollaron entre 2023 y 2024, y hacían referencia a las obras de acondicionamiento de los viales de servicio; las obras de construcción del nuevo edificio de acceso al parque; las obras de adecuación de la urbanización del acceso de entrada a la instalación; las obras de urbanización de plaza y cimentación de la atracción denominada 'Caída libre'; y la edificación de la granja y la zona de actividad lúdica.

"En noviembre, ante esta Comisión, relataba que estábamos a la espera del informe de fiscalización que Parquenasa solicitó a la empresa PKF Attest Servicios Profesionales", ha relatado.

A PKF se le realizaron dos encargos: "Análisis de la preparación y adjudicación del contrato, para ver, entre otros aspectos, si apreciaba o no fraccionamiento; y análisis de ejecución del contrato, para estudiar, entre otras cuestiones, las desviaciones económicas de los contratos".

El resultado del primero de ellas "es que no aprecia fraccionamiento". "Es decir, se trata de unidades funcionales independientes. La realización o no de alguna de ellas no influía en la realización, o no, del resto. Y ninguna era imprescindible y necesaria para la realización de otra", ha apuntado.

Respecto al segundo informe, sobre las desviaciones presupuestarias de los contratos, la consultora PKF alude a "la validación de todas las desviaciones como indispensables, salvo en la última actuación (granja y zona lúdica), en la que determina que hay modificaciones a petición de la propiedad valoradas en 3.258 euros".

Intervención General

Por otro lado, la Intervención General comunicó el 10 de octubre de 2025 que estaba revisando los expedientes relacionados con las subvenciones a Parquenasa de 2023 y 2024, "y que se había detectado que la Intervención tenía pendiente informar del cierre de la subvención de 2023, solicitando para ello algunas aclaraciones". La Intervención "indica que la subvención de 2023 se liquidó con una resolución del INDAF del 31 de diciembre de 2024; y que esa resolución no fue fiscalizada, por lo que se debe hacer un informe de omisión de fiscalización".

El 11 de diciembre de 2025, la Intervención General "emite su informe de omisión de fiscalización en el que expresa que la unidad gestora ha subsanado las deficiencias indicadas" el 10 de octubre, pero que con el análisis de la documentación considera que la actuación "constituye un indicio de riesgo de fraccionamiento indebido; y que por estas irregularidades dictamina un incumplimiento parcial de la subvención, teniendo en cuenta, además, que la ejecución material de las mismas se ha realizado correctamente".

E insta al INDAF a "iniciar expediente de reintegro cuantificando el impacto económico del incumplimiento observado", indicando también que, "en caso de que la unidad gestora no considere que deba hacerlo, el expediente ha de ser trasladado al Gobierno de Navarra para su resolución".

"Esto significa que, a pesar de los análisis de PKF y el informe del INDAF que señalan que no hay fraccionamiento, y a pesar de los informes del project manager que explican las actuaciones, como Intervención General sí aprecia indicios, nos insta a atender su requerimiento de iniciar un expediente de reintegro. Un reintegro parcial ya que, por otro lado, también reconoce que la ejecución material de las actuaciones se ha realizado correctamente", ha apuntado.

Por otro lado, la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA) notificó el 5 de febrero "la suspensión del procedimiento de investigación, al existir un procedimiento de diligencias previas tramitado por la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Pamplona nº 5 sobre estas actuaciones".

Las valoraciones de los grupos

En nombre de UPN, Javier Trigo ha criticado que la consejera "no ha despejado ninguna duda" sobre "las posibles ilegalidades". Las explicaciones de Esnaola, a su juicio, "no responden a las preguntas" que la OANA "ha puesto sobre la mesa". "Probablemente usted no haya sido conocedora de la totalidad de los procedimientos seguidos. Creo, sinceramente, que si lo hubiera usted conocido, no lo hubiera permitido. Pero eso no la exime de su responsabilidad", ha afirmado.

Ibai Crespo, del PSN, ha destacado que los informes "dejan las cosas claras en dos puntos que algunos han intentado convertir sin pruebas en un relato de escándalo". "Primero, sobre la independencia del ámbito de la actuación, eso que algunos llaman troceos. Los informes concluyen que cada actuación responde a un proyecto técnico diferenciado, es decir, no hubo troceo. Segundo, sobre el desvío económico. Los informes señalan que se trata de variaciones indispensables necesarias", ha indicado.

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha considerado que "es de preocupar" que "haya unas diligencias penales abiertas en las que se esté planteando la posibilidad de comisión de un delito por un fraccionamiento indebido". Además, "nos ha llamado la atención la existencia de un informe de la Intervención General sobre un procedimiento de omisión de fiscalización".

Itxaso Soto, de Geroa Bai, ha remarcado que "es una situación delicada" ya que hay abierto un proceso judicializado. "Debemos esperar, en primer lugar, a la respuesta que den los jueces", ha indicado. En cuanto a los informes de la auditoría externa valoramos positivamente lo que se puede conocer de ellos", ha remarcado.

Desde el PPN, Maribel García Malo ha afirmado que este "no es un tema menor", sino "que está judicializado". Este tema, ha dicho, "no es un capricho de la oposición", sino que la OANA ha visto "indicios de veracidad en la denuncia presentada por UPN" ante posibles fraccionamientos. También ha criticado que el resultado de los informes es "de lo que menos ha hablado" Esnaola en su intervención.

Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha destacado que "si estamos debatiendo" sobre "si se ha cumplido o no la ley de contratos, es porque ha habido un cambio en el modelo de financiación, que en su momento se consideró inadecuado". "Cuando la derecha se ha rasgado hoy las vestiduras sobre si es adecuada o no la gestión, resulta que con su modelo de gestión ni siquiera tendríamos esta discusión, porque no habría ninguna garantía en ese momento", ha apuntado.

Desde el Grupo Mixto (Vox), Emilio Jiménez ha afirmado que Esnaola ha intentado "crear una cortina de humo" con la noticia sobre la publificación y ha añadido que "Vox interpreta el informe y sus conclusiones de manera muy distinta". "Esto no es una auditoría ni nada, es un procedimiento acordado, como dice la propia empresa auditora, que ni emite conclusiones ni nada. Y es la propia empresa la que reconoce que no constituye una auditoría", ha indicado.