Edurne Eginoa, directora de la Oficina Anticorrupción: “La obra de Belate tiene que continuar, sin ninguna duda”

La directora de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción de Navarra (OANA), Edurne Eginoa, ha defendido este miércoles en el Parlamento foral que las obras de los túneles de Belate deben seguir adelante pese a las irregularidades detectadas en el procedimiento de adjudicación, al considerar que así lo exige el interés general.

Eginoa, que comparece en la comisión de investigación, ha sostenido sobre el expediente que, aunque el procedimiento estuvo “viciado” por la ausencia de actuaciones esenciales, en el momento en que la Oficina emitió su informe la obra ya estaba adjudicada y en ejecución, lo que impedía retrotraer las actuaciones sin generar un perjuicio mayor.

“La obra tiene que continuar y hacerse hasta el final, por supuesto. Porque es lo que va a obedecer al interés general”, ha afirmado, para añadir con rotundidad que debe proseguir “sin ninguna duda”. A su juicio, paralizar una infraestructura de estas características una vez iniciada “sería un desastre” desde la perspectiva del interés público.

Falta de deliberación en la mesa

En relación con la mesa de contratación, ha señalado que las sucesivas comparecencias en la comisión han puesto de relieve la ausencia de reuniones presenciales entre sus miembros. Según ha expuesto, en un órgano colegiado la deliberación es un elemento esencial y no puede sustituirse por una mera votación sin debate previo.

En este contexto, ha precisado que más allá de quién votó antes o después, el problema radicaba en el propio sistema de valoración empleado, ya que “permitía que uno de los técnicos de la mesa emitiera su puntuación conociendo previamente la de los demás”. A su juicio, esa circunstancia “rompe la imparcialidad” y deja sin garantías el procedimiento, porque quien vota puede influir en el resultado con conocimiento de las valoraciones ajenas. 

Ha añadido que no resultaba lógico que, siendo el presidente uno de los técnicos que debía puntuar, el resto le remitiera directamente sus calificaciones, cuando “lo correcto habría sido enviarlas al secretario, como fedatario público, para que diera fe” del momento de recepción y posteriormente someterlas al conjunto de la mesa.

El procedimiento, ha destacado, debe ser garantista y preservar la neutralidad en todo momento. En este sentido, ha indicado que ya se ha admitido que ese sistema no era el adecuado y que el Departamento de Cohesión Interterritorial lo ha rectificado, lo que ha considerado “un primer paso importante” de cara al futuro. 

No obstante, ha insistido en que en aquella mesa el problema de fondo fue la falta de deliberación real, ya que no consta una reunión en la que se sometieran formalmente las propuestas a votación ni se levantara acta en esos términos. Aunque la ley permite reuniones incluso por medios telemáticos o por correo electrónico, ha señalado que todos los miembros han reconocido las dificultades que ello generó y que la ausencia de un debate conjunto vulneró las normas esenciales para conformar la voluntad de un órgano colegiado.

Ha subrayado que, en un expediente marcado por una relación interna “muy tensa”, resulta difícil de entender la negativa del presidente de la mesa a convocar reuniones presenciales. De hecho, ha recordado que varios integrantes manifestaron que un encuentro de ese tipo habría permitido resolver discrepancias que se arrastraron durante la tramitación. “No votar solo, sino deliberar, llegar a una decisión consensuada”, ha resumido, para reafirmarse en las conclusiones de la Oficina.

Interés general frente a nulidad

Eginoa ha insistido en que el informe de la OANA aprecia vicios sustanciales en el procedimiento, hasta el punto de que, jurídicamente, la situación sería “como si nunca hubiera existido” por la ausencia de actuaciones básicas. No obstante, ha matizado que la ley establece que, en caso de nulidad, debe optarse por la solución que cause menor perjuicio al interés general.

Cuando la Oficina emitió su pronunciamiento, ha recordado, todos los sobres de la licitación estaban abiertos, la adjudicación formalizada y la obra en marcha, por lo que ya no era posible retrotraer el expediente al momento en que se produjo la vulneración detectada. La decisión sobre la continuidad, ha añadido, corresponde a los órganos competentes y debe adoptarse con los informes pertinentes, pero desde su punto de vista la infraestructura debe concluirse.

Coordinación con Comptos y análisis de la mesa

Durante su intervención, la responsable de la OANA ha explicado que la Oficina coordinó su actuación con la Cámara de Comptos de Navarra, que ya había previsto analizar el expediente de Belate en el informe de cuentas de 2023. En ese reparto de tareas, la Oficina asumió el estudio del funcionamiento de la mesa de contratación y de los posibles riesgos relacionados con la corrupción, entre ellos la eventual existencia de conflictos de intereses.

Eginoa ha indicado que ese enfoque respondía a la especialización de cada institución y a la necesidad de evitar duplicidades, centrando la Oficina su análisis en los aspectos más vinculados a la prevención y detección de irregularidades en materia de contratación pública.

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