Iván Razquin ha avalado este martes en el Parlamento foral las conclusiones de la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción sobre Belate y ha denunciado un procedimiento “viciado” en la mesa de contratación. El director del servicio de investigación, inspección y régimen sancionador de la Oficina ha sido por el funcionamiento interno de la mesa que adjudicó las obras de duplicación de los túneles de Belate, en línea con lo expuesto la semana pasada por la directora, Edurne Eginoa.
“Yo creo que el procedimiento está viciado porque una persona tenía más información que las demás. Eso es algo que ya se ha repetido muchas veces en esta comisión. Si una persona tenía más información que las demás, el procedimiento estaba viciado”, ha advertido, en alusión al sistema de valoración que permitía que el presidente de la mesa, Jesús Polo, conociera las puntuaciones del resto antes de emitir la suya, según ha señalado el compareciente, conectando su diagnóstico con los informes de la Oficina que ya declararon la adjudicación “nula de pleno derecho”.
Preguntado por los grupos sobre la existencia de comisiones ilegales o tratos de favor, Razquin ha marcado una línea nítida entre las irregularidades detectadas y la corrupción penalmente relevante. “He visto ilegalidades administrativas, no me corresponde a mí decir si ha habido corrupción. Yo no lo he detectado”, ha señalado, en términos muy similares a los utilizados por Eginoa, que ya distinguió entre vicios del procedimiento y la ausencia de indicios claros de delito.
El responsable de investigación ha recordado que el mandato de la Oficina es analizar riesgos de corrupción, conflictos de interés y el cumplimiento de la Ley Foral de Contratos, y que la calificación penal eventualmente corresponde a la Fiscalía y a los tribunales. En ese marco, ha reiterado que “me ratifico en los informes que hicimos en los que dijimos que la adjudicación de Belate era nula de pleno derecho”.
El papel del presidente y del secretario
Una parte relevante de la comparecencia ha girado en torno a las responsabilidades internas dentro de la mesa de contratación, especialmente las del presidente y del secretario. Razquin ha descrito un órgano colegiado sin reuniones presenciales, sin actas detalladas de deliberación y sin un control jurídico efectivo durante las fases clave del expediente. “La deliberación de la mesa de contratación de Belate no fue adecuada en los términos legalmente previstos”, ha resumido.
“El presidente ejerce funciones de dirección o de ‘policía’ de la mesa, pero quien controla jurídicamente es el secretario”, ha explicado Razquin, que ha reprochado la falta de reacción ante unas prácticas que, a su juicio, vulneraban la normativa. “El secretario tenía que haber advertido que había cosas que no se estaban haciendo bien y ponerlo en conocimiento del presidente, porque el presidente es la máxima autoridad en la mesa”, ha añadido. Y ha ido más allá al afirmar: “Si yo hubiera sido el secretario de la mesa, habría reflejado en los votos particulares que las deliberaciones se habían hecho sin reuniones formales, sin actas, etcétera”.
Ratificación de los informes
Razquin ha aprovechado la sesión para defender el alcance de los informes elaborados por la Oficina a petición del Gobierno foral, que incluyen no solo Belate sino otros contratos públicos cuestionados esta legislatura, y que Eginoa ya defendió en su comparecencia de la semana pasada. “Me ratifico en los informes que hicimos en los que dijimos que la adjudicación de Belate era nula de pleno derecho”, ha reiterado, enlazando así con la posición de la directora, que ya subrayó que la obra debe continuar por interés general pese a los vicios detectados en la adjudicación.
En este punto, el director del servicio de investigación ha salido al paso de las críticas sobre una supuesta invasión de competencias de la Cámara de Comptos.
“No hemos invadido competencias de la Cámara de Comptos. La Cámara de Comptos no había analizado el funcionamiento de la mesa de contratación. Ese aspecto quedaba fuera de su auditoría. Nosotros analizamos precisamente ese punto. Lo único que hemos hecho ha sido ejercer la competencia que nos asigna la Ley Foral de Contratos para valorar si existen irregularidades o ilegalidades”, ha defendido