El juez de la Audiencia Nacional (AN) Santiago Pedraz ha requerido a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil el material intervenido en los registros efectuados en diciembre en casa de la exmilitante socialista Leire Díez para realizar un expurgo del mismo, en el marco de la causa secreta que investiga presuntas irregularidades en contratos de empresas públicas y entidades dependientes de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Según ha avanzado 'eldiario.es' y han confirmado fuentes jurídicas a Europa Press, el magistrado ha solicitado los efectos requisados en los registros al objeto de filtrar la información y salvaguardar aquellos datos que no tengan que ver con la causa.
Material intervenido
Leire Díez fue detenida en diciembre de 2025 junto al expresidente de la SEPI Vicente Fernández y al administrador de Servinabar, Antxon Alonso, empresario cercano al exdirigente socialista Santos Cerdán. En aquellos días también se procedió a la entrada y registro de varios inmuebles, algunos de ellos vinculados a Díez.
Díez, Fernández y Alonso quedaron en libertad con medidas cautelares tras pasar a disposición judicial. En aquel momento, el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña ordenó para todos la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del país y comparecer cada quince días en sede judicial.
A finales de enero de 2026, Díez pidió levantar el secreto de sumario de la causa a través de un recurso presentado al juez, en el que su defensa manifestó que la exmilitante socialista facilitó "inmediatamente" a la UCO el acceso a sus documentos, correos, dispositivos, claves y contraseñas.
La AN ordenó la detención al sospechar que los tres se hicieron con más de 700.000 euros en comisiones "implicando en su operativa a empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI" en cinco operaciones.
Según la UCO, los tres investigados habrían formado un grupo autodenominado "Hirurok" que "podría haber orientado diversos expedientes seguidos en la Administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y capacidad de influencia sobre determinadas personas vinculadas a la función pública".
