La comparecencia de este miércoles de Alberto Nadal en la comisión de investigación del Parlamento de Navarra ha resultado estéril en términos de aportaciones sustanciales, marcada por la falta de recuerdos concretos y la insistencia en que el asunto se limitó al trámite administrativo de Mina Muga, sin relevancia política destacable. No en vano ha sido la sesión más corta del órgano parlamentario desde que arrancaran los trabajos en octubre. “Les agradezco la brevedad, así tengo tiempo para disfrutar de Pamplona”, ha concluido el dirigente del PP.
El ex secretario de Estado de Energía (2012-2016) y actual vicesecretario de Economía y Desarrollo Sostenible del PP ha reconocido desde el inicio que acudía sin memoria sobre los hechos. “Cuando recibo la citación por parte del Parlamento de Navarra, realmente no sabía absolutamente nada en el sentido de que no me acordaba absolutamente de nada”, ha afirmado, subrayando que tampoco entendía inicialmente el motivo de su comparecencia hasta revisar la documentación facilitada, centrada en el convenio objeto de análisis.
Nadal ha enmarcado toda su intervención en la idea de que la actuación del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente se limitó a una función de coordinación administrativa derivada de la singularidad del proyecto minero, que afectaba simultáneamente a Navarra y Aragón. “Se trata de una tramitación administrativa”, ha reiterado, explicando que la existencia de cuadrículas en ambas comunidades obligaba a articular un mecanismo de cooperación entre administraciones.
Una intervención limitada a la coordinación
Según ha detallado, la participación de la Secretaría de Estado de Energía se produjo exclusivamente en ese ámbito de coordinación, necesario para ordenar competencias y garantizar la tramitación conjunta. “Si hubiera sido competencia de una comunidad autónoma exclusivamente, se hubiera tramitado en la comunidad autónoma”, ha señalado. En este caso, la complejidad territorial hizo que el expediente “subiera arriba” únicamente para delimitar funciones y coordinar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA).
En este punto, Nadal ha querido dejar claro que su departamento no era responsable de evaluar el impacto ambiental. “Tampoco hace la Declaración de Impacto Ambiental la Secretaría de Estado de Energía; la hace la Secretaría de Estado de Medio Ambiente”, ha precisado, insistiendo en la separación de competencias dentro del propio ministerio. Asimismo, ha defendido que no existió relación directa con la empresa promotora en esta fase del proceso. “No hacía falta tener ningún contacto con la empresa”, ha afirmado, al tratarse de un procedimiento interno entre administraciones.
El papel del convenio y la seguridad jurídica
El compareciente ha explicado que el convenio firmado entre administraciones tenía dos objetivos principales: garantizar la solidez jurídica de la DIA y definir qué administración era competente para cada autorización. “Tenemos que garantizar dos cosas: en primer lugar, que la Declaración de Impacto Ambiental sea jurídicamente sólida”, ha indicado, advirtiendo de que una tramitación separada podría haber debilitado su validez.
En segundo lugar, el acuerdo debía aclarar la distribución de responsabilidades. “Determinar quién es la administración responsable de cada permiso de operación. Eso es lo que se determina en el convenio”, ha resumido. Nadal ha contextualizado esta necesidad en el marco legal vigente, recordando que la Ley de Minas de 1973 es anterior al Estado autonómico y no contempla la actual distribución competencial. Por ello, ha señalado que en situaciones como esta es habitual recurrir a informes jurídicos para delimitar funciones. “Es preciso continuamente pedir informe a los servicios jurídicos cuando surge una cuestión de estas”, ha explicado.
Un procedimiento técnico
Durante su intervención, ha descrito el proceso como un intercambio técnico prolongado entre administraciones. Según su relato, los servicios de Navarra, Aragón y el Estado mantuvieron durante meses un diálogo que incluyó informes de la Abogacía del Estado y de los servicios jurídicos autonómicos, hasta elevar una propuesta de convenio para su firma.
En ese sentido, ha restado relevancia a su propia intervención. “Han pasado 11 años... yo no recuerdo nada”, ha reconocido, aunque ha añadido que lo habitual en estos casos es que los servicios técnicos preparen toda la documentación y el secretario de Estado se limite a formalizar el acuerdo. “Era un mero trámite administrativo”, ha insistido.
Finalmente, ha apuntado que la iniciativa partió de las propias comunidades autónomas, después de que la empresa solicitara autorizaciones por separado. “Son las propias comunidades las que dicen: ‘Ojo, que al estar en dos territorios tiene que coordinarlo de alguna manera el Estado’”, ha relatado.
