Cuando el juez Juan Carlos Peinado abrió diligencias contra Begoña Gómez, la vida política se paralizó en Madrid. Era abril de 2024 y mientras la opinión pública miraba con expectación hacia La Moncloa durante los cinco días de reflexión en los que Pedro Sánchez sopesaba su continuidad, en las sombras de Ferraz se activaba una maquinaria opaca. Los indicios que maneja el magistrado de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz apuntan a que ese paréntesis funcionó como el detonante para que otros pusieran en marcha una estructura orientada a obstaculizar las causas judiciales que afectaban al entorno directo del PSOE y del Ejecutivo.
Ferraz: reuniones de urgencia y fontanería financiera
La actividad comenzó el 26 de abril de 2024 con una reunión de urgencia en Ferraz convocada por el entonces secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. Al encuentro asistieron la exmilitante Leire Díez, el empresario Javier Pérez Dolset, el jefe de comunicación del partido, Ion Antolín, y Juan Manuel Serrano. La UCO interceptó un mensaje de Díez a Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, afirmando que tenían información para ayudar al presidente.
Las pesquisas sitúan a Cerdán como director de la estructura logística y de personal utilizada para las maniobras de intoxicación judicial. El juez Pedraz documenta 22 reuniones de coordinación entre Cerdán y Díez en Ferraz hasta el 11 de abril de 2025, y un encuentro exterior el 21 de mayo de ese año. El objetivo económico, coordinado presuntamente por la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes, mediante facturas falsas, era financiar los trabajos para lograr que se archivasen los procedimientos contra Begoña Gómez y David Sánchez.
Las comunicaciones muestran dudas de Díez sobre cómo percibir 4.000 euros mensuales pactados con Cerdán, barajando usar la sociedad del exvicepresidente andaluz Gaspar Zarrías. El letrado Ismael Oliver, también investigado, planteó diversificar los pagos mediante varias sociedades. La red habría abonado 125.000 euros al abogado Jacobo Teijelo y cerca de 20.000 euros en mayo de 2024 a la sociedad Grupo Crónica Libre, vinculada a una web de Díez y la periodista Patricia López, fallecida en 2025. Ion Antolín gestionó este pago publicitario a través de un plan de medios.
La mano de Aldama y las bolsas en Ferraz
Esta ramificación de la causa conecta directamente con el denominado ‘caso Hidrocarburos’, una línea de investigación que sigue el rastro de un presunto intento de compra de silencio que salpica al entorno del exasesor ministerial Koldo García. En el centro de esta operativa se encuentra la empresaria imputada Carmen Pano, quien ratificó haber acudido personalmente en octubre de 2020 a la sede central del PSOE. Según su testimonio judicial, allí entregó en mano 90.000 euros en efectivo, distribuidos en dos bolsas de 45.000 euros cada una, siguiendo instrucciones directas del presunto conseguidor de la red, Víctor de Aldama.
Cuando la declaración de Pano –que inicialmente solo había trascendido en el ámbito de los medios de comunicación– estuvo a punto de convertirse en un testimonio oficial ante la autoridad judicial, la estructura de Ferraz operó para mitigar el potencial destructivo de sus palabras. El auto detalla que, escasos días antes de la comparecencia programada, el abogado Ismael Oliver realizó una llamada telefónica a Leire Díez advirtiéndole del peligro inminente. En dicha comunicación, Oliver enfatizó que la citación era prioritaria y que resultaba vital iniciar una negociación directa con la imputada para frenar los efectos de su confesión.
Fue entonces cuando, según los indicios recabados por el magistrado Pedraz, se activó la abogada de Koldo García, Leticia de la Hoz. Presuntamente, la letrada ofreció a Carmen Pano un soborno de 50.000 euros en metálico con una finalidad nítida: modificar, suavizar o condicionar por completo su declaración testifical en sede judicial. El objetivo prioritario de este movimiento económico era desactivar la línea de investigación que situaba de forma directa la entrega y circulación de dinero negro en el corazón del PSOE. De la Hoz, por su parte, negó los hechos en un comunicado y avanzó que “va a solicitar la exención del secreto profesional por parte del Ilustre Colegio de Abogados para poder aportar toda la información y pruebas pertinentes ante la autoridad judicial”.
El precio de la toga y el uniforme: la red de sobornos
La estrategia diseñada desde la fontanería socialista no se limitó al control de testigos presenciales, sino que se extendió hacia una planificación de captación y compra de voluntades dentro de la propia judicatura y los cuerpos de seguridad del Estado. El propósito de esta red de captación era la obtención sistemática de información reservada y protegida por ley. De este modo, la organización pretendía anticiparse a los movimientos procesales del caso y sabotear desde dentro las pesquisas en curso de la Fiscalía Anticorrupción y de las unidades de élite de la Guardia Civil.
En esta línea de penetración institucional, la trama fijó su mirada en el fiscal José Grinda con la intención de utilizarlo como un elemento de desgaste interno contra la figura del fiscal jefe de Anticorrupción, Alejandro Luzón. A cambio de sus servicios y de la filtración de datos sensibles sobre las causas abiertas, la red ofreció a Grinda un acomodo laboral en el extranjero o una suculenta compensación económica. Las agendas manuscritas intervenidas a Leire Díez contenían una anotación explícita sobre el pago de 300.000 euros destinados a ayudar a un fiscal que afrontaba un problema con una menor. Para formalizar este ofrecimiento, la trama recurrió en febrero de 2025 al periodista Pere Rusiñol como intermediario, quien tras reunirse con Grinda reportó en un lenguaje cifrado que la negociación encallaba.
De forma paralela, la red cortejó a mandos policiales que ya se encontraban cercados por la acción judicial en otras derivadas de la corrupción. En marzo de 2025, Leire Díez mantuvo dos reuniones discretas con el comandante de la Guardia Civil Rubén Villalba, imputado en el ‘caso Koldo’. Según las actas internas que el propio oficial elaboró y que constan en la causa, la enviada de Ferraz le puso sobre la mesa un blindaje total que incluía el pago íntegro de los gastos de su defensa jurídica y la obtención del estatus de testigo protegido. La contraprestación exigida a Villalba era dinamitar la instrucción declarando contra la UCO.
El caballo de Troya en la UCO y los registros
El capitán de la Guardia Civil Juan Sánchez Yepes, exmiembro de la UCO, recopiló datos secretos de sus antiguos compañeros, específicamente del teniente coronel Antonio Balas. Una grabación de diciembre de 2024 entre Jacobo Teijelo, Pérez Dolset y Leire Díez registra la presentación de Sánchez Yepes como afín al partido, donde el militar admitió el riesgo de revelar dichos datos reservados. Con esta información, la trama interpuso denuncias ante la Fiscalía General y difundió el concepto de “UCO patriótica” para desacreditar la investigación, tras filtrarse mensajes de José Luis Ábalos. Esto motivó que la Dirección General de la Guardia Civil abriera expedientes de información reservada a los investigadores.
En respuesta, el juez Santiago Pedraz ordenó la entrada de la UCO in situ en la sede del PSOE para el volcado digital de su red informática, el examen de libros contables de 2024 y 2025, y la revisión de contratos publicitarios de las elecciones catalanas de mayo de 2024. Los agentes intervinieron los correos electrónicos de Santos Cerdán desde 2021, y de Ana María Fuentes e Ion Antolín desde 2024. También se requirió el registro de accesos y vehículos de la sede sobre 27 personas en 35 fechas bajo sospecha.
La operación incluyó registros en los domicilios de Cerdán en Milagro, Zarrías en Madrid y Pérez Dolset en Móstoles. Paralelamente, miembros de la UCO intervinieron en la Dirección General de la Guardia Civil los expedientes de información reservada abiertos contra ellos. Esta última actuación coincidió con la ausencia de la directora general, Mercedes González, quien se encontraba en un acto público.
