La comisión de investigación sobre la adjudicación y licitación de obras públicas en el Parlamento de Navarra ha llegado a su fin. Tras el cierre del plazo para la presentación de conclusiones, el PSN, EH Bildu y Geroa Bai han conseguido sellar un acuerdo en torno a cuatro puntos fundamentales. El dictamen conjunto dictamina que no se han podido acreditar prácticas corruptas por parte de responsables políticos del Gobierno de Navarra ni se ha podido acreditar la participación de empresas en prácticas corruptas, descartando a su vez la existencia de elementos probatorios directos de corrupción durante la comisión o que haya quedado acreditada la existencia de injerencias políticas directas o indirectas sobre los miembros de la mesa de contratación de Belate.
Sin embargo, el consenso dentro de la mayoría progresista no ha sido pleno. Contigo-Zurekin ha optado por desmarcarse de este documento para presentar sus propias conclusiones de forma autónoma. Aunque la formación comparte formalmente que no se han hallado pruebas concluyentes de corrupción, denuncia de forma explícita una “connivencia estructural” y “opaca” entre determinadas esferas del poder político y el tejido empresarial. La comisión se reunirá por última vez la semana que viene para debatir y votar las resoluciones definitivas, para posteriormente remitir el dictamen definitivo al pleno del día 18.
EH Bildu ve “vicios” en Belate
EH Bildu fue la primera formación en convocar una rueda de prensa la víspera para presentar las conclusiones. El representante de la coalición en la comisión, Adolfo Araiz, desglosó, en una comparecencia junto a la presidenta del órgano parlamentario, Irati Jiménez, una postura que oscila entre el respaldo al bloque de gobierno y la advertencia sobre los procedimientos. Araiz señaló que la información recabada no permite ratificar un pacto ilícito entre cargos públicos y operadores privados, requisito que ha calificado como condición para delimitar penalmente la corrupción.
A pesar de refrendar la ausencia de contraprestaciones probadas, el parlamentario de EH Bildu puso el acento en la detección de “vicios de procedimiento” y “conductas discutibles” por parte del presidente de la mesa de contratación de Belate, Jesús Polo, unos hechos que supusieron, según dijo, un “quebranto de la imparcialidad interna”. Araiz admitió que los trabajos han dejado al descubierto una “dispar calificación jurídica” sobre las irregularidades detectadas y denunció que la comisión ha adolecido de “limitaciones” objetivas que impiden descartar de forma categórica escenarios que únicamente una instrucción en sede judicial estaría capacitada para esclarecer.
“Total satisfacción” en el PSN
Por su parte, el portavoz socialista en el órgano investigador, Javier Lecumberri, compareció para manifestar la “total satisfacción” de su grupo ante el cierre del dictamen. Desde los trabajos demuestran “al cien por cien” la limpieza en el proceder de la Administración foral y que ningún técnico ni funcionario ha recibido directrices políticas para beneficiar a siglas mercantiles concretas. Sin embargo, sí admitió “nichos de mejora” y ciertas irregularidades administrativas de carácter técnico, por lo que planteó la necesidad de dotar de mayores recursos a la Intervención General y a la Oficina de Buenas Prácticas y Anticorrupción.
En el plano estrictamente político, el parlamentario socialista lanzó un duro reproche a la derecha por intencionalidad política más allá de aclarar las circunstancias de todas estas obras y todas las licitaciones”. Lecumberri subrayó que ninguno de los expedientes analizados se encuentra bajo la investigación de la Fiscalía o de los juzgados, cuestionando directamente por qué la derecha no ha acudido a los tribunales si “tan evidentes” consideran las anomalías en la contratación.
Geroa Bai pide “prudencia”
Desde Geroa Bai, su portavoz parlamentario, Pablo Azcona, defendió el posicionamiento de su grupo ante los medios acompañado por Blanca Regúlez. Azcona insistió en que las comparecencias de los responsables de contratación han sido coincidentes al negar cualquier tipo de presión o instrucción externa destinada a predeterminar de antemano el sentido de las adjudicaciones de obra pública y separó las controversias de índole administrativa del reproche penal. Para Azcona, la existencia de discrepancias en el expediente de Belate no dictamina que existan delitos. En este sentido, abogó por actuar con “especial prudencia”.
Mirando al horizonte legislativo, el representante de la coalición anunció que el grupo está ultimando un documento enfocado en robustecer los blindajes procedimentales, la trazabilidad de los documentos y el control democrático. Azcona puso en valor que la comisión ha permitido disponer de una “visión amplia, plural y contrastada” de los expedientes examinados.
Contigo-Zurekin se desmarca
El socio díscolo, Contigo-Zurekin, detalló, en boca de Miguel Garrido, las razones que han llevado a su formación a presentar un texto de conclusiones netamente diferenciado. La coalición ratifica que se ha verificado un preocupante “cúmulo de malas prácticas” en el engranaje administrativo, situando el foco en la vulnerabilidad de las normativas vigentes. La formación considera que el actual ordenamiento jurídico en materia de contratación pública resulta insuficiente para garantizar que la toma de decisiones descanse plenamente en el interés general y no quede expuesta a la mera discrecionalidad o buena voluntad de los actores implicados.
Garrido sí aseguró que “no queda acreditada que haya ninguna práctica explícita de tráfico de influencias, injerencias políticas o empresariales en los procesos de adjudicación que pudieran haber tenido como objeto favorecer a una adjudicataria concreta a cambio de mordidas o de cualquier otra prebenda, presión e influencia susceptible de ser calificada como práctica corrupta”, si bien el proceso ha sacado a la luz contradicciones de calado jurídico en torno a la adjudicación de Belate.
UPN pide la dimisión de Chivite
En la bancada de enfrente, la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, manifestó en una rueda de prensa en la sede regionalista que, aunque una comisión parlamentaria no cuenta con la potestad de juzgar delitos, resulta “imposible afirmar de forma tajante” que las licitaciones estén libres de sospecha. A su juicio, los indicios de criminalidad son ostensiblemente superiores ahora que al inicio del proceso y “todas las piezas del puzle cuadran”. Asimismo,denunció la existencia, a su juicio, de un interés por situar a determinadas personas en mesas de contratación mediante procedimientos “muy extraños, cuando menos”, así como a supuestas injerencias para modificar puntuaciones.
Ibarrola, una vez más, pidió la dimisión de la presidenta María Chivite y exigió la reprobación de los principales cargos de Cohesión Territorial, tanto actuales como de la pasada legislatura. Censuró la gestión de la jefa del Ejecutivo foral, acusándola de actuar con opacidad y de desatender las alertas del procedimiento para proteger intereses partidistas. Asimismo, tildó la comisión de “histórica por sus ausencias”.
El PP habla de “irregularidades”
Finalmente, el PP emitió un comunicado para decir que los ocho meses de comparecencias no han cumplido su objetivo:“Las dudas y las sospechas sobre una posible corrupción siguen sin despejarse”, comentó Javier García en esa nota, en la que señaló que durante estos meses se han conocido “numerosos hechos, informaciones e indicios que impiden cerrar este asunto sin interrogantes”. A su juicio, “son demasiadas irregularidades, demasiados incumplimientos, demasiadas conexiones y demasiadas formas de operar que se repiten. También se repiten los protagonistas, las empresas y determinadas relaciones que generan preocupación”.
El lider ‘popular’ calificó de “relato interesado” las conclusions del bloque progresista y denunció lo que considera un “bloqueo sistemático” de la labor de oposición. Ante la sesión de la próxima semana, García avanzó que mantendrán una actitud de “máxima exigencia de responsabilidades”, asumiendo que el debate parlamentario no puede operar como un salvoconducto de exoneración política para gestores implicados.
