Rechazada la moción para cerrar Nafarbide y derogar los peajes a vehículos pesados

El pleno del Parlamento de Navarra ha rechazado este jueves una moción del PPN que reclamaba la "derogación inmediata" de la Ley Foral 23/2022, del 1 de julio, que establece el cobro de peajes a vehículos pesados en cinco vías de alta capacidad de la Comunidad foral, así como "el cierre y disolución" de la empresa pública Nafarbide, creada para gestionar la implantación de estos peajes.

La moción ha recibido el voto a favor de UPN, PPN, Vox y parlamentaria no adscrita, mientras que PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin han votado en contra.

Propuesta de la derecha

En su defensa de la iniciativa, el portavoz del PPN, Javier García, ha defendido la necesidad de "poner fin a una mala ley" que "nace sin consenso" y con el rechazo de "todo el sector" del transporte. Los peajes, ha remarcado, son "una nueva carga para los ciudadanos" que implica "trasladar al contribuyente las consecuencias de una mala gestión en Navarra en materia de infraestructuras".

Ha calificado la sociedad pública Nafarbide de "chiringuito" y ha destacado que su "ámbito de aplicación se ha ido ampliando hasta convertirse en una entidad que aspira a gestionar inversiones por miles de millones de euros, relacionados con las principales infraestructuras viarias de la Comunidad foral". Una empresa que, "según los propios informes de control, no es necesaria, ya que reduce los mecanismos de fiscalización y genera más costes para las arcas públicas". Por ello, ha llamado a "rectificar, reconocer que este proyecto ha fracasado, incluso antes de ponerlo en marcha plenamente", y "abandonar una política que divide al sector y que perjudica la competitividad de la comunidad".

La representante de UPN Yolanda Ibáñez ha recordado la postura de su partido "en contra de los peajes, de que se impongan en Navarra cuando no se imponen en el resto de España"; "no queremos que nuestros transportistas paguen más impuestos que en el resto de España". También en contra de la creación de Nafarbide, "empresa que no tiene actividad y que solo está sirviendo para colocar amigos del PSN" y que "se crea a pesar de contar con los informes internos que lo desaconsejaron".

Emilio Jiménez, de Vox, ha apostado por "cerrar chiringuitos, suprimir impuestos encubiertos que pagamos todos los navarros" y ha rechazado la implantación de un canon, que ha definido como un "peaje disfrazado para los camioneros que acabamos pagando nosotros". Ha calificado Nafarbide como una "empresa fantasma" que "solo sirve como agencia de colocación y despilfarro".

Respuesta de la izquierda

El socialista Javier Lecumberri ha llamado la atención ante la "confusión" respecto a esta ley y ha explicado que establece un canon a los vehículos pesados que "servirá para financiar la conservación de las carreteras que ellos están deteriorando". Una fórmula que "tienen otros países por los que circulamos" como Alemania y Portugal. Asimismo, ha indicado que "el 92% de todos los vehículos pesados que pasan por nuestras autovías son vehículos no navarros y que están de paso" y a los que "les estamos pagando las autovías y su mantenimiento", que ha cifrado en 42 millones de euros.

Desde EH Bildu, Adolfo Araiz ha afirmado que la moción del PPN "incurre en inexactitudes jurídicas" porque insta al Parlamento de Navarra a que "derogue" esta ley, por lo que le ha animado a presentar una proposición de ley. También "olvida" la "valoración del ordenamiento europeo aplicable en esta materia de gravámenes por el uso de infraestructuras viarias", que "ha evolucionado desde la mera armonización que se daba en condiciones mínimas hacia la afirmación de los principios de que quien contamina, paga". La derogación del canon implicaría, ha remarcado, que el coste del mantenimiento de las carreteras "seguiría recayendo íntegramente sobre el contribuyente navarro en beneficio de usuarios externos".

Por parte de Geroa Bai, Pablo Azcona ha destacado que Nafarbide "no surge de una decisión improvisada" sino de un "análisis en la Mesa de Carreteras" en el que se comprobaron las necesidades de inversión de las carreteras navarras, que ha cifrado en casi 1.000 millones. Una situación derivada del "poco cumplimiento del Plan de Carreteras que estaba vigente en ese momento, del que se ejecutó solo un 8%" y por "el modelo de gestión de los años anteriores" en mantenimiento y conservación que "dejó un importante agujero en necesidades de inversión", y que se acompañó "fundamentalmente" de los "peajes en sombra". Ha apostado por combinar el canon con "medidas de acompañamiento" al sector.

Miguel Garrido, de Contigo-Zurekin, ha destacado que hay "dos alternativas". Por un lado, "la que proponen y ejecutaron" en UPN que "era pagar carreteras al triple del precio que costaban" y que "imponía una brecha entre la Ribera y el resto de nuestra comunidad" con "los peajes de la AP-15". Por otro lado, la ley del canon por la cual "las carreteras las tienen que pagar fundamentalmente los vehículos que más las deterioran" y que "sea gratuita la AP-15".