El calor aprieta y la clase política ya piensa en ir cerrando carpetas antes de que el Parlamento de Navarra baje la persiana por las vacaciones de verano. El curso político llega a su fin centrado en la vivienda, que sigue siendo una de las principales preocupaciones de los ciudadanos: el pleno de este jueves debatirá dos proposiciones de ley clave: la primera busca regular el alquiler de habitaciones, mientras que la segunda pretende modificar la ley actual para que las viviendas de protección social en régimen de alquiler mantengan esa condición de forma indefinida.
Ambas leyes cuentan con los apoyos suficientes para ser realidad esta misma semana. La regulación sobre las habitaciones llega con el respaldo en bloque de PSN, EH Bildu, Geroa Bai y Contigo-Zurekin, y se topa con la oposición frontal de UPN y PP. Por su parte, la propuesta para congelar indefinidamente la calificación del alquiler protegido no cuenta con la firma de Geroa Bai; sin embargo, la formación ya ha avanzado que facilitará su aprobación frente al rechazo de las derechas.
Este luns, tras la reunión de la Mesa y Junta de Portavoces de cada lunes en la Cámara, el representante de UPN, Javier Esparza, criticó con dureza las dos normas asegurando que “no van a arreglar los problemas de vivienda que tiene muchísima gente en esta comunidad” y que solo añaden incertidumbre al sector. Sostuvo que para hacer una política eficaz “tienes que planificar, coordinar, estar de la mano del sector y darle una salida. El sector tiene que estar ordenado y regulado”, y adelantó el voto negativo de los regionalistas porque las medidas “contribuyen a generar una inseguridad jurídica brutal”.
Por su parte, la portavoz del PSN, Ainhoa Unzu, recalcó que los textos que se debatirán el jueves son “muy importantes” y van a tener “unos efectos directos e inmediatos” en la ciudadanía. Definió la norma de mantenimiento del alquiler protegido como una regulación “urgente” tras recordar el apremio de “108 familias esperando la aprobación de esta ley porque ya tienen la carta de que se les acaba” su contrato este verano, lamentando en reproche directo a la oposición que “la derecha nuevamente se está apartando de este objetivo”.
Desde las filas de EH Bildu, Laura Aznal afirmó que estas iniciativas buscan “proteger a las personas más vulnerables” dentro del mercado. Alertó sobre el arriendo por estancias porque “responde a una realidad cada vez más extendida y es que hay personas que ya no pueden permitirse alquilar una vivienda y se ven obligadas a vivir en una habitación”, y zanjó sobre los pisos públicos que “queremos evitar que se den pelotazos con viviendas que se construyeron con dinero público y garantizar que sigan cumpliendo con su función social”.
Asimismo, el portavoz de Geroa Bai, Pablo Azcona, explicó que su prioridad es garantizar la estabilidad residencial y conseguir “mantener las garantías de las personas y las familias que están en estas viviendas de alquiler asequible”. Subrayó el peligro de la desprotección para lograr que los inmuebles públicos “no acaben en fondos buitre”, detallando que “estamos trabajando estos días con la información que hemos solicitado al Departamento, para, si existe la posibilidad, dar mayores garantías” en la votación.
En la bancada de enfrente, el portavoz del PP, Javier García, anunció el rechazo total a “esta chapuza jurídica”, incidiendo en los fallos de diagnóstico del Gobierno. Criticó que “ni ellos conocen realmente los datos” sobre la afección del parque residencial público y censuró el texto porque “lo que no necesita es tanta ideología”, alertando de que la norma traerá “inseguridad jurídica tanto para propietarios como para inquilinos” y reprochando al Departamento que improvise ante un problema tan serio.
Finalmente, Daniel López, de Contigo-Zurekin, valoró la regulación de este mercado secundario al detallar que la iniciativa pretende “equiparar los derechos de las personas inquilinas de habitaciones a los derechos de las personas inquilinas de vivienda”. Defendió que “no es una medida de vivienda; es una medida social” para que no se den abusos ante una realidad normalizada, y avisó de la situación de familias que ven “cómo sus casas o el edificio entero en el que viven pasa a manos de algún fondo de inversión”.
