CARLOS es un nombre ficticio. Duerme en su vivienda protegida pero come fuera de casa todos los días, se ducha en el gimnasio o en la fábrica, y tiene tres bombillas en su casa porque carece de instalación eléctrica. Manuel compró su vivienda al Gobierno hace dos años, ahora está desempleado y desde hace meses prefiere comer y cenar con sus padres, durante el día busca trabajo por lo que apenas hace vida en su nueva VPO. Son casos reales de viviendas protegidas con un bajo nivel de ocupación y que registran consumos mínimos. Tanto que han sido sancionados por parte del departamento de Vivienda bajo la sospecha de que estas viviendas no se ocupan. Algunas de estas penalizaciones han sido recurridas, también los servicios jurídicos de la asociación de consumidores Irache gestiona varias reclamaciones, y en muchos casos se ha conseguido rebajar la cuantía de la denuncia o incluso anularla, destaca Manuel Arizcun, director de Irache.

Lo habitual no es que una vivienda se presente con la persiana bajada, el buzón lleno de correspondencia o los contadores de servicios a cero. Basta con que los inspectores visiten esa vivienda y hablen con los vecinos para comprobar que está vacía. La picaresca funciona. Para determinar que una vivienda está desocupada el departamento de Vivienda se basa en el control de los consumos y en las inspecciones que realiza la Policía Foral. El año pasado el Gobierno de Navarra impuso un total de 57 sanciones por no demostrar una ocupación habitual.

Raquel vive en la primera fase de Sarriguren. Hace tres meses recibió una carta del departamento de Vivienda en la que se le requería los consumos de los dos últimos años de luz, agua y gas. Vive con su pareja. "Aporté todo lo que tenía, el certificado de empadronamiento, los recibos de la Mancomunidad, del gas, de Iberdrola...", señala. En su caso no hubo ningún problema. En cambio, a un conocido suyo del mismo barrio la Policía Foral se le presentó en su vivienda en dos ocasiones y detectaron consumos "no suficientemente altos porque era soltero, hacía deporte fuera de casa, y apenas tenía gastos". "Le incoaron un expediente sancionador y tuvo que presentar una declaración jurada de vecinos para justificar su residencia, además del certificado de empadronamiento, incluso documentó la llamada que hizo a la Policía Municipal para abrir la puerta de su casa. Al final la denuncia se archivó", expone.

Marisa vive en la calle Ibia de Sarriguren. Una carta certificada del Gobierno le reclamó las facturas de luz, agua y gas de los últimos 14 meses. "Otro día vino la Policía Foral sin avisar porque creían que la vivienda estaba a nombre de una persona cuando en realidad está registrada a nombre de la pareja". El 15 de septiembre le confirmaron que la documentación recibida era la correcta. "No nos parecen mal las inspecciones pero estamos avisando a otros vecinos para que guarde sus facturas porque es mucho tiempo", remarca. María, de 42 años y profesión liberal, ve bien los controles pero no que éstos se "ceban con gente que vive sola y tiene consumos menores; y ya sólo por eso ya resultamos sospechosos".

Manuel Arizcun, director de Irache, se muestra de acuerdo con la política de inspecciones para garantizar la finalidad de unas viviendas que las financiamos entre todos. "Lo que ocurre es que nos llegan también muchas consultas de gente que no sabe si las facturas que tiene se justifican o no son consumos lógicos, o porque no las guardan... En estos casos hay que aportar argumentos lógicos porque hay muchas circunstancias especiales y a veces es bueno que testifiquen los vecinos", señala.

La principal irregularidad en materia de vivienda sigue siendo la no ocupación de la misma. La venta o alquiler de la vivienda sin autorización también es motivo de expropiación. En la práctica, las VPO se venden y se paga un plus con dinero negro. Otra picaresca habitual es que los titulares de VPO la cedan a familiares o amigos de manera gratuita o que la alquilen o subarrienden fuera del marco legal. Precisamente ahora Vinsa ha dejado de alquilar las VPO que no estén ocupadas. El adjudicatario debe buscar por su cuenta el inquilino siempre que cumpla los requisitos y a precio oficial. Por otro lado, con la nueva ley se autoriza el alquiler de habitaciones, garajes y trasteros a precio oficial, y se restringe la permuta de VPO ya que habrá que esperar cinco años.