Necesidades sociales básicas desatendidas

Las personas con enfermedad mental grave de Navarra presentan necesidades sociales básicas que llevan muchos años sin ser atendidas debidamente. Desde el Foro de Salud Mental de Navarra, grupo integrado por un grupo de profesionales de diversos ámbitos relacionados con la salud, los servicios sociales, la educación, los medios de comunicación y el derecho, especialmente sensibilizados por el desamparo en que se encuentran las personas con enfermedad mental grave, se alerta de las carencias que hoy se dan en Navarra en el ámbito sociosanitario.

La realidad es que unos 18.000 navarros sufren trastornos psiquiátricos severos. Un 3% de los enfermos atendidos en la Red de Salud Mental padecen estas necesidades sociales que condicionan su estabilidad clínica. Contar con un alojamiento adecuado es esencial. Otros elementos indispensables para lograr su integración y el mayor grado posible de autonomía van por la vía de ocupar su tiempo en trabajos adecuados, ajustados a sus competencias o en actividades de diverso tipo.

"Viven con los padres pero echan en falta compañías de su edad. Muchos quieren trabajar y no pueden. Algunos van a actividades o han conseguido una plaza en lo ocupacional. Pero muchos están aburridos todo el día sin saber qué hacer", dice el padre de un varón en la cuarentena. "Quienes hemos visto pacientes en la consulta durante años, sabemos muy bien que, para la persona con enfermedad mental grave, la mejor intervención preventiva y estabilizadora consiste, cuando por diversas razones no pueda permanecer con su familia, en vivir en un alojamiento digno con el nivel de supervisión adecuado a sus necesidades y en tener bien organizados los horarios y actividades de la jornada, asegura Víctor Peralta, psiquiatra y actual Director de Salud Mental de Navarra.

un lugar digno y adecuado Desde hace casi treinta años, a raíz de la Reforma Psiquiátrica de 1986, en Navarra existen carencias graves de todo tipo de alojamientos para personas con enfermedad mental. Al cerrar el Psiquiátrico, buena parte de los enfermos mentales pasaron a vivir con sus familias. A lo largo de este tiempo, los de peor diagnóstico, muchas veces complicado con desórdenes diversos y consumos, se han visto obligados a alternar la calle con alojamientos mediocres y hasta indeseables, que carecen de casi todo lo que necesitan.

Cuanto más grave es la discapacidad, mayor es la dificultad para compartir el mismo techo con su pareja o con su familia. Sólo un 26% de los EMG, (personas con enfermedad mental grave), convive con su pareja y un 40% de los que viven solos tienen trastornos graves. En la mayor parte de los casos, se ven obligados a vivir en pensiones y patronas, en las que tienen que pagar precios abusivos por alojamientos a menudo indignos, pensiones alimenticias alejadas de las buenas prácticas de la dietética y muchas veces en habitaciones compartidas. Además, en algunos casos, se les ha llegado a dar un trato abusivo y hasta vejatorio.

Nadie controla ni exige nada a estas pensiones y patronas que, a menudo, se aprovechan de las circunstancias y se permiten cobrar alrededor de 610 euros por alojamiento en habitación compartida y pensión completa. Si la habitación es individual el precio oscila entre 700 y 800 euros al mes En muchos casos, el dinero para pagar esas mal llamadas "patronas tuteladas" procede del departamento de Asuntos Sociales

Cuando hay gran inestabilidad o malestar, si su conducta es intolerable, o simplemente mala, se les echa a la calle. Y ahí se inicia una cadena de situaciones de altísimo riesgo que llevan, ocasionalmente, a desenlaces trágicos. Otras veces, en el mejor de los casos, acaban por ingresar en un centro hospitalario hasta que se recuperan para volver a iniciar el llamado "proceso de la puerta giratoria". Además del perjuicio para el enfermo, y a veces para los vecinos, todo ello supone un gasto mucho más alto para el erario público que el de mantener a estas personas debidamente alojadas y cuidadas de forma estable y continuada

institucionalizados en la familia Desde hace años hay menos enfermos institucionalizados (ingresados en centros psiquiátricos). Pero eso no significa que se haya logrado que las personas con enfermedad mental grave recuperen capacidades que les permitan llevar la vida más independiente y autónoma posible. En muchos casos las personas con enfermedad mental viven con su familia porque, a falta de alojamientos intermedios adecuados, la dependencia de la institución psiquiátrica se ha trasladado a otro medio protector, el familiar, más adecuado pero también más vulnerable. A lo largo de los últimos veinticinco años la mayor parte de las familias afectadas han hecho un esfuerzo titánico, conviviendo y atendiendo a enfermos, muchas veces difíciles, sin apenas más conocimientos y recursos que los que proporciona el sentido común y las aportaciones esporádicas de algunos profesionales y de las asociaciones de familiares.

Pero la necesidad de alojamiento no es solo para familias desbordadas. Hay muchas personas con trastorno mental grave que no tienen familia, y otras cuya familia no está capacitada para dar cuidados adecuados. Ahora, quienes trabajan en Salud Mental empiezan a encontrarse con que, al fallar ese respaldo familiar, (generalmente padres de edades avanzadas), se produce con frecuencia un agravamiento serio del estado del enfermo por carecer de los soportes que le habían mantenido en un estado de relativa normalidad.

exclusión social Muchas personas con esquizofrenia y otras enfermedades psiquiátricas graves sufren discapacidades que limitan sus posibilidades de vida independiente. Cuando no hay respaldo familiar ni protección social ni apoyo residencial, o éstos son escasos, se corre el riesgo de que el enfermo se encuentre sin hogar. Los expertos consideran que un 35% de las personas sin hogar tienen la enfermedad mental como causa principal. Y esta cifra se eleva al 50% si se incluyen los trastornos por consumo de sustancias.

"El desarrollo de programas de apoyo social para personas con enfermedad mental grave, y especialmente de apoyo residencial, es una necesidad socio-sanitaria prioritaria" afirma Marcelino López, psiquiatra y sociólogo, director del departamento de Programas de la Fundación Pública Andaluza para la Integración Social de Personas con Enfermedad Mental. Y añade: "Prestar el apoyo comunitario que necesitan las personas con trastorno mental tiene un costo mayor que su exclusión social. Los servicios de calidad habitualmente son más caros pero más eficientes que los malos servicios y producen mejores resultados. Se necesita un esfuerzo económico importante para planificar una inversión residencial más justa, eficiente y de calidad para los enfermos mentales graves".

urge una red de pisos Desde que se puso en marcha el Programa de Atención a personas con Trastorno Mental Grave (TMG), en noviembre del 2005, Asuntos Sociales ha ido creando un número significativo de plazas residenciales y otros recursos pero falta una red de pisos con distintos grados de tutela. "Disponer de una red amplia y bien diversificada de pisos con varios grados de supervisión y apoyo tiene indudables ventajas. Aparte su bajo coste y la facilidad para crearla, su valor primordial es la flexibilidad de poder ofrecer a los enfermos aquel alojamiento que reúna las condiciones de tutela más adecuadas a sus necesidades, preservando el mayor grado posible de autonomía", indica Alfredo Martínez, Jefe del Servicio Asistencial del Área de Recursos Intermedios y ex - Presidente de Foro Salud Mental

Si se coloca a un paciente con nivel de autonomía alto en una plaza RAEM (Residencia Asistida para Enfermos Mentales), se le está encorsetando en un grado que roza lo ético. Y al revés, si un enfermo que precisa tutela intensa, tiene que vivir en un alojamiento que no reúne esas condiciones, se le está privando del tratamiento preciso para su salud y bienestar. "Porque la enfermedad mental no es un proceso degenerativo, tipo demencia, que tiene un deterioro progresivo y predecible. La enfermedad mental funciona por episodios y la evolución es fluctuante. Un enfermo puede estar bien en un piso supervisado pero, si se descompensa, va a necesitar otro tipo de residencia para ser atendido durante un tiempo y para no alterar el buen funcionamiento de sus compañeros" abunda Alfredo Martínez.

"Hay que hacer un análisis de la situación. Será función de las trabajadoras sociales de la Red de Salud Mental evaluar las necesidades residenciales que tiene un determinado paciente en relación a los recursos existentes y mantener actualizado un registro de tales necesidades. Si no existe el recurso apropiado hay que crearlo. Tenemos que mantener una evaluación sistemática, desde Salud, de las necesidades cambiantes de recursos sobre un mapa de dispositivos actualizado periódicamente", apunta Víctor Peralta.

La figura del "gestor de casos", que todavía no existe en Navarra, también puede contribuir significativamente a un seguimiento ágil de las necesidades cambiantes de los pacientes. Y si el sistema funciona con historias debidamente informatizadas, será fácil conocer con prontitud las necesidades reales y planificar sobre un mapa de servicios.

La Ley de Dependencia ha introducido cambios significativos al garantizar la residencia a los enfermos mentales que reúnen ciertos requisitos. "La Ley de Dependencia garantiza estos recursos, siempre que se reúnan los requisitos de dependencia o de discapacidad, que exige Asuntos Sociales. En Navarra se ha hecho un esfuerzo importante en adaptar el criterio de idoneidad de dependencia física-social para evitar el agravio comparativo que, de otro modo, se imponía a los enfermos mentales. En cuanto a la asignación de plazas, se intentan cumplir los plazos porque así las listas de espera son más reales", precisa Carmen Garde, Coordinadora del Plan Sociosanitario.

experiencia andaluza Otras comunidades han tomado la delantera para insertar a las personas con enfermedad mental en la sociedad en la que les ha tocado vivir. La Faisem, (Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental), creada en diciembre de 2003, se ha convertido en un referente no solo en el Estado, donde ha asesorado a entidades y profesionales de varias comunidades, sino también en América Latina donde colabora con la organización regional de la OMS para asesorar a profesionales en temas de rehabilitación y apoyo social . En Portugal colaboran con un equipo intersectorial portugués, (Salud y Servicios Sociales), para elaborar un plan de desarrollo de recursos residenciales y de atención diurna. En la actualidad, con una población de 8,3 millones de habitantes, la Faisem andaluza cuenta con 875 personas en 54 casas-hogar y 738 en 168 viviendas supervisadas. Según la Memoria de 2007, la ratio andaluza estaba en 10 plazas en residencia por cada 100.000 habitantes. Navarra alcanzará esa proporción en el año 2013, gracias a las plazas residenciales que Asuntos Sociales ha venido creando y a las residencias que está previsto poner en funcionamiento para entonces. En cuanto a la red de pisos, Andalucía tiene una ratio de 9,6 plazas por cada 100.000 habitantes mientras Navarra, sólo de 3,5.

La Delegada malagueña de la Fundación Pública Andaluza, Teresa del Sol, apunta que "las residencias-hogar nos exigen un esfuerzo económico importante, (20 empleados para 25 usuarios, además de construir la casa y mantenerla), pero la red amplia y diversificada que hemos creado de pisos con diversos grados de tutela nos permite acoger a personas con distintos niveles de limitación ofreciéndoles una atención hogareña y a la vez educadora, que potencia su autonomía. Son fáciles de organizar y mantener y su coste es llevadero".

"Los vamos creando a demanda -añade-. La mayor parte de ellos con tres usuarios porque es el número que nos da mejor juego. Ponemos especial empeño en dar una atención y seguimiento personalizados y para ello contamos con una red de terapeutas y personal auxiliar a los que damos formación específica"

Las personas alojadas en viviendas supervisadas y casas-hogar que reciben alojamiento y manutención aportan, según las disposiciones legales de la CCAA (comunes a todos los servicios residenciales), hasta el 70% de sus ingresos anuales, siempre que no supongan más que el coste de la plaza.

emigrantes a otras ccaa En Navarra, algunas de las carencias y lamentables situaciones expuestas por la Defensora del Pueblo en el Informe sobre la Salud Mental de 2003 se van subsanando. En ese Informe se cifraba en 70 los ciudadanos navarros que habían tenido que "exportar" a clínicas y residencias de otras CCAA. Según los datos facilitados ahora por la directora de Asuntos Sociales, Marta Álvarez, "hay 33 personas que cobran la prestación Vinculada al Servicio, tanto en residencias fuera de Navarra como en plazas privadas dentro de la Comunidad".

Varios médicos de la Red de Salud Mental valoran los avances, pero dejan constancia de que hay muchas necesidades que todavía no han sido atendidas: "No es desdeñable el progreso habido, desde que entró en funcionamiento en 2005 el Programa de Trastorno Mental Grave, para incrementar la atención a los enfermos mentales. Pero es lamentable que la aportación realizada por Asuntos Sociales, estos últimos años, sea muy superior a lo que se ha hecho desde el departamento de Salud".

Por su parte, algunas trabajadoras sociales afirman que "continúan sin plantearse una diversidad de recursos que son imprescindibles para responder a las diferentes necesidades de los pacientes". Aluden al Informe de la Defensora del Pueblo que se hacía eco, hace ocho años, del malestar de numerosos familiares en relación con algunas carencias básicas y hacía alusión específica a la necesidad de alojamientos transitorios para cuando un paciente sale del centro hospitalario y necesita, tanto él como su familia, un período de readaptación, después de un ingreso involuntario.

para unidades familiares Las trabajadoras sociales viven día a día las carencias que afectan a los EMG y algunas de ellas aportan observaciones que conviene tomar en consideración. Consideran que se debe atender el criterio de patología mental para poder acceder con más facilidad a vivienda social. Además, añaden "no hay que olvidarse de grupos conflictivos como las personas con patología dual, menores con TMG (Trastorno Mental Grave) y alta conflictividad familiar ni a mujeres con TMG y víctimas de violencia de género".

Las trabajadoras sociales advierten de que "es preciso contemplar la necesidad de alojamientos para unidades familiares como parejas de personas con TMG, madres/padres con hijos al cargo, madres/padres mayores con hijo al cargo con TMG".

Recuerdan que la atención domiciliaria está concertada con Anasaps "pero la dedicación que puede ofrecer es escasa. El perfil idóneo del educador es el de Técnico en Integración Social porque el objetivo primordial es, casi siempre, una atención para favorecer la autonomía, socialización y desenvolvimiento en la comunidad". Las trabajadorassociales, al pie de calle insisten por último en que "conviene que la gestión de todo el circuito residencial sea llevada por una única entidad para facilitar los standares de calidad, la gestión, la flexibilidad y el tránsito de los pacientes de un dispositivo a otro".