Egüés debe pagar 7 millones por las licencias ilegales para un apartotel que concedió el exalcalde Galipienzo

La cantidad estimada como indemnización por parte del juzgado supone el 81% del presupuesto del consistorio del Valle de Egüés, que aprobó unas cuentas para este año de 8,5 millones de euros. Además, como propietaria de la parcela sigue figurando la mercantil Apartamentos Gorraiz, cuyo consejero delegado, según el fallo judicial, pasó a ser Emilio Izquierdo Jiménez, el que fuera Director General de Industria del Gobierno de Navarra entre 1997 y 1999. A la promotora se le compensa por resarcimiento del daño y además, como propietaria del terreno, todavía podría beneficiarse de una futura venta.

En la resolución judicial, la titular del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Pamplona ha estimado en parte el recurso interpuesto por la mercantil Apartamento Flores frente al Ayuntamiento del Valle de Egüés por la anulación de las licencias de actividad y obras concedidas en 2002 por el que fuera alcalde de UPN, Ignacio Galipienzo, para la construcción de un apartotel en una parcela de uso escolar.

intermediario en la operación Galipienzo actuó como intermediario en esa operación y además desoyó los requerimientos del Director General de Ordenación del Territorio, que exigía que no cambiara los usos de las parcela. Finalmente ésta se vendió y en enero de 2004, una vez descubiertas las irregularidades, Administración Local instó al Ayuntamiento a anular las licencias contenidas puesto que el uso para apartotel era manifiestamente contrario al Plan, cuando se concedió la licencia.

El recurso también se formulaba frente a Construcciones Juan Bautista Flores, que era la propietaria de la parcela S.2.2., que fue vendida en primer lugar a una empresa denominada Salud Laboral 3000 por 5,4 millones de euros. El mismo día ésta revendió la parcela a Apartamentos Gorraiz por 6,4 millones. Pero la juez no estima el recurso contra Flores al entender que esos daños y perjuicios contra la constructora podrán reclamarse en la jurisdicción civil, pero "es errónea" formularla en el Contencioso-Administrativo.

El recurso interpuesto por Apartamentos Gorraiz iba todavía más lejos, ya que solicitaba en el juzgado 6,97 millones en concepto de daños, una suma de 12,58 millones por perjuicios o lucro cesante, es decir por privársele a la demandante del derecho de construir y explotar el apartotel y solicitaba además 725.000 euros por daños morales. La juez concede la indemnización de 6,96 millones de euros en base al informe pericial judicial que detalla los encargos que Apartamentos Gorraiz realizó a diversas empresas externas de proyectos, informes y estudios para poner en marcha el negocio.

Sin embargo, la juez estima "únicamente la reclamación en cuanto a la cuantía en parte porque solo se reconoce, como efectivamente producidos, los daños constatados y reflejados por el perito judicial en su informe, no así los perjuicios obtenidos en concepto de lucro cesante o ganancias dejadas de percibir, ni tampoco por el concepto de daños morales, pues no se estima constatado agresión al crédito y prestigio comercial" de la mercantil.

La juez lanza un nuevo rapapolvo contra Ignacio Galipienzo por su actuación irregular al frente de la alcaldía que ostentó entre 1999 y 2003. Ya condenado por prevaricación a un año de prisión por el Juzgado de lo Penal número 4, fallo ratificado por la Audiencia Provincial, Galipienzo sigue estando en el foco de la nueva sentencia. La juez señala que la Administración local debía haber denegado la concesión de la licencia de obras y que "ha quedado suficientemente acreditado que, en este caso, la actuación del ayuntamiento fue arbitraria, totalmente irrazonada e irrazonable, hay un error evidente y manifiesto, tal y como se ha probado, y por lo tanto procede concluir que el administrado (Apartamentos Gorraiz) no tenía el deber jurídico de soportar el daño producido".

se buscó acuerdo extrajudicial La sentencia del Juzgado de lo Contencioso desvela además que la promotora Apartamentos Go-rraiz y el Ayuntamiento del Valle de Egüés buscaron "una solución extrajudicial" a la que, según el fallo, habían llegado el 23 de enero de 2009 cuando "ambas partes solicitaban conjuntamente y de mutuo acuerdo dar por finalizado el procedimiento". Sin embargo, la juez recuerda que "el acuerdo en cuestión no se aportó al juzgado en ningún momento" e incluso llega a señalar la juez que la parte demandada, el Ayuntamiento, "insiste con escritos cada vez más sorprendentes de que efectivamente se ha producido un acuerdo extrajudicial", que sin embargo volvió a no aportarse en el juzgado. Por lo tanto, para la juez no cabe otra conclusión que "si no hay acuerdo no puede terminarse el proceso más que con sentencia".

El fallo del juzgado de lo Contencioso es ahora recurrible ante el Tribunal Superior de Justicia de Navarra. En caso de que esa sentencia, que ya será firme, condene al Ayuntamiento del Valle de Egüés a pagar a la promotora, el consistorio podrá realizar una reclamación por responsabilidad civil contra su exalcalde, Ignacio Galipienzo.

SANZ: "EL GOBIERNO ACOMPAÑARÁ A EGÜÉS EN SU CAMINO" El presidente del Gobierno foral, Miguel Sanz, ha valorado que "fue su Ejecutivo" el que desautorizó al Ayuntamiento del Valle de Egüés la concesión de la licencia urbanística.

Así lo ha subrayado Sanz a los periodistas antes de inaugurar una Jornada sobre Transporte, donde ha recordado que su Gobierno vio en su día que la licencia otorgada "no se ajustaba a la legalidad urbanística vigente".

Preguntado sobre si ahora su Ejecutivo actuará para paliar el desembolso que debe hacer el Ayuntamiento de Egüés, Sanz ha indicado que "quien tiene que hacer algo es el Ayuntamiento, pero en ese caminar contará con todo el respaldo técnico y administrativo que le pueda prestar" el Gobierno de Navarra, pues fue éste el que le "instó" a rechazar esa licencia en base al cumplimiento del ordenamiento urbanístico vigente, ha dicho.