El guardia civil que fingió un atentado en Leitza quiso emular lo vivido por Beiro

pamplona. El agente, para quien la fiscal pide 8 meses de prisión y multa de 2.400 euros por simulación de delito y desórdenes públicos, se confesó autor de todos los hechos durante la vista y reconoció que había pensado en suicidarse: "Lo único que quería era descansar y ya está", comentó antes de pedir perdón "por todas las molestias y los daños causados". Su defensa solicitó la absolución.

Los hechos tuvieron lugar durante la madrugada del 30 de noviembre de 2009 cuando el acusado se disparó en el antebrazo izquierdo con la pistola de un compañero y colocó unos tubos y una fiambrera vacíos para simular la existencia de un explosivo dirigido contra la casa cuartel, que tuvo que ser desalojada por la falsa alarma terrorista.

El agente, que se mostró visiblemente afectado durante todo el juicio, comentó que el atentado en el que el 24 de septiembre de 2002 murió su compañero Juan Carlos Beiro, al estallar una bomba trampa colocada en una pancarta que ambos procedían a retirar, le cambió la vida y le hizo sentirse culpable al pensar que le tendría que haber pasado a él, porque tenía menos cargas familiares. También explicó que después de ser trasladado a Málaga, volvió a pedir como destino la localidad navarra, "porque tenía una deuda pendiente".

amenaza real En el juicio también declararon diez agentes de la Guardia Civil que explicaron como fueron los instantes posteriores al tiroteo simulado por el acusado, que aseguraba que le habían disparado y que había "un paquete explosivo". Además, todos coincidieron al considerar que el supuesto atentado fue vivido como "cierto, real y seguro", por lo que el despliegue policial fue multitudinario.

El médico forense, por su parte, atribuyó al acusado una personalidad histriónica, lo que hace ser "una persona teatral que busca ser el centro de atención, que la gente esté pendiente de él. Es un poco peliculero". Además, descartó que su cuadro clínico encaje en el de estrés postraumático y consideró que sus capacidades solo estaban levemente afectadas cuando cometió los hechos enjuiciados.

Esta circunstancia fue destacada por la fiscal, que pidió la atenuante de alteración psíquica, circunstancia a las que la defensa añadió la analógica de confesión y la de reparación. Asimismo, defendió la inexistencia de delito, y por tanto de pena, aunque defendió que, en caso contrario, se imponga un mes de multa con una cuota diaria de cuatro euros por la simulación de delito y tres meses de multa, con la misma cuota, por los desórdenes públicos.