Barakaldo. Amaya Egaña cogió el teléfono en busca de ayuda la noche del jueves. Era demasiado tarde. A punto de dar las nueve y media de la mañana, una comitiva judicial se disponía a ejecutar el desahucio de su vivienda, en el barrio baracaldés de Urban-Galindo. A la misma hora, la mujer, vecina de Barakaldo, fallecía tras arrojarse desde el balcón de su casa, en el cuarto piso de la Avenida Altos Hornos de Bizkaia. Amaya tenía 53 años, un hijo de 21 y había sido concejala del PSE en el Ayuntamiento de Eibar. Su marido José Manuel Asensio, que hace una década formó parte del equipo de gobierno fabril de Carlos Pera, se encontraba en el trabajo en el momento del trágico suceso. Barakaldo se movilizó ayer para mostrar su rechazó ante los desahucios en sendas concentraciones.
Cada día, 14 familias viven el drama del desahucio sólo en la CAV. La historia de Amaya ha sido la primera de Euskadi que ha terminado en tragedia; la segunda en todo el Estado (hace dos semanas otra mujer se suicidó en Granada). La llamada que efectuó la baracaldesa el jueves por la noche iba dirigida a Félix Martínez, responsable de Stop Desahucios en la Margen Izquierda. "Ojalá me hubiese dicho que el desahucio iba a ejecutarse hoy -por ayer-, la habríamos podido ayudar", aseguraba. Pero Amaya llevaba de una manera muy discreta su situación económica. En el barrio en el que residía junto a su marido y su hijo, nadie conocía la precariedad en la que se encontraba la titularidad de su vivienda. Nadie hasta que en la mañana de ayer, la vecina de Barakaldo decidió subirse a una silla en el balcón de su piso y arrojarse desde ella antes de que desde el juzgado pudiera ejecutarse el desahucio.
el piso en venta Amaya trabajaba desde hace más de 30 años en el departamento de Recursos Humanos de la empresa TCSA, concesionaria de Bizkaibus. Su marido trabaja en una empresa bilbaína a la que habría accedido tras abandonar el Área municipal de Seguridad Ciudadana a la llegada de Tontxu Rodríguez (PSE) a la Alcaldía. A pesar de los ingresos que entre los dos reunían al mes, parece que no eran suficientes para tener al día las mensualidades de su préstamo hipotecario con Building Center SA, creada por La Caixa. El piso de 104 metros cuadrados, situado en el número 11 de la calle Escuela Artes y Oficios, esquina con la Avenida Altos Hornos, llevaba meses anunciado en la web inmobiliaria Servihabitat, a un precio de salida de 233.180 euros -38.797.887 pesetas-. Ayer por la tarde ya había sido eliminado de la web.
La comitiva judicial que acudió ayer al levantamiento de la vivienda logró entrar al portal después de que la propia víctima les facilitara el acceso. Según el relato de la Er-tzaintza, antes de que los responsables judiciales llegaran al cuarto A, Amaya ya se debatía entre la vida y la muerte. Y es que aunque no murió en el acto, los facultativos que se desplazaron hasta la localidad fabril no pudieron hacer nada por salvar su vida. "Ayer me llamó muy nerviosa", describía desconsolado el responsable de Stop Desahucios en la zona. "Me pedía unos papeles, ayuda. Pero nosotros no podemos solucionar nada por teléfono, así que le pedí que se acercará hoy -por ayer- hasta la asamblea que celebramos en Algorta. Ella dijo que vendría", aseguraba Martínez. En ningún momento Amaya mencionó que ayer se ejecutaría su desahucio. "No nos dijo nada, si lo hubiera hecho, nos habríamos puesto a trabajar en el tema, hubiésemos dormido con ella en casa, que es como se suele actuar en estos casos y le hubiésemos prestado apoyo", subrayaba Marta Uriarte, coordinadora de la asociación en Bizkaia. "No puede ser, por Dios. ¿Cuánta gente tiene que morir para que se empiece a buscar una solución?", lamentaba entre sollozos. "Esto tiene que servir para que se negocie una solución a este problema", añadía.
Los vecinos tampoco daban crédito a la tragedia con la que habían amanecido. "Nunca trascendió que tuvieran problemas, era una familia muy normal", decía Rosa, vecina del tercero. "Nunca contaron que tenían problemas, como él fue concejal... Igual tenían vergüenza de que se supiera algo así cuando todos debemos algo al banco", aseguraba un hostelero de la zona.
Cambios Hasta el lugar de los hechos se desplazaron también un afectado Tontxu Rodríguez, alcalde del municipio, y Olga Sáez de Santamaría, responsable del Área de Seguridad Ciudadana, que acompañaron al marido de la víctima hasta el hospital de San Eloy, donde fue atendido. El trágico final de Amaya despertó las primeras peticiones de "cambios" en las leyes. El primero en solicitar el cambio de rumbo fue Juan Carlos Mediavilla, juez de guardia de Barakaldo que, tras ordenar el levantamiento del cadáver, instó a aplicar las modificaciones oportunas para "que los jueces puedan interpretar y aplicar la nueva normativa y atender de una mejor manera estas situaciones".
Hasta la Avenida Altos Hornos de Bizkaia también se desplazaron los representantes municipales del PNV, Bildu y el PP, quienes quisieron mostrar su apoyo a los familiares de la víctima. "Sólo nos queda trasmitir nuestro cariño y pedir a los responsables gubernamentales que den los pasos necesarios para que de una vez por todas dejen de repetirse este tipo lamentable de sucesos", destacaba Amaya del Campo, portavoz del PNV de Barakaldo. "En espera a que se apruebe la nueva ley, se debería hacer efectiva de manera inmediata la suspensión de las órdenes de nuevos desahucios", argumentaba la jeltzale. Por su parte, Jorge García, portavoz de Bildu, solicitó la reunión de la Junta de Portavoces y una concentración; petición que fue apoyada por los populares pero rechazada por el propio alcalde, que "por respeto a la familia", decidió mantenerse al margen.
Cientos de vecinos mostraron su repulsa a los desahucios en las distintas manifestaciones convocadas en Barakaldo y Bilbao. Su presencia pedía algo concreto. Que la historia de Amaya no vuelva a repetirse.
