Condenan al empresario Fermín Elizalde por un negocio fraudulento en Vallecas

PAMPLONA. La trayectoria del empresario navarro Fermín Elizalde Urmeneta, presidente del grupo ISN y muy bien relacionado con UPN, sigue generando episodios oscuros que producen sarpullido entre la clase obrera. La última aventura por la que Elizalde ha salido escaldado de los juzgados tiene que ver con la compraventa nula y fraudulenta, así declarada en los tribunales, del centro de la compañía de transporte urgente United Parcel Services (UPS) en Vallecas, trasnferida a la firma Integración de Logística Complementaria (ILC), que forma parte del grupo ISN de Elizalde.

La truculenta operación consistió en que ILC, la firma de Elizalde, compraba UPS Vallecas a cambio de 1 euro. Solo el inmueble de este centro de trabajo está valorado en 1,5 millones de euros. No solo terminaba ahí el negocio. Elizalde también recibió 10,5 millones como comprador como indemnización. Los representantes sindicales de Vallecas añaden que el propósito de esta entrega de dinero no es otro que el de que Elizalde hiciera "el trabajo sucio: desmantelar el centro de Vallecas y deshacerse de sus trabajadores".

El comité de empresa de UPS Vallecas, que describe a Elizalde como "testaferro nacional" de la compañía, recuerda que la compraventa de la empresa no es más que el epílogo de una historia en la que la empresa ha actuado a machamartillo contra sus empleados. Desde que abriese un centro de logística en Coslada (Madrid), UPS pretendía cerrar el de Vallecas y quitarse de encima a sus trabajadores. Pero por el momento no han podido desintegrar el centro, ni aun con Elizalde de por medio.

UPS presentó a su plantilla entre 2008 y 2010 tres Expedientes de Regulación de Empleo (ERE) que fueron rechazados por las autoridades laborales. No había causas económicas u organizativas. Y, ahora, pese a que UPS había encontrado en la sociedad del empresario navarro un buen aliado para deshacerse de su centro en Vallecas, el juzgado de lo Social nº 30 de Madrid les ha parado sus aviesas intenciones. "La compraventa de plantilla laboral, tanto en conjunto como por cada trabajador, es un negocio jurídico ilícito, cuya causa es contraria a las leyes y a la moral". "Un tráfico prohibido de mano de obra". La sentencia no es firme todavía. Tanto UPS como ILC, condenadas por el juez a pagar 3.000 euros cada firma por temeridad y mala fe, han anunciado que la recurrirán.

información sesgada El fallo anula la compraventa de la empresa y obliga a readmitir a 85 trabajadores. Las artimañas usadas en la negociación por la compañía de transportes y el comprador Elizalde no pasan por alto en el análisis del juez. "El acuerdo de compraventa fue ocultado en sus aspectos laborales a los trabajadores por expreso acuerdo en tal sentido, en el que las partes se obligan a no revelar la información confidencial a los empleados. Es más, los trabajadores y sus contratos son parte directa del objeto del negocio jurídico. Fue altamente significativa a este respecto la declaración en interrogatorio en la que el representante de ILC (Elizalde) reconoció, no sin renuencias iniciales, que recibió 10,5 millones de euros justo por hacerse cargo de la plantilla. Ese pago está igualmente omitido con todo cuidado en las actas de manifestaciones", que firmaron ante notario UPS y ILC. En dicha acta, dice el juez, "se ha intentado ocultar al juzgado mediante una actuación abiertamente contraria a la lealtad, buena fe y probidad procesal, consistente en sustituir el texto original completo por una reseña parcial e interesada".

El magistrado aprecia "flagrante temeridad en las empresas demandadas" y recuerda que "la aportación incompleta, sesgada y parcial de documentación como el acta notarial han provocado una demora en el procedimiento, algo importante teniendo en cuenta que muchos de los actores están desde agosto en suspensión de contrato y sin cobrar salario".