pamplona. La demanda de alquiler protegido se ha disparado en los últimos años como consecuencia de la crisis. Una realidad que choca con la escasa oferta de vivienda social en alquiler (en número, opciones y tamaños de pisos), unos precios que fija cada año Vivienda descolgados del mercado y en línea ascendiente hasta este año, la exigencia de unos gastos fijos que se imputan al inquilino, y unos requisitos de entrada que supone un importante desembolso económico, lo que está provocando que muchos inquilinos decidan no renovar sus contratos.

Otro de los principales problemas al que se enfrentan los arrendatarios de VPO es el acceso a las ayudas (hasta el 75%) ya que se mide la renta hace dos años y la realidad económica de muchos de ellos ha cambiado. De ahí que el departamento de Vivienda del Gobierno foral se plantee ahora estudiar una rebaja de los precios y agilizar los procedimientos administrativos para pedir las subvenciones a Vivienda. Lo cierto es que, en este momento, los inquilinos pagan unos 550 euros de media si no tienen ayudas, mientras que estas llegan tarde porque se tiene en cuenta los ingresos de 2011. Alquiler que se encarece con los gastos de comunidad, que oscilan entre los 50 y 70 euros, y hasta ahora también la contribución urbana. El Consejo de Administración de Nasuvinsa acordó el pasado 6 de mayo no girar estos recibos a partir de este año 2013, lo que venían a suponer al ocupante del piso más de 200 euros al año, es decir 18 euros más al mes.

En la actualidad, el precio del metro cuadrado es de 5,81 euros. Una vivienda de 80 metros cuadrados cuesta 494 euros, con garaje y trastero supera los 550 euros mensuales, a los que se suman los gastos de comunidad, es decir 600 euros en total, sin hablar de consumos.

Uno de los casos más recientes fue el de Txuma Ayala, que con apoyo de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca logró paralizar su desahucio cuando debía cuatro meses de alquiler (VPO) después de ocupar su vivienda durante 14 años. Txuma, separado y con dos hijos, pagaba 526 euros al mes cuando cobraba 426 de subsidio y no tenía ayudas porque hace dos años sí trabajaba. Otra familia de Berriozar que había dejado de percibir todo tipo de prestaciones sociales, seguía pagando 478 euros de renta por una vivienda con plaza de garaje, vinculada a sus ingresos en 2010. Así, se les acumuló, al suprimirse las subvenciones forales por los impagos, una deuda de 3.200 euros, y en noviembre la promotora inició su desahucio. Los ingresos mínimos para acceder a una VPO en alquiler son de 3.000 euros (máximo de 1,7 veces el IPREM) y el baremo tiene en cuenta la necesidad de vivienda, las edades de los solicitantes, presencia en la unidad familiar de persona o personas con un grado de discapacidad igual o superior al 65%, ascendientes que vivan con el solicitante, víctimas de violencia de género y estar empadronado en Navarra. A diferencia de las viviendas de propiedad, en alquiler social donde no está permitido el realquiler de habitaciones.

renovar el censo A día de hoy, según los datos que maneja Nasuvinsa, la relación de personas inscritas en compra es de 1.416, mientras que la de alquiler es de 5.942. De esta última cifra, 3.161 optan solo por el alquiler, 852 personas desean exclusivamente alquiler con opción a compra, y 1.929 señalan en su solicitud ambas opciones. De las personas inscritas en alquiler, 2.417 ya ocupan una vivienda con contrato de alquiler pero buscan una más económica, "en caso contrario renuncian a ella", destacan fuentes del departamento de Vivienda. También figuran en el censo (ahora caducará a los dos años si no se renueva) más de 1.700 personas que renunciaron a viviendas de alquiler pero que "en muchos casos siguen figurando como inscritos, y a veces resultan ilocalizables". "La lectura es que los solicitantes no actualizan sus datos como nos gustaría, por eso se va a proceder a dar de baja del censo a cerca de mil personas que no en dos años no han renovado su inscripción, y para ello tienen hasta el 21 de agosto para realizar los cambios", añaden.

David Marticorena, de 36 años, y Vanesa Zapata, de 32, llevan ocho años viviendo de alquiler en Barañáin, un piso de ocho habitaciones por el que pagan 650 euros, lo que sumados los gastos corrientes (agua, luz y calefacción) se dispara al millar de euros. Esta semana acudieron a Nasuvinsa para pedir un alquiler social y pagar así una renta "más económica". "Tengo amigas que pagan 350 euros por una vivienda familiar con subvención del Gobierno y es una cantidad que nos parece adecuada", remarcan. David vino de Perú hace diez años y cinco años después lo hizo su mujer; la hija de ambos tiene 14 años. Tienen la suerte de trabajar pese a la crisis pero "no las mismas horas". Él se emplea en una empresa de repuesto de coches y ella en un supermercado. "Nos queremos quedar aquí porque la niña está muy contenta y quiere seguir estudiando aquí (le gustaría hacer Ciencias Políticas), además de que es muy aplicada. Nos gusta el país y la seguridad que encontramos", remarcan.