pamplona. El colectivo de vigilantes de seguridad, integrado actualmente por unos 800 trabajadores en Navarra, asiste expectante a los avatares de la tramitación de la nueva ley que regulará la actividad, un proyecto que ha hecho correr ríos de tinta sobre las nuevas competencias que contempla para estos profesionales, como la de llevar a cabo detenciones en la vía pública siempre que concurran unas determinadas circunstancias.
Aunque el PP parece abrir la puerta a la privatización de la seguridad pública, los trabajadores consideran que el nuevo texto legislativo, que aún debe concretarse en el correspondiente reglamento, no variará excesivamente la realidad actual, sino que servirá de paraguas legal a las actuaciones que ya acometen en estos momentos.
El Congreso daba luz verde la semana pasada al polémico proyecto de Ley de Seguridad Privada, que cuenta con el favor de PNV y CiU, y el rechazo del PSOE e Izquierda Plural, y que será remitido al Senado con algunas novedades con respecto al texto inicial, tras la incorporación de más de setenta enmiendas. Aunque el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, aseguraba que "es falso" que su departamento vaya a sustituir a policías o guardias civiles por agentes de seguridad privada en las calles, las suspicacias y las críticas a las verdaderas intenciones del Partido Popular han proliferado durante los últimos días.
Desde la Comunidad Foral, la impresión del colectivo de vigilantes es que la nueva ley no cambia "sustancialmente" sus atribuciones en relación con las leyes vigentes. El presidente de la asociación de seguridad privada de Navarra ASP/92, Jesús Martínez, sí admite que el nuevo texto "abre la puerta a que realicemos otro tipo de servicios, como vigilancias en la vía pública en zonas comerciales peatonales, pero que no difieren tanto a lo que ya hacemos". "Cuando a Pamplona viene Televisión Española o Telecinco en Sanfermines, el coche lo tienen en la calle y el vigilante está en la calle. En las universidades los vigilantes también actuamos y en los polígonos. Sí es cierto que en una calle de una ciudad no estamos, pero tampoco lo veo tan problemático", añade Juan Dopazo, vicepresidente de ASP/92.
El sector de la seguridad privada está copado en la Comunidad Foral por 24 empresas, entre grandes multinacionales, como Eulen, Securitas o Prosegur, y otras de menor tamaño, que emplean actualmente a unos 870 profesionales entre vigilantes de seguridad, de explosivos, de transporte de fondos y escoltas. En torno al 90% de ellos están encuadrados en el primer grupo, y son los que estarían afectados directamente por la aplicación de la nueva ley. La dimensión del sector de la seguridad privada en Navarra, no obstante, ha menguado notablemente por efectos del cese de la actividad terrorista de ETA, ya que "hace dos años había más de 1.800 profesionales, unos 900 de ellos escoltas, que en estos momentos han quedado reducidos a un porcentaje mínimo".
colaboración con las fse Para describir "una actuación tipo", los vigilantes explican que "lo habitual es ver a alguien robando, por ejemplo, en un centro comercial y retenerlo en el recinto, aunque si es necesario también se puede perseguir al sospechoso incluso en la calle. Hay que tener en cuenta que ante la comisión de un delito flagrante no solo un vigilante puede intervenir en la vía pública, sino que puede hacerlo cualquier ciudadano. Una vez detenido, lo que hacemos es avisar inmediatamente a las Fuerzas de Seguridad del Estado, que es lo mismo que está planteando la nueva ley", explican los representantes de la asociación ASP/92.
En ese sentido, subrayan que el proyecto que está sobre la mesa "regula actuaciones que los vigilantes de seguridad ya estamos desarrollando", y destacan que "se ha puesto el grito en el cielo por la posibilidad de que controles los perímetros de los centros penitenciarios, cuando en la mayoría de las infraestructuras críticas, como aeropuertos, estaciones de ferrocarril, juzgados e incluso centrales nucleares, hay vigilantes de seguridad. De esto no se ha quejado nadie", enumera Dopazo. "Se están sacando las cosas de quicio y la nueva ley de seguridad privada no va a cambiar tanto las cosas en comparación con lo que ya pasa actualmente", recalca Martínez.
Para responder a los reproches que está recibiendo la reforma, el Ministerio del Interior se apresuraba en aclarar que según el texto que ahora debe pasar el trámite del Senado, los vigilantes privados solo podrán detener en la vía pública a quien cometa un delito en su ámbito de protección, es decir, el lugar que custodia, y deberán ponerlo a disposición de las Fuerzas de Seguridad competentes o las policías autonómicas. Además, nunca podrán proceder a su interrogatorio, ni practicar cacheos ni detenciones arbitrarias y sus actuaciones en la vía pública se ceñirán a las calles peatonales comerciales.
Pero no solo las formaciones políticas han censurado la nueva ley, sino que los principales sindicatos y asociaciones de la Policía Nacional y de la Guardia Civil han cargado contra ella. Solo la Confederación Española de Policía (CEP) ve "acertada" la modificación legislativa que impulsa el Partido Popular, mientras que el Sindicato Unificado de Policía (SUP) considera "una barbaridad" la extensión de funciones de los vigilantes, una posición que comparte la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC).
