pamplona - Casi nueve de cada diez personas inmersas en un proceso de desahucio de su vivienda habitual pueden presentan niveles severos de ansiedad, un trastorno que adquiere tintes de depresión en el 91,2% de los casos consultados e incluso tentativas de suicidio. La repercusión y consecuencias en la salud de los afectados y en el sistema sanitario debido a la presión a la que se ven sometidas las personas que o han perdido o están bajo la amenaza de perder su vivienda es un tema poco analizado de momento en Navarra pero no en el resto del Estado. Las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH) y Stop Desahucios de Andalucía y Catalunya (Informe Emergencia habitacional en el Estado español: la crisis de las ejecuciones hipotecarias y los desalojos desde una perspectiva de derechos humanos), con encuestas realizadas a personas afectadas que han contactado con las PAH durante los últimos dos años, se han adentrado en esta problemática que, en opinión del psiquiatra pamplonés, exconsejero de Salud del Gobierno de Navarra y director hasta hace unas semanas de la Escuela Andaluza de Salud Pública, Carlos Artundo Purroy, constituye “una emergencia de salud pública por el enorme impacto que genera, máxime entre los más vulnerables”.
Artundo está convencido, al igual que los representantes de las PAH navarras, que las consecuencias de los desahucios son extrapolables a cualquier situación y comunidad autónoma. Un equipo investigador de la Escuela Andaluza de Salud Pública (EASP) dependiente de la Junta de Andalucía -que dirigía el exconsejero foral- ha concluido recientemente un trabajo que tenía por objeto estudiar los efectos en la salud de las personas en proceso de pérdida de la vivienda habitual. La investigación fue solicitada por la Plataforma Stop Desahucios de Granada a la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada y la EASP, “ante la constatación del sufrimiento y afectación a la salud de las personas que se encuentran en este proceso”.
El análisis concluye que el proceso de desahucio genera a las personas afectadas problemas de salud general y salud mental; incrementa el uso de medicamentos y de los servicios sanitarios; y fomenta hábitos poco saludables. El estudio va más allá y analiza los apoyos que buscan los afectados y el grado de satisfacción ante los que reciben. Es curioso en este sentido, destaca Artundo, que de los principales apoyos que pidieron los afectados andaluces (Stop Desahucios (97,6%), familia y amigos (65%), ONG (45,9%), servicios sociales (43,3%) y servicios sanitarios (21,5%)), los grados de satisfacción ordenan estos recursos, de mayor a menor: las PAH y Stop Desahucios (91%), entorno familiar (90%), Cáritas (60%), parroquias (56%), servicios sanitarios (48% y servicios sociales (42%). “Esta respuesta -apunta el psiquiatra pamplonés- nos está indicando que los recursos sociales no están a la altura”.
fruto de la crisis Como reconoce el propio estudio, en el Estado español “una de las consecuencias más visibles de la crisis actual, junto al aumento del desempleo, son los procesos de desahucio”. Datos recientes apuntan a un total de 38.961 familias que perdieron su vivienda habitual en el año 2013 en España. Según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), durante 2011 un 7% de los hogares españoles tuvieron retrasos en el pago de gastos relacionados con su vivienda; en el año 2013 este porcentaje se elevó al 9,3% del total de hogares.
Los investigadores granadinos tomaron y compararon dos muestras: los datos de la última encuesta de salud y la consulta realizada a 205 personas (122 mujeres y 83 hombres) de entre 25 y 74 años de edad, la mitad casados y casi un 20 divorciados o separados, participantes en las asambleas y convocatorias de Stop Desahucios. Destaca en relación al nivel formativo de la muestra, que esta población tiene un nivel significativamente superior a la población andaluza con cerca de la mitad (49,2%) con estudios secundarios o superiores. Cabe destacar, desde el punto de vista sociodemográfico, que un 64,2%, de las personas participantes en Stop Desahucios de Granada no tiene empleo (el 24,9% trabaja y el resto son amas de casa, personas jubiladas y con incapacidad permanente) mientras que en la población general trabaja el 40,7% y está desempleada el 24,4%. En cuanto a los hogares, en el 41,1% de ellos viven 4 o más miembros de una familia. En el 18,7% alguna de estas personas cuenta con alguna limitación o discapacidad. Y más de un 90% son nacidos en España.
el paro, causa para el 81,5% El análisis evidencia que el cambio principal que origina la entrada en el proceso de desahucio ha sido económico, por pérdida del empleo o reducción sustancial de ingresos, para el 81,5% de las personas. El resto fue por conflictos familiares u otras causas. Estas familias han sufrido un drástico cambio en su nivel socioeconómico. Si antes de la crisis un 28% tenían unos ingresos netos mensuales familiares de más de 2.000 euros, en la actualidad menos del 2% mantienen esos ingresos. Si antes solo un 11% tenían ingresos por debajo de 750 euros mensuales, en la actualidad más del 50,5% de las personas entrevistadas están por debajo de ese nivel de ingresos.
La mayoría de las personas encuestadas (83,4%) que se encuentran hoy en un proceso de desahucio comenzaron en él después del año 2008, el año del inicio de la crisis. El 60% lleva entre 1 y ?2 años en este proceso y un 31% lleva ya entre 3 y ?4 años. De las personas encuestadas, más de la mitad (59,1%) se encuentran en la fase de tener serias dificultades para hacer frente al pago de la casa en la que viven o bien se han retrasado ya en alguno de los pagos. El resto, se encuentran en otras fases más avanzadas del proceso (demanda judicial, negociación con la entidad financiera, subasta, lanzamiento, etc).
El estudio concluye que la salud de los afectados por un proceso de desahucio está gravemente afectada. El porcentaje de personas con niveles muy altos de ansiedad, depresión, estrés percibido, estrés postraumático y riesgo de suicidio es alarmante, con niveles psicopatológicos y de sufrimiento emocional inaceptables. Asimismo, los niveles de la salud física son mucho peores que los de la población andaluza en general. “Estas personas tienen un deterioro muy importante de su salud, manifestado en una peor salud general, más síntomas asociados, presencia de enfermedades crónicas, y peores hábitos de salud, reflejados en la falta de actividad física, el tabaquismo o la dieta, en comparación con el resto”.
La pérdida de empleo y la reducción de ingresos “se ven agravados por la falta de protección eficaz del derecho a la vivienda” y dada la cantidad de afectados y la intensidad de los efectos “nos encontramos ante una emergencia de consecuencias imprevisibles en la salud de miles de personas, acorto y a largo plazo”.
datos
Efectos en la salud general. Las personas inmersas en proceso de desahucio perciben en un 67% una salud deficiente, frente al 19,7% que se atribuye el resto de la población. Un 86% de los afectados por desahucios padece alguna enfermedad crónica frente al 49% de la población general. En el caso de enfermedades cardiovasculares (hipertensión o colesterol) la proporción es de 41% frente al 24%, y un 65% de los afectados por desahucios tiene insomnio.
Salud Mental. El estudio andaluz registra altos niveles de ansiedad (88%) y depresión (91%) en las personas inmersas en desahucios, siendo las mujeres con niveles más altos. Asimismo un 68% refiere estrés postraumático y eleva hasta un 33% el riesgo de suicidio.
Consumo de fármacos. Prácticamente la mitad de las personas en desahucio (48,3%) están tomando tranquilizantes, antidepresivos o fármacos para dormir, frente al 12,5% de la población que no tiene este problema.
Uso de servicios sanitarios. Casi el 40% de los afectados ha visitado al médico, frente al 27,1% de la población en general y el 52,7% ha acudido a Urgencias, frente al 23,6% de la población general. Tampoco pudieron acudir, por considerarlo demasiado caro, a servicios médicos no incluidos en la Seguridad Social.
Hábitos saludables. Las personas que tienen hábitos saludables tendrán una mejor salud en el futuro. Sin embargo, las personas en desahucio refieren que fuman más (55% frente al 36% de la población general), no hacen ejercicio (44% frente al 25%) y consumen menos fruta, verduras y hortalizas.
recomendaciones
Parar los desahucios. El equipo andaluz autor del estudio incluye una serie de recomendaciones que considera, no obstante, paliativas y preventivas y “no son sustitutas de la solución efectiva de este problema de salud pública, que se paren los desahucios”. Las recomendaciones son: Que la población en riesgo de perder su vivienda sea una prioridad para los servicios públicos de salud; se pongan en marcha programas de apoyo psicológico y sanitario; se adecuen programas de vigilancia que permitan detectar de forma temprana a las personas que presentan niveles deteriorados de salud física y mental; programas que les ayuden a a afrontar situaciones estresantes; promover entre todas las administraciones públicas, sanitarias, sociales, judiciales, de vivienda, económicas, regionales y locales, programas coordinados de protección de las familias en riesgo de desahucio.