h agan ustedes las leyes y déjenme a mí los reglamentos. Esta mítica frase del político Álvaro de Figueroa y Torres, primer conde de Romanones, fue rescatada tanto por el abogado Miguel Izu como por su colega Iulen Urbiola a la hora de analizar la histórica modificación de Ley Foral del Vascuence. La reforma, impulsada por el PSN, Izquierda-Ezkerra y Geroa Bai, fue aprobada en febrero con el apoyo de Bildu y Aralar-NaBai y el rechazo de UPN y PPN. Y aunque la normativa ya ha entrado en vigor, al ser publicada en el Boletín Oficial de Navarra, su desarrollo y aplicación va a depender casi con toda seguridad del próximo Gobierno foral que salga de las elecciones de mayo. Y es que no parece que el actual Ejecutivo regionalista vaya a dedicar su tiempo a desarrollar la nueva normativa.

El espíritu de la reforma de la ley es equiparar, en el plano educativo, la zona no vascófona a la zona mixta, lo que supone en la práctica la desaparición de la primera. El único artículo que se modifica es el 26, referido a la zona no vascófona, y supone un cambio sustancial. Y es que en lugar de dejar en manos del Gobierno la financiación total o parcialmente de la enseñanza en euskera en esa zona, la nueva redacción del artículo obliga al Ejecutivo a incorporar el modelo D en los centros públicos en función de la demanda.

La ley otorga por fin el derecho a todos los ciudadanos navarros a estudiar en euskera en un centro público con independencia de su lugar de residencia para que “al final de su escolarización pueda obtener un nivel suficiente de conocimiento de dicha lengua”. La norma establece que se abrirán nuevas líneas y que será la Administración quien fijará el número mínimo de alumnos para hacerlo, eso sí dice bien claro que esa cifra será la misma que use el Gobierno en cualquiera de los modelos para la configuración de una unidad escolar. En otras palabras, si en la zona vascófona se habilita el modelo G o A (castellano, o castellano con asignatura en euskera) si lo pide un alumno se deberá hacer lo propio con el modelo D en la zona no vascófona. Y aunque la ley no se especifica se entiende que si son pocos para abrir una línea se deberá financiar el transporte y comedor a otro centro cercano que aglutine la demanda de una zona.

Estas y otras especificidades se concretarán en el desarrollo reglamentario. “El reglamento y la aplicación es muy importante. Se puede aplicar para un lado o para el otro”, afirma el abogado Iulen Urbiola. Una idea similar expresa Miguel Izu. “Un desarrollo restrictivo podría poner obstáculos e ir en contra de la filosofía de la ley. El que hace el reglamento puede hacerlo más abierto o más restrictivo”, asegura Izu, que concluye que “el desarrollo de esta ley va a depender del gobierno que salga de las elecciones de mayo”.