pamplona - Una ley que implícitamente busca la tranquilidad en las calles y la obediencia a las órdenes policiales termina siendo, por su ambigüedad en la redacción, una ley que genera intranquilidad jurídica. Es quizá la conclusión definitiva a la que se llegó ayer tras la primera sesión del ciclo de Conversaciones-Solasaldiak en el Parlamento de Navarra, y que tuvo por objeto analizar desde un punto de vista jurídico la polémica Ley de Seguridad Ciudadana de 2015, popularmente conocida como ley mordaza. Una ley que entró en vigor el pasado 1 de julio, coincidiendo con la reforma del Código Penal, tras un arduo debate tanto en la calle como en las bancadas del Congreso de los Diputados, desde las que se plantearon hasta nueve enmiendas a la totalidad.

La sesión, concebida a modo de mesa redonda y debate, estuvo presidida por Eloisa Ramírez Vaquero, vicerrectora de Proyección Universitaria y Relaciones Institucionales, y por la presidenta del Parlamento de Navarra, Ainhoa Aznárez, quien se encargó de abrir la conferencia con una breve intervención en la que consideró que ella misma sufrió las consecuencias de una ley “innecesaria e injusta” con la que “ya se legislaba antes de hacerse norma”, recordando aquel 9 de mayo de 2013 en el que fue expulsada del Parlamento de Navarra por exhibir una bandera republicana.

Para analizar los vericuetos de la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 acudieron hasta la sala de usos múltiples del Parlamento de Navarra dos especialistas en la materia, moderados por Inés Olaizola, catedrática de Derecho Penal y secretaria general de la UPNA. El primero en tomar la palabra fue José Manuel Paredes Castañón, catedrático de Derecho Penal de la Universidad de Oviedo y también un miembro destacado de Amnistía Internacional.

Una ley que no es nueva En su turno de palabra, Paredes Castañón recordó que existen antecedentes de este tipo de leyes. Y no es necesario remontarse mucho en el tiempo. Ya en el año 1992 y bajo el gobierno socialista de Felipe González, José Luis Corcuera, por aquel entonces Ministro del Interior, dio nombre a una ley de seguridad ciudadana que en la calle se conoció como ley de patada en la puerta. Después de más de dos décadas, la Ley de Seguridad Ciudadana de 2015 obedece a los mismos criterios que vieron nacer a su antecesora: “La necesidad de sumar al Código Penal una ley que permita a las Fuerzas de Seguridad del Estado restringir derechos fundamentales”, afirmó José Manuel Paredes. Ambas leyes, según el catedrático, abundan en el uso de una serie de conceptos jurídicos indeterminados que en la práctica se materializan en un mayor margen de interpretación para las autoridades policiales. Porque recordó que “esta ley no la aplican los jueces: son las diferentes delegaciones de Gobierno y las policías las que la ejecutan, y solo en segunda o tercera instancia un juez de lo contencioso administrativo atendería el caso”.

“Si sumamos un concepto chicle de lo que es seguridad ciudadana, unos supuestos amplios en los que se faculta a las FSE para restringir derechos fundamentales y una serie de infracciones sin definir, tenemos como resultado una situación preocupante”, analizó José Manuel Paredes. Razones de las que, para el catedrático, “se puede entender que es una ley inconstitucional”.

aumento de las sanciones El encargado de cerrar la ponencia fue el profesor y abogado Xabier Etxebarria, quien se centró en analizar el régimen sancionador de la ley. Con su aprobación, las faltas quedan despenalizadas y algunas de ellas pasan a ser sanciones administrativas. Unas sanciones que se ven notablemente aumentadas, llegando incluso a multas de 30.000 €. Para Etxebarria, el abuso de conceptos jurídicos indeterminados crea inseguridad, y eso provoca una “desintencivación de la disidencia pública mediante la inseguridad jurídica”. Por último, Xabier Etxebarria coincidió con José Manuel Paredes en que una ley de estas características, sin acotar “taxativamente” el comportamiento punible, entra en confrontación con los derechos fundamentales de los ciudadanos.