zaragoza - Las ocho personas juzgadas ayer, entre ellas Jorge Luis Bail, exdiputado de Podemos por Huesca, por agredir a la Guardia Civil en una protesta en Artieda contra el recrecimiento del pantano de Yesa en 2012, dijeron que no agredieron a los agentes y que lo que intentaron fue evitar ser golpeados.

En el juicio, que comenzó en el juzgado de lo Penal número 1 de Zaragoza, los ocho coincidieron en señalar que no fueron avisados por la Guardia Civil de que iban a actuar para despejar la carretera en la que estaban concentrados y que ante la carga de los agentes, por “instinto”, se defendieron para “parar los golpes”. Así lo relató Álex Ubieto, a quien se acusa de agredir a uno de los agentes que perdió en los incidentes el casco de protección y su escudo, recibió golpes y patadas y fue arrastrado ocasionándole diversas lesiones, según la acusación.

Bail, Ubieto y los otros acusados, Javier López, Óscar Ara Ripalda, Sergio Palacín, Jesús María Royo, Arriel Domínguez y Miguel Ángel Palacín coincidieron en destacar que era una protesta pacífica, que no esperaban la carga policial y que no agredieron a los agentes de los Grupos de Reserva y Seguridad (GRS).

El ministerio fiscal, quien a alguno de los acusados solo preguntó si había estado presente en la concentración, pide a los acusados entre dos y más de seis años de cárcel (más de 36 años en total) y más de 22.000 euros en indemnizaciones por los delitos de atentado contra la autoridad, lesiones y desorden público. Las defensas de los acusados, por su parte, piden la libre absolución, defienden que los manifestantes ejercían su derecho constitucional a la concentración y acusan a los agentes de agredir “sin amparo legal” a los manifestantes.

La acusación insistió en plantear que el mando del destacamento que se desplegó en la zona avisó por megafonía hasta en tres ocasiones para que desalojaran la carretera, que se golpeó a los agentes y a uno de ellos se le intentó quitar el fusil que portaba.

expropiaciones Los ocho acusados negaron que golpearan a los agentes, insistieron en que cuando se acercaba el destacamento pensaban que, como otras veces, hablarían con los concentrados y no pasaría nada más, y que desconocían quién había convocado la protesta contra las expropiaciones de tierras.

El último en prestar testimonio fue Miguel Ángel Palacín, propietario de fincas expropiadas por la Confederación Hidrográfica del Ebro (CHE), quien dijo que no ponía en duda que hubiera habido avisos de la Guardia Civil, “pero que no lo oí, también es cierto”. Añadió que había mucha “bulla”, muchos “gritos” y “mucho escándalo” y que cayó al suelo con la carga policial sin que pudiera ver si golpearon al agente que perdió el escudo, su casco y su cartuchera, que reclamaron los agentes tras terminar el incidente.

Miguel Ángel Palacín relató que tenía buena relación con la Guardia Civil, ya que fue juez de paz de Artieda, y que en la carga los agentes empujaban y pinchaban con las porras, que sacaban por entre los escudos, a los que estaban concentrados. “Caí al suelo y no vi nada más”, terminó su declaración.

La Junta de Portavoces del Parlamento de Navarra aprobó ayer, con el apoyo de Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E, y el voto en contra de UPN y PPN, una declaración que reivindica el “derecho a la discrepancia y a la protesta pacífica”. El PSN votó a favor del punto primero y se abstuvo en los dos restantes, en los que se considera “desproporcionada” la actuación policial y se pide la absolución de los acusados. - Efe