PAMPLONA. Los cuatro representantes de familias de alumnos del colegio especial El Molino que formaban parte de su consejo escolar han presentado la renuncia oficial a seguir en sus cargos debido a la pasividad y apatía mostrada por los miembros del Patronato de la Fundación Ciganda Ferrer, que gestiona el centro.
Padres de usuarios del centro ocupacional El Molino han comparecido en el Parlamento para mostrar también sus quejas con la gestión y dirección del centro ocupacional, pero al malestar se ha unido ahora el bloque de representantes de alumnos del colegio, todos ellos descontentos por la falta de soluciones ante los graves problemas detectados en el centro.
Conviene recordar que El Molino ha sido objeto de investigación administrativa y judicial, en primer lugar por un presunto caso de abusos sobre una usuaria y en otro, por un informe de los inspectores de Servicios Sociales que relataban las malas praxis llevadas a cabo por ese monitor y otros dos compañeros más.
Las familias no han hallado en el Patronato la respuesta exigible puesto que ni siquiera un miembro del mismo ha acudido a las últimas reuniones del consejo escolar.
Los padres y madres han solicitado al Gobierno de Navarra la realización de un protocolo para abusos a discapacitados intelectuales y que los delitos que afecten a personas con discapacidad intelectual "no prescriban".
Así lo han manifestado hoy en el Parlamento foral, en la que han explicado la situación de las familias afectadas por los posibles malos tratos a usuarios del Centro detectados en el informe de inspección de Derechos Sociales.
"Estamos esperando un protocolo de actuación ante esta situación", ha lamentado Estíbaliz García, que ha asegurado que el informe, que "tiene presunción de veracidad a nivel legal", narra unos "hechos muy graves". "No estamos en contra de El Molino", ha aclarado García en respuesta a la acusación vertida por parte de la gerencia de intentar "desprestigiar" las funciones del centro.
De esta forma, ha lamentado que "la dirección ha buscado crear un mal clima, incluso entre los padres, diciendo que queremos cerrar el centro". "Si quisiéramos cerrarlo, hubiéramos ido directamente atacar", ha destacado esta familiar de afectado, quien ha recordado que, desde el primer trimestre de 2015 llevaban pidiendo "una serie de mejoras" para el centro ocupacional.
Como resumen del informe, ha destacado como especialmente graves la práctica de "encerrar a personas usuarias en estancias separadas", las "amenazas" para que "no cuenten en casa lo que pasa en el centro", y la recurrencia a la "violencia física y verbal", así como el empleo de "lenguaje inadecuado, incluso obsceno, para trabajar aspectos de índole sexual".
También ha remarcado actuaciones de "contenido de alcance sexual", especialmente con usuarias, como "besos, masajes, cosquillas o tocamientos", así como una "omisión de acciones para potenciar sus capacidades" y la "permisividad por omisión de estas malas prácticas" por parte de la gerencia, incluso "consintiéndolas".
García ha subrayado que hay usuarios que, tras haber sufrido estos hechos, "tienen secuelas que se están tratando fuera del centro", tanto a nivel terapéutico como psicológico, y ha lamentado que desde el centro no se han puesto en contacto con las familias afectadas "para solucionar el mal hecho".
Por su parte, el familiar Ángel Yárnoz, ha aclarado que "no se puede generalizar", ya que en el centro educativo Molino también "hay excelentes profesionales".
Sin embargo, ha denunciado que "hay un vacío en la ley y no se exige una formación específica" para trabajar en este ámbito, por lo que ha reivindicado "una mínima formación". Además, ha negado que se busque el cierre del centro y ha dicho "sí" a su mantenimiento.
Por estos motivos, han reivindicado al Ejecutivo foral que "arbitre todos los medios necesarios" para la existencia de centros "que cubran la demanda existente y que garanticen la mejor atención especializada de las personas con discapacidad intelectual".
También han pedido que los "delitos donde estén afectados personas con discapacidad intelectual no prescriban", y que el Parlamento exija al Gobierno foral "que haga centros ocupacionales y de día públicos". Además, han solicitado "que el Parlamento, exija donde tenga que exigir, la investigación hasta el final".
Los grupos parlamentarios han mostrado su "apoyo más sincero" y "solidaridad" con el "sufrimiento" de los familiares, y han coincidido en reivindicar una investigación "hasta el final". La parlamentaria de EH Bildu Asun Fernández de Garaialde ha considerado que "han ocurrido unos hechos muy graves que hay que aclarar".
"La Administración Pública tiene que tomar cartas en el asunto y velar por que todas las personas usuarias reciban un trato digno", ha afirmado, en la misma línea que la parlamentaria de Podemos Isabel Aramburu, que ha calificado el relato como "sobrecogedor" y ha dicho que los hechos "nunca deberían haber pasado" y que "no se entiende la actitud de la empresa".
La socialista Ainhoa Unzu ha advertido que "estos hechos no pueden empañar la labor de unos grandes profesionales", y ha exigido "que esa investigación llegue hasta el final" para que "no vuelva a suceder", al igual que la popular Ana Beltrán. La parlamentaria de Izquierda-Ezkerra Marisa de Simón ha apostado por "investigar los hechos y depurar responsabilidades".
