14.558 solicitantes prueban que no tienen delitos sexuales para trabajar con menores

¿Y cuántas de esas consultas dieron finalmente positivo? Fuentes del Ministerio explican que ese dato no se facilita por provincias (en este caso, la Comunidad Foral), puesto que la ciudadanía puede plantear sus solicitud a través de diferentes vías (presencial, electrónica, por las mencionadas gerencias territoriales...) y, por lo tanto, no hay constancia de todas ellas. Por ejemplo, si una persona lo tramita través de un ordenador, esa petición no se atribuiría a la ciudad desde la que lo ha hecho, sino la que figure en su documentación.

Con todo, desde marzo hasta el 30 de junio, el Gobierno central sí cuenta con un dato de cuántas de esas consultas fueron positivas. Es decir, que las personas a las que afectaban sí están listadas en el registro. De los 870.285 certificados emitidos, el 0,03% (es decir, unos 261) confirmaron que contaban con esos antecedentes.

Con este registro, el gabinete Rajoy pretendía que las personas que, por su profesión o actividad, tienen contacto habitual con menores tuvieran que acreditar, con un certificado, que no figuraban en ese listado y no habían cometido este tipo de delitos. Por ejemplo, el departamento navarro de Educación adelantó que exigiría a los aspirantes de la Oferta Pública de Empleo docente que dieran su visto bueno para que la Administración pudiera comprobar por ellos que no figuraban en este registro.

El problema que hubo en todo el Estado es que, en su momento, se anunció este requisito cuando no estaba listo el nuevo registro, por lo que se podía exigir a diversas profesiones (el caso más conocido era el de los docentes, pero también el de personas que cooperasen en ONG, en actividades de tiempo de ocio...) que acreditasen que no tenían estos antecedentes, y la única alternativa era que pidieran el certificado de penales. La cuestión es que, en ese caso, no figuraban solo los antecedentes por delitos sexuales, sino todos. También, por ejemplo, por multas de tráfico.

Ahora, con el registro en activo, el certificado es gratuito y puede solicitarse a través de diversos canales, algunos ya mencionados, como la sede electrónica del Ministerio, en persona en las gerencias territoriales (donde, antes, pedir el certificado de penales sí tenía un coste: 3,70 euros), en las delegaciones del gobierno, órganos de la Administración General del Estado, o de las comunidades, y por correo postal. También las entidades o las instituciones para las que se va a trabajar pueden solicitarlo, siempre que cuenten con el consentimiento previo de las personas afectadas.

En Navarra. Se han registrado 6.131 solicitudes a través de la Plataforma de Intermediación de Datos (PID) de la Gerencia Territorial de Pamplona. Además, otras 5.348 se han pedido de forma presencial en la Gerencia Territorial, sita entre las calles Virgen del Puy y Monasterio de Irache de Pamplona. Y, por último, 3.079 peticiones se han registrado a través del Departamento de Presidencia e Interior del Gobierno de Navarra.

En el Estado. Entre el 1 de marzo y el 30 de junio, se han emitido 870.285 certificados. De ellos, el 0,03% ha sido positivo. Es decir, que las personas afectadas figuraban en el registro de delincuentes sexuales. De todos los certificados, 537.642 se realizaron a través de la PID, 88.621 en la sede electrónica del Ministerio, 7.411 con la Carpeta Ciudadana, y 236.611 de forma presencial.