PAMPLONA - El criterio de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, que ve un posible delito de terrorismo en los hechos ocurridos en Alsasua el 15 de octubre, puede ser el desencadenante de un conflicto de competencia que enfrente al Juzgado Central de Instrucción número 3 y al Juzgado de Instrucción número 3 de Pamplona. Si se llegase a ese punto, será el Tribunal Supremo el que decida cuál de los dos órganos judiciales deberá investigar los hechos y, consecuentemente, cuál será la tipificación de los mismos (terrorismo, delito de odio, atentado a agente de la autoridad y lesiones).
El primer hito es el auto que ha dictado la magistrada Carmen Lamela, de la Audiencia Nacional, acogiéndose al criterio de la Fiscalía. Como la juez entiende que lo sucedido en Alsasua es susceptible de ser un delito de terrorismo, solicitará al Juzgado de Pamplona su inhibición y que se le dé traslado de las actuaciones que ahora se siguen por un delito de atentado a agente de la autoridad y lesiones. La magistrada Mari Paz Benito podrá aceptar dicha inhibición o rechazarla, elevando en este último caso un conflicto de competencia al Tribunal Supremo que sería el que decida al respecto.
En su auto, la juez acuerda practicar diligencias, entre ellas, requerir al juzgado de de instrucción de Pamplona que conoce de los hechos testimonio íntegro de las diligencias incoadas. También pide a la Guardia Civil que, con carácter urgente, emita "informe sobre la campaña de acoso que sus agentes sufren en la Comunidad Foral de Navarra y, concretamente, en la localidad de Alsasua".
Igualmente, pide a la Guardia Civil que identifique a quienes realizaron las declaraciones y aparecen en las fotografías publicadas para desmentir colectivamente "la versión oficial" de las agresiones, así como a los titulares y responsables de la cuenta denunciada AltsasukoGaztetxea (@AtlsasukoGA). Solicita también la juez a la Policía Foral de Navarra que remita a la mayor brevedad las actuaciones practicadas con motivo de tales hechos.
- J.M.S.
