Derechos sociales atiende a 1.446 menores en situación de desprotección

La protección a la infancia y a la adolescencia en Navarra está organizada en torno a dos sistemas diferenciados: el de desprotección y el de reforma. En el primero se enmarcan todos los programas y actuaciones diseñadas para atender a los menores de 0 a 18 años que se encuentren en una situación de desprotección. “Se establecen dos niveles de desprotección: las situaciones de riesgo, que pueden ser leves, moderadas y severas y en las que no es necesario sacar al menor del domicilio familiar, y las situaciones de desamparo”, explicó Gurbindo.

Las situaciones de riesgo leves, como negligencia en el domicilio familiar o absentismo escolar, se abordan a través de los servicios sociales de base de las entidades locales. Son cuestiones leves, que no tienen mayor trascendencia ni implican medidas de protección. En un segundo nivel están las situaciones de desprotección de riesgo moderado, que atienden los Equipos de Atención a la Infancia y Adolescencia de Pamplona, Tudela, Tafalla y Estella (salvo el primero dependen de Derechos Sociales). “Son hechos con algo más de riesgo, que han podido causar cierto daño en el menor, pero cuya perspectiva es buena porque la familia es consciente del problema, tiene motivación para el cambio y se deja ayudar”, resumió. En estos casos lo habitual es implementar un programa educativo en el domicilio familiar, que le ayude a abordar el conflicto.

riesgo severo o desamparo El último nivel son aquellas situaciones de riesgo severo de las que, mayoritariamente, se hace cargo la subdirección de Familia y Menores. “En un primer momento se retira de forma provisional la guarda y, mientras se realiza una valoración psicosocial de la situación de desprotección, acuden a una familia o a un Centro de Observación y Acogida (COA)”, indicó Gurbindo. En el caso de que se confirme que es una situación de riesgo severo, el menor regresa a casa con un recurso educativo. “Se implementan programas de preservación familiar cuyo objetivo es reconducir la situación de dificultad o conflicto. Interviene un equipo educativo para mejorar la capacidad parental, mediar entre el menor y sus padres en el centro escolar... Nunca focalizamos el problema en el menor ni culpabilizamos a nadie. Hay que buscar soluciones, no culpables”, apuntó. Existen dos modalidades: Programas Especializados de Intervención Familiar (con 176 menores de entre 7 y 12 años en 2016), y el de Educación de Adolescentes (25 chavales).

En todas estas situaciones, el menor no abandona el domicilio familiar ya que se entiende que sus padres o tutores son protectores. Algo que no ocurre en las situaciones de desamparo. En estos casos (40 declarados en 2016, que hacen un total de 195 vigentes), el departamento debe establecer la medida más oportuna para el menor, ya sea en una familia de acogida (obligatorio para los menores de 7 años y recomendable para el resto) o en acogimiento residencial. “Son situaciones en las que no se les puede dejar en el hogar porque hay un maltrato físico continuado o de abuso sexual intrafamiliar. Cuando tenemos la seguridad de que existe un caso de abuso sexual intrafamiliar lo primero que hacemos es comunicárselo a la figura que no abusa para que ponga una denuncia y la persona abusadora salga de casa. Si se produce así entendemos que la figura es protectora, a pesar de que haya podido ser negligente, e intervenimos con un proceso de apoyo a la madre, a la menor...”, expuso.

Cuando la figura no abusadora no asume lo ocurrido y tampoco denuncia, Derechos Sociales establece una medida cautelar, retira y asume la tutela, realiza una valoración psicosocial de la situación e interpone la denuncia. “Primero hacemos un acogimiento provisional. Si es menor de 7 años en una familia de urgencia y durante un tiempo razonable (1-3 meses) hacemos la valoración. Si se confirma el abuso hacemos la guarda en una familia de acogimiento temporal o definitiva (en el caso de que no sea posible volver al domicilio familiar). Si tiene más de 7 años se intenta un acogimiento familiar y, si no es posible, se va a un acogimiento residencial”, reconoció el subdirector.

acogimiento residencial El acogimiento residencial tiene dos modalidades en función de si es un caso de dificultad, es decir, el menor es la persona agredida o la víctima de una situación de abandono o negligencia, o es un caso de conflicto, en el que el menor hace inviable la convivencia porque agrede, se fuga... (suele obedecer a situaciones anteriores donde el menor estuvo desprotegido y no se detectó).

Los menores en dificultad acuden a pisos ubicados en comunidades de vecinos donde viven 5 o 7 chavales de ambos sexos con sus educadores. “Se intenta reconstruir una unidad de convivencia y que sigan en contacto con su familia biológica porque el objetivo es que vuelvan a casa porque, a pesar del maltrato o de una negligencia grave, los padres han tomado conciencia, ha habido reparación, son capaces de mejorar...”, señaló Gurbindo para puntualizar que “hay casos en los que nunca van a poder volver debido a la negación permanente de los progenitores, que no reconocen los hechos y culpabilizan al menor”.

El segundo modelo de acogimiento residencial va dirigido a chavales muy desadaptados y con conductas complicadas. Se les aloja en chalets, situados en urbanizaciones, más alejadas y en las que la distorsión que se puede generar no afecta tanto. En estos casos, insistió Gurbindo, el objetivo también es que regresen a su casa.

Ahora bien, cuando no es factible la vuelta al domicilio familiar, el departamento plantea programas de autonomía en los que se trabaja la asunción de esa realidad (en 2016 fueron atendidos 19 menores). “Va dirigido a menores de 16 años a con los que se trabajan habilidades para encarar la vida autónoma, como la gestión de la alimentación, del dinero... la búsqueda activa de empleo o el mantenimiento en los estudios. A los 17 años pueden salir de la residencia y acudir a un piso compartido, aunque la tutela sigue siendo del Gobierno. Cuando cumplen los 18 pasan a ser mayores de edad pero se sigue trabajando con ellos hasta los 21”, remarcó. Así, durante seis meses, se les concede una ayuda de 720 euros y después pasan a cobrar la renta garantizada (que tiene condición de excepcionalidad desde los 18 hasta los 25 años para las personas que vienen de procesos de autonomía). “El objetivo es que no deje de estudiar porque no tiene dinero. No está tutelado por el Gobierno pero sí acompañado desde el sistema de protección”, apuntó.

optimismo y prudencia El objetivo último de los sistemas de protección es que el menor regrese al domicilio familiar. “Si esto no es posible hay que buscar la medida menos dañina, que tenga los menores efectos secundarios. Porque toda medida tiene efectos secundarios. El daño es menor que el que causaría si siguiera en su casa pero no es lo mismo estar en tu familia biológica toda la vida que tener que buscarte la vida porque no puedes vivir con tu familia. Aunque el sistema te ayude, el sistema no es tu familia”, aseveró Gurbindo.

En su opinión, el nivel de eficacia de los programas de protección implementados en Navarra “nos hace sentirnos optimistas y prudentes”, ya que en torno al 87% de los menores que ingresan el ámbito de protección “salen con muletas (dificultades, daño...) pero salen y son capaces de reanudar su vida bien con su familia biológica o con un programa de autonomía”. El resto, un 13%, tiene peor pronóstico y entra en itinerarios de alta exclusión, situaciones de prostitución o delincuencia. Asimismo, Gurbindo destacó que la mayor parte de los menores están en programas de preservación familiar, es decir, no se ven obligados a salir de su casa.

En el caso de que esto no sea posible, Derechos Sociales trata de impulsar el acogimiento familiar ya que “es la medida más sanadora”. Para ello cada cierto tiempo realizan campañas de captación de familias de acogida “cuya solidaridad y entrega con estos menores, que muchas veces tienen problemas y arrastran mucho daño, es enorme”. Si no se encuentra una familia se opta por el acogimiento residencial. En última instancia está la adopción, normalmente para bebés o menores pequeños en los que es inviable que vuelvan a casa.

228

Menores en acogimiento familiar. La cifra se mantiene estable en estos años. Dos de cada tres menores suele estar en familia extensa y un tercio en ajena.

271

Menores en acogimiento residencial. Se trata de la 3ª cifra más alta desde 2008. La cifra es bastante variable, de los 310 menores de 2010 a los 188 de 2008.

240

Menores en situación de guarda provisional. Los menores de 7 años se quedan en familias de urgencia (15 ), los menores en dificultad van al COA de Argaray (67) y los menores en conflicto, al COA de Beloso (158).

707

Menores atendidos en sus casas. De ellos, 301 en programas de preservación familiar, 19 en programas de autonomía y 461 con los equipos de atención (Eaias).

195

Menores en desamparo. Hubo 40 declaraciones en 2016.