pamplona - El abogado penalista Juan José Lozano Matute ha liderado la acusación particular en este caso de bullying que ha merecido el reproche de los tribunales a un colegio. Acompañado por la psicopedagoga María Luisa Durán, que dirige la academia Edukas de Pamplona, cuentan que recibieron en junio de 2016 a una familia desesperada con una hija que había protagonizado dos intentos de suicido y que no quería acudir al colegio.

“De inmediato interpusimos una denuncia en la Policía Foral porque la situación era gravísima -relata Durán-. Era un caso de bullying de libro, con todos los requisitos, violencia, amenazas, aislamiento, desprecio del grupo de la clase liderado por la acosadora y, sobre todo, se había extendido del colegio a las actividades extraescolares. Al final era un acoso casi a diario y se le empezó a hacer la vida imposible. Ello había finalizado en que la víctima somatizara el problema, cambiara de hábitos e incluso de conducta en casa y rehuyera el colegio. Es un problema con muchas similitudes en sus consecuencias psicológicas con la violencia de género, ya que se produce en las víctimas un sentimiento de indefensión aprendida y aceptación. El bullying hay que visualizarlo para saber cómo actuar y porque a veces no se le da la importancia debida. Es intencional, sistemático y a veces queda oculto para los adultos”, relata Durán, que contactó con el letrado Lozano para encabezar el proceso.

El abogado señala que “ha sido un caso complicado para reunir pruebas pero hemos conseguido tener la suficiente información para demostrar que el acoso procedía de años atrás, que se tuvo que actuar mucho antes y que el origen estaba en el colegio pero de ahí se extendía a todos los ámbitos, incluso a la calle cuando se encontraban. Para cuando el director tiene noticias del asunto, que las tiene a través de la madre que acude a la desesperada, el acoso está en el proceso final. Y ello viene a demostrar que se tuvo que estar más pendiente de este caso desde el inicio, no bastaba con que el colegio tuviera un protocolo de actuación en su web. Esos protocolos son muchas veces para cumplir el expediente porque con el mero hecho de disponer de ellos, hace que se mire para otro lado”, advierte Lozano, mientras que Durán indica que “las medidas que propuso la Asesoría para la Convivencia de Educación se tuvieron que poner en marcha antes y con firmeza y separarlas del aula, al menos”.

Ambos profesionales, embarcados en el proyecto formativo Violencia Zero (www.violenciazero.es), una asesoría destinada a víctimas de delitos y que cuenta con gabinete jurídico, psicopedagógico y de mediación, destacan que a raíz de la sentencia “hemos conocido a una chica nueva. Su familia está muy ilusionada, porque dicen que su hija ha cambiado del todo. Antes incluso se sentía culpable”, destaca Lozano. El letrado resalta que en el juicio decidió retirar la acusación inicial contra Educación, visto que su proceder había sido adecuado, y que ahora, cuando se le están exigiendo bienes a la familia de la denunciada para pagar la responsabilidad civil (si es insolvente paga el colegio), la acusación particular se ha opuesto al embargo de la vivienda de la madre ya que no dispone de más. “Sería una medida más gravosa, hipotecar un bien como la vivienda por una multa de menor cuantía, y hay que ser sensible a eso porque el derecho a una vivienda digna es constitucional”. - E. Conde