El derecho a la renta garantizada se extiende a refugiados y se agiliza a víctimas de maltrato

pamplona - El Gobierno de Navarra aprobó ayer el decreto foral que desarrolla los derechos a la inclusión social y a la renta garantizada, decreto que sustituye al anterior, que data de 1999, y que como novedades regula un procedimiento más ágil para que las víctimas de violencia de género puedan percibir Renta Garantizada antes del primer mes desde la solicitud, o la extensión del derecho a esta prestación a las personas refugiadas, una vez que hayan concluido el programa de acogida regulado por el Estado. Con esta nueva legislación que reconoce ambos derechos, la Administración Foral se obliga a diseñar un itinerario laboral para los perceptores de renta garantizada al año de recibir la ayuda y a ofertar un trabajo a los dos años. Los objetivos fundamentales de ambos derechos -inclusión social y renta garantizada- son evitar situaciones de riesgo o exclusión y luchar contra la pobreza, en especial la infantil y de personas mayores, preciso el vicepresidente del Gobierno, Miguel Laparra.

Este decreto ayer aprobado por el Gobierno desarrolla la Ley Foral de 2016 que regula ambos derechos y sustituye al aprobado en 1999, casi veinte años de vigencia pese a los cambios producidos en la sociedad, lo que ya es de por sí “reseñable”, dijo Laparra. Como aspectos novedosos, destacó el tratamiento que se da al “codiagnóstico social” que tendrá en cuenta, de una parte, la consideración de la persona como sujeto activo de su propia vida y, por otra, un modelo multidimensional y dinámico del proceso de inclusión social.

Para favorecer el ejercicio de esta fase los profesionales contarán por primera vez “con una herramienta objetiva y común de valoración de la exclusión social” con análisis sobre la situación económica y laboral de personas y familias, y su situación respecto a la vivienda, estado de salud y relaciones sociales.

programas personalizados El decreto establece 3 situaciones que se definen como “situación de inclusión social, riesgo de exclusión social y exclusión social, y dentro de esta última, si la situación de exclusión es leve, moderada o grave, y en función de este diagnóstico se desarrollarán los programas personalizados de inclusión social y laboral. Se fija asimismo el contenido mínimo que debe contener el programa personalizado a proponer y el convenio de inclusión laboral a convenir entre las partes implicadas.

En este sentido Laparra recordó que el Plan de Inclusión Social se marca como objetivos principales la inserción laboral de todas las personas perceptoras de renta garantizada en condiciones de trabajar antes de transcurridos dos años continuados de percepción, y ahora se quiere que la mitad lo consiga en el primero, igual que reducir la pobreza severa a la mitad.

Dentro del derecho a la renta garantizada, las novedades más importantes se refieren a la creación de un procedimiento más ágil para las víctimas de violencia de género, de forma que sean atendidas antes del primer mes desde la solicitud. Además recoge la extensión del derecho a las personas refugiadas una vez que han concluido el programa de acogida del Estado y que carezcan de recursos o empleo, así como el desarrollo del procedimiento de renovación automática que ha permitido mejorar la gestión y que no sean necesarios los adelantos que hacía Cáritas.

El nuevo decreto regula otros asuntos como el procedimiento para la aplicación de los estímulos al empleo, y define y clarifica quienes son las personas computables a efectos del derecho a la renta garantizada, así como los conceptos de unidad perceptora, unidad familiar y núcleo familiar.

Igualmente determina el orden de prelación si en un mismo domicilio para el derecho a la renta garantizada, y desarrolla los requisitos para acceder a ella (edad, tiempo de residencia en Navarra, capacidad económica y solicitud previa de derechos) y los aspectos relacionados con el ejercicio conjunto del derecho a la renta garantizada y a la inclusión social.

Como novedad también, se introduce el procedimiento de renovación automática para aquellos expedientes en los que se cuenta con la información necesaria, lo que permite percibir la prestación a tiempo, mejorar la gestión y dar una atención individualizada y pormenorizada a aquellos expedientes que así lo requieran.

Por último, el decreto establece el procedimiento sancionador para casos de incumplimientos y actuaciones fraudulentas, y crea una Comisión de Verificación de la prestación para garantizar que debe ser recibida y por quien y que las personas puedan hacer valer sus derechos y presentar las alegaciones que estimen oportunas.

Laparra subrayó como novedad la evaluación del diseño, el proceso y los resultados de los derechos a la inclusión y a la renta garantizada que se hará al menos cada dos años. - L.C.H.