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Bruselas investigará el posible traslado irregular de residuos de Garoña a Córdoba

Las instituciones comunitarias decidirán si se cumplió el protocolo al enviarlos al cementerio nuclear de El Cabril

Bruselas investigará el posible traslado irregular de residuos de Garoña a Córdoba

vitoria - Bruselas investigará el posible traslado irregular de residuos radioactivos de la central nuclear de Garoña al almacén de El Cabril, en Córdoba, durante el año pasado. Según anunció ayer Izquierda Unida (IU), la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo ha aceptado la petición realizada en diciembre de 2017 por parte de su grupo en Andalucía para “investigar las actividades del almacén de residuos radiactivos de El Cabril y el traslado presuntamente clandestino al mismo de residuos radiactivos desde la central nuclear de Garoña”.

Según la información aportada por esta formación política, los ayuntamientos de la zona de influencia del Centro de Almacenamiento de Residuos Radioactivos de El Cabril no fueron informados del traslado de residuos desde Garoña hasta “meses después de haberse producido”, a pesar de que Enresa, la Empresa Nacional de Residuos Radioactivos, necesitó un informe favorable del Consejo Nacional de Seguridad Nuclear para almacenar material como el dióxido de uranio.

Tras aceptar la instancia, la Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo se encargará de valorar si el traslado de los residuos se produjo con las garantías necesarias y en los términos establecido por los protocolos actuales.

El coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, compareció ayer en rueda de prensa para “celebrar” la decisión del Parlamento Europeo, que según apuntó incluirá también estudiar “las diferentes problemáticas que rodean a El Cabril, como la posible ampliación del almacén, la falta de garantía de seguridad y la necesidad del desmantelamiento y cierre del cementerio nuclear”.

Entre otras cosas, IU Andalucía denuncia que el Gobierno central “debe abordar de forma necesaria el cierre y sellado del almacén de residuos radiactivos, para que no acoja más material altamente radiactivo”. Sobre el traslado de residuos desde la planta burgalesa a Córdoba, el coordinador general de IU Andalucía denunció que se ha llevado a cabo “sin ningún tipo de blindaje ni seguridad”.

Precisamente, en febrero de este año, el ejecutivo central, todavía con el Partido Popular al frente, aseguraba en respuesta a las preguntas de los diputados nacionales del PSOE por Córdoba que El Cabril tiene capacidad más que suficiente para acoger todos los residuos radiactivos -de media, baja y muy baja actividad- fruto del desmantelamiento de Garoña.

Además, en su respuesta informaba de que el proceso de desmantelamiento de la central generará entre 11.000 y 15.000 metros cúbicos de residuos de baja, media y muy baja actividad, siendo la mayoría de ellos los correspondientes a esta última categoría, que según la respuesta dada por el Gobierno en febrero son los que se almacenarán “de forma definitiva” en el cementerio nuclear de Córdoba.

Antes de eso, en diciembre del año pasado, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía sospechaba que el Gobierno central había empezado a trasladar residuos radiactivos de Garoña a El Cabril de forma presuntamente irregular, algo que pudo constatar tras solicitar información al respecto a la propia Enresa. Entonces, hace ahora casi un años, el órgano le respondió que en el primer cuatrimestre de 2017 se habían producido 84 traslados de residuos a El Cabril, pero sin aclarar cuántos de ellos procedían de la central de Garoña.

desmantelamiento Mientras tanto, como publicó este periódico el pasado domingo, el desmantelamiento de la central nuclear continúa adelante con un coste total ya establecido, alcanzando los 480 millones de euros y un periodo estimado de al menos 15 años. Enresa, encargada del proceso, ha establecido ya la hoja de ruta que llevará a su definitivo adiós. Del presupuesto final, 220 millones se destinarán específicamente al desmontaje de la central.

Del resto, 130 millones de euros se dedicarán a la gestión del combustible y su traslado al Almacén Temporal Individualizado (ATI) de la planta, donde se descargarán los restos radiactivos y el combustible gastado que alberga la piscina a los contenedores en principio serán cincuenta, aunque en la actualidad apenas hay construidos cinco. Además, otros 130 millones de euros se destinarán a las subcontratas, que se encargarán de diversas actuaciones. El proceso no arrancará como tal hasta el segundo semestre de 2019, y sólo las tareas de preparación previa durarán hasta 2025. El desmantelamiento del reactor nuclear será antes de 2030, pero la clausura definitiva no está prevista antes de 2033.

Denuncia. La Comisión de Industria, Investigación y Energía del Parlamento Europeo se encargará de valorar la posible existencia de irregularidades en el traslado de residuos radioactivos de Garoña al cementerio nuclear de El Cabril, en Córdoba, La Comisión de Peticiones de Bruselas ha aceptado ahora la petición realizada en diciembre de 2017 por parte de Izquierda Unida Andalucía.

Capacidad. En febrero de este año, el Gobierno central, con el Partido Popular al frente, aseguraba en respuesta a las preguntas de los diputados nacionales del PSOE por Córdoba que el almacén nuclear de El Cabril tiene capacidad más que suficiente para acoger todos los residuos radiactivos -de media, baja y muy baja actividad- fruto del desmantelamiento de Garoña.

Traslados. En diciembre del año pasado, Enresa respondió a preguntas de la Junta de Andalucía que en el primer cuatrimestre de 2017 se habían producido 84 traslados de residuos a El Cabril, pero sin aclarar cuántos de ellos procedían expresamente de la central nuclear burgalesa.

El coordinador general de Izquierda Unida en Andalucía, Antonio Maíllo, cuya denuncia ante la Comisión Europea ha propiciado que Bruselas acepte llevar a cabo una investigación, mostró ayer en rueda de presa su satisfacción por la noticia.

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El desmantelamiento de la central nuclear de Garoña cuenta con un coste total de 480 millones de euros y un periodo estimado de al menos 15 años.