pamplona - Imitó la firma de su mujer (con lo que admitió un delito de falsedad) para dar más apariencia de realidad al negocio. Engañó a sus hijas, a sus yernos y consuegros, a sus amigos, a los clientes más fieles. A ganaderos que manejaban cantidades ingentes de dinero en metálico. A un electricista. A un mecánico. A varios constructores y hosteleros. A la empleada del hogar y a la encargada de la limpieza. Conforme obtenía un nuevo camelo, todo en dinero negro y con sigilo -“lo hacía en secreto para que no se enterara nadie de mi familia”, alegó ayer a modo de defensa de su familia-, Miguel José Olagüe Roncal seguía teniendo rédito para poder liquidar los intereses que les prometía a sus inversores.

UN NEGOCIO SIN PROPAGANDA A estos, muchos amigos, compañeros de la mili o incluso desconocidos que traían otras comisiones, dice que él “no les captaba. Yo no hacía propaganda para que vinieran. Tenía una asesoría de tomo y lomo, con 600 clientes y 11 empleados. Sabían que yo hacía inversiones en Madrid, que era agente de Iberagentes y del Santander y ellos venían a mí a ver dónde les colocaba el dinero”. Olagüe, de 75 años, está acusado de la mayor estafa piramidal cometida en Navarra, que según los informes presentados alcanza los 12 millones de euros. Es la cifra que suman las cantidades depositadas y las reinvertidas por 48 clientes entre 1994 y 2014 a los que prometía intereses de entre el 8 y el 12,75%, con liquidaciones trimestrales que llegaron a alcanzar los 400.000 euros. Claro, en los tiempos boyantes, el negocio fue ganando adeptos como la espuma. El problema se originó al llegar la crisis, las apreturas en los bolsillos y no había de dónde sacar más dinero, por lo que empezó a faltar la liquidez. Olagüe, al que la Fiscalía pide diez años de prisión por estafa continuada y falsedad documental, limitó su actividad fraudulenta a un periodo de once años y la cantidad que adeuda dice que suma 2,3 millones porque entiende que los intereses que liquidaba y los que reinvertía (que no entregaba físicamente a los inversores y de los que no constan recibos) no tienen que ser contabilizados en su responsabilidad.

“Desde 2003 todo era una farsa, pero antes era legal. Conocía a unos inversores de Madrid. Eran Felipe Manrique y su hermano Juan. Me invertían en locales que luego alquilaban y en todo tipo de actividad inmobiliaria en la Castellana, en la Torre Europa, en la calle Serrano... Ellos me enseñaron locales que tenían y yo confiaba en ellos, igual que los clientes confiaban en mí para invertir. Era de palabra”, afirmó ayer el asesor, que dijo haberse dedicado profesionalmente durante más de tres décadas al ámbito contable, financiero y fiscal, además del asesoramiento de inversiones. “Pero en las Navidades de 2003, Felipe Manrique me deja de coger el teléfono. Llamé, me respondieron, me presentó por mi nombre y ya nunca más he hablado con ellos”. La fiscal le preguntó a Olagüe cómo era posible que un hombre con el que invertía millones de euros durante una década no supiera nada más de su vida, ni tuviera siquiera un contacto suyo, o de un familiar, o de una empresa. “Ya le dije a la Policía Foral que le tenían que buscar en Colombia. Yo le conocí en Madrid, y han buscado aquí en España, a muchas personas han encontrado con ese nombre pero que no eran él, porque creo que está en Colombia. Quien más ha buscado a esa persona he sido yo, por todo el daño que he hecho a la gente y a mi familia, pero no lo he podido localizar”, reconoció Olagüe, que prolongó la estafa hasta que en 2014 no pudo pagar. No podía liquidar intereses. Estaba sin blanca.

SU PATRIMONIO COMO REPARACIÓN Ayer puso a disposición de los afectados su piso y garaje de Pamplona, su chalé de Cambrils y una pequeña oficina en la calle Premin de Iruña de la capital navarra para reparar en parte lo que adeuda. Es lo poco que le queda. Ello, y la defensa a ultranza de su familia, sobre todo de sus hijas, también acusadas de participar en la estafa y para las que se pide cinco años de cárcel. De ellas dice Olagüe que no sabía nada de su entramado. “Sabían que tenía negocios en Madrid. Es lógico porque iba a menudo. Y dejaba sobres cerrados para que los entregaran a inversores cuando yo estaba fuera, también los daban los empleados”.

el seguro como INVERSIÓN SEGURA El único cauce hábil en el procedimiento para que se pueda recuperar el dinero de los 48 afectados resulta ser el seguro que respondía por la actividad profesional de Olagüe. Este lo tenía contratado desde 1997 y el condicionado de la póliza no ha podido ser aportado ni por la propia compañía por lo que no hay límite de la responsabilidad dolosa. Olagüe manifestó que a varios inversores les tranquilizó cuando venían mal dadas advirtiéndoles “de que tenía un seguro de responsabilidad civil que cubría toda mi actividad, incluida la de asesoramiento de inversiones, que yo lo declaraba en la renta porque cobraba comisiones del 2%. Por eso, aunque me jubilé en el año 2009 como asesor, seguí pagando el seguro como inversor financiero hasta 2014. Esa póliza me animó a modificarla para ampliar el capital la mujer de un familiar que trabaja en Mapfre. Fue en el año 2003 y la cambié por la facturación creciente del negocio”. Además de ella, tenía otro seguro de responsabilidad colectiva contratado con la Asociación Española de Expertos Contables (AEEC), de la que hasta 2010 respondía el seguro HCC Insurance y desde entonces perteneció a Mapfre.

El acusado. Le piden diez años de cárcel por estafa continuada y un delito de falsedad en documento mercantil. Le acusan de haber estafado 12 millones de euros aunque él reconoce solo 2,3 millones, porque entiende que los intereses que devolvió o que reinvirtió no puede ser una cantidad que se le reclame como principal.

Las hijas declaran hoy. Las dos hijas del acusado, para las que la Fiscalía reclama cinco años de cárcel por participar en la estafa y ser conocedoras de las inversiones ficticias de su padre, declaran hoy ante el tribunal. Ayer acudieron a la vista con pelucas para no ser reconocidas. También tenían una asesoría, pero su padre dijo que no era una empresa que continuara la suya y que ellas no sabían nada de que lo que él hacía era ilegal. De hecho afirmó que eran víctimas de la propia estafa.

48 afectados. La mayoría están representados por alguno de los ocho letrados/as que ejercen como acusadores particulares en la causa y que reclaman el dinero que dieron en su día a Olagüe. Proceden de toda Navarra (sobre todo la Ultzama) y también de San Sebastián, La Rioja, Barcelona o Alicante.