MADRID. La asociación Derecho a Morir Dignamente (DMD) ve "injusto" que se penalice con prisión "un acto de amor" como el que, a su juicio, ha protagonizado Ángel Hernández, detenido en Madrid por suministrar una sustancia para ayudar a morir a su mujer, que padecía una enfermedad terminal.
En declaraciones a Efe, el presidente de DMD, Javier Velasco, ha rechazado que se impute penalmente a este hombre por "un acto de amor, ayuda y respeto a la voluntad de su mujer", que había expresado públicamente su deseo de acabar con su vida, ya que padecía desde hacía más de 30 años esclerosis múltiple, una patología sin cura.
Ángel Hernández, que fue detenido ayer por la tarde en el domicilio en el que el matrimonio residía, situado en la calle de Federico Sainz de Robles, en el distrito madrileño de Moncloa-Aravaca, se enfrenta a penas de cárcel.
El Código Penal establece en su artículo 143 penas de entre dos y cinco años de prisión para quien coopere con actos necesarios al suicidio de una persona, y de entre seis y diez años para quien coopere para ejecutar la muerte.
En el caso de una enfermedad grave que "conduciría necesariamente a la muerte" la pena sería en uno o dos grados a lo que establece el articulado.
Velasco ha señalado que Ángel es socio de DMD y como tal recibió información sobre "cómo acceder a medicación que puede acabar con la vida", indicaciones que son públicas y accesibles en diferentes web, todas ellas extranjeras, ya que la compra de estas sustancias está penada en España por ser un delito contra la salud pública.
Además, ha insistido en que "la mayoría" de la población española está a favor de la despenalización de la eutanasia y ha lamentado qeu 21 años después de que la muerte de Ramón Sampedro abriera el debate sobre esta materia "no hayamos logrado que se pueda acabar con la vida de una manera digna".
De esta forma, ha urgido a los partidos políticos a que en la próxima legislatura se apruebe una norma que despenalice esta práctica y "que el caso de María José sea el último de una larga lista de muchos otros en su mayoría desconocidos" porque "es un imperativo moral".
En este sentido, ha detallado que según las estadísticas elaboradas en algunos de los países en los que la eutanasia está permitida, como Holanda y Bélgica, entre el 2 y el 4 % de la población que fallece habría solicitado ayuda para morir.
Por último ha hecho un llamamiento al "activismo ciudadano" para continuar con la lucha e implicar a los partidos en ella.
