Ya sabía lo que se decía Carlos Esteban Ayerra Sola, el vicario judicial del Arzobispado de Pamplona, cuando hace escasas tres semanas les respondió a Guillermo y Koldo, los primeros denunciantes en Navarra de abusos sexuales en centros religiosos, que su institución esperará a que la Justicia actúe y, luego, Dios dirá. Datos que no iban a dar, les dijo, que tampoco tenían. Decir eso, básicamente, era dejar pasar el tiempo para que la bruma se disipe, a sabiendas de que la Justicia poco va a poder actuar. Y no lo va a hacer porque la vía penal es una vía muerta para este tipo de causas una vez que los curas denunciados -hasta ahora- por abusos están fallecidos desde hace años. Por lo tanto, a la ya sabida inacción de la Justicia en el asunto, al Arzobispado le correspondería entonces mover ficha, que tampoco parece que vaya a ser el caso. “No vamos a dar ni un dato”, les manifestó el mismo Ayerra a Koldo y Guillermo, dejando nítidas las escasas intenciones de esclarecer los hechos, cuantificar las víctimas, reparar el daño al fin y al cabo de quien pasó por aquel calvario en los centros de Reparadores de Puente la Reina y de El Puy de Estella (ahora también de Jesuitas). Por tanto, a falta de datos de la jerarquía eclesial, este reportaje trata de dar cuenta a modo de compendio de situaciones de abusos en torno a personas vinculadas a la Iglesia que se han denunciado o juzgado en Navarra en las últimas tres décadas. Trata, precisamente, de arrojar datos, algunos conocidos y otros no tanto, luz y taquígrafos a una historia malamente escrita y con un silencio contagioso. Solo en 2006, ante la denuncia de las conductas sexuales de un párroco en Barasoain, el Arzobispado hizo una nota pública reprobando aquello. Poco más podrán encontrar en las hemerotecas, y menos en las homilías, que no hagan pensar que sobre este tema se ha callado demasiado.
Castejón, Junio de 1985
5 niñas denuncian al maestro y sacerdote, que resulta absuelto
Tres padres de cinco alumnas de 1º y 2º de EGB del colegio nacional mixto Dos de Mayo de Castejón denunciaron en junio de 1985 al sacerdote y maestro Francisco Conejero Ciriza, que contaba por entonces con 60 años, por presuntos abusos deshonestos continuados infligidos a sus hijas y consistentes en tocamientos en sus órganos genitales, realizados tanto en clase como en su propio domicilio. A raíz de las denuncias, y según la información publicada por Navarra Hoy en aquellas fechas, fue trasladado a Pamplona y de ahí a Benidorm. El 22 de diciembre de 1986 el religioso fue juzgado en la Audiencia Provincial de Navarra, la Fiscalía y la acusación particular reclamaron para él seis años de prisión (al Ministerio Público incluso le parecía una pena excesiva e informó a favor de un posible indulto parcial si era condenado) y el 26 del mismo mes resultó absuelto. El tribunal justificó su decisión en las “severas dudas” sobre la veracidad de las ofensas sexuales que relataban las niñas, relatos que no estaban “exentos de graves contradicciones”, según el tribunal. Resaltaba la Sala que sus testimonios estuvieron plagados de “contestaciones genéricas” y que ninguna de las menores había sido testigo de los abusos supuestamente sufridos por sus compañeras. El religioso, por supuesto, negó los hechos en el juicio y atribuyó la denuncia a la “fantasía exaltada de las niñas”. Sin embargo, las menores, según el relato que recogió el periódico, coincidieron en señalar que les tocaba en sus partes íntimas, levantándoles la falda, bien en la clase al salir a leer, bien en el domicilio del procesado. Una de las madres llegó a declarar que, en el momento de conocerse los hechos, el sacerdote incluso había ido a pedirle perdón y le preguntó si podía compensarle de algún modo. Sin embargo, la Audiencia creyó otra cosa y pesó más las dudas que hallaron en los detalles denunciados.
2003, Centro de Menores
Guardia Civil ve delito en un exsacerdote que es educador, pero se archiva
En marzo de 2004 la Guardia Civil remitió al Juzgado de Instrucción 1 de Pamplona y a la Fiscalía de Menores un oficio en el que se ponían de manifiesto los supuestos abusos cometidos por un educador -exsacerdote- al menos sobre tres menores que estaban internadas en un centro tutelado. Dicho centro estaba dirigido también por un religioso, quien contrató al educador en 2001. Dicho sacerdote fue de los pocos testigos que a lo largo del procedimiento negó los hechos de raíz al comparecer ante la fuerza actuante. Entonces, dijo que la denuncia se activó para desprestigiar al implicado y que este había abandonado el trabajo en las Navidades de 2003 de manera voluntaria y por problemas personales. Las diligencias judiciales de este asunto se archivaron. Nunca llegó a juicio y ello pese a que en las declaraciones tomadas por la Guardia Civil a personal del centro y a las propias menores, los instructores constataron que había serios indicios de que ese hombre podía haber cometido abusos sexuales sobre las menores al introducirse en sus habitaciones durante la noche. El Instituto Armado, tras las pesquisas oportunas, consideró “peligrosa” la presencia del exsacerdote respecto a las menores que pudieran estar a su cargo. El informe de la Guardia Civil concluyó que “en el transcurso de dos años de trabajo en el centro, esta persona cometió abusos sobre tres menores residentes, prevaliéndose de su condición de educador y abusando de una situación de superioridad manifiesta respecto a las niñas, especialmente vulnerables al encontrarse en situación de conflicto e incluso desamparo”. En ningún momento, añadían los investigadores, “pese a tener conocimiento de que podía haber abusado de residentes, se iniciaron gestiones en el centro para averiguar la posible existencia de otras menores, víctimas de abusos sexuales realizados por esta persona” y que la dirección del centro “intencionadamente ocultó los supuestos abusos no primando en ningún caso los derechos y bienestar de las menores y dejando impunes los actos realizados”. Este relato lo narró hace unos años la denunciante en un programa de radio. Llegó también a instancias del por entonces arzobispo de Pamplona, Fernando Sebastián, quien instó a que “nada de esto trascendiera”, según fuentes cercanas al caso.
2006, Barasoain
Condena de 14 meses al párroco por exhibir pornografía en catequesis
Fue en marzo de 2006 cuando el Arzobispado de Pamplona tuvo que dar por primera vez la cara en público para reprobar la conducta de uno de sus sacerdotes y pedir perdón a los niños y las familias que denunciaron al párroco de Barasoain por conductas sospechosas mientras impartía catequesis. El religioso en cuestión era Juan José Ayensa, que tenía entonces 69 años, y que fue apartado por el Arzobispado de su cargo una vez que se inició la investigación judicial. “Lamentando profundamente lo ocurrido, pedimos a los fieles cristianos que acojan con confianza al nuevo sacerdote y eviten todo aquello que pudiera agravar las malas consecuencias de unos hechos que todos deploramos y condenamos”. Así, pedía la ayuda del Señor, para que los afectados “superen cuanto antes el disgusto y los malos efectos de lo ocurrido, de modo que la vida pueda seguir tranquila y apacible para todos”. Así rezaba el comunicado del Arzobispado, el único que se ha conocido públicamente en Navarra respecto a actividades delictivas de esta índole hasta el último comunicado que efectuaron hace escasas semanas ante la avalancha actual de denuncias en el colegio El Puy de Estella, el único del que se responsabilizan de los actuales casos. Aquel asunto de Barasoain fue sentenciado de conformidad por la Sección Primera de la Audiencia navarra que condenó a 16 meses de prisión al párroco por los delitos de exhibicionismo y provocación sexual, con la agravante de abuso de confianza y la atenuante de reparación del daño. Al acusado se le prohibió acercarse a los menores durante cinco años y servir en trabajos relacionados con la infancia durante seis años, mismo periodo de tiempo durante el que se le inhabilitó como sacerdote según el fallo. Se dio por probado en la sentencia que entre febrero y marzo de 2006, les mostró los genitales a los menores cuando impartía la catequesis en la casa parroquial. Además, estando con los niños, accedió desde su ordenador a la página de internet www.putas.com para ver fotos de carácter pornográfico.
2011, Tudela
Un exsacerdote, condenado a 2,5 años por tocamientos
El trastorno sexual diagnosticado a un exsacerdote (ejerció en parroquias de Zaragoza hasta 2008) jesuita de Tudela, Jesús María Ortín Lasheras, denominado en la pericial psicológica que se le practicó durante el proceso judicial “parafilia de tipo pedófila”, ocasionó que en 2011 a este hombre, de 48 años entonces, se le dictara una orden de alejamiento de cualquier lugar donde hubiera menores, después de que varios chicos a los que entrenaba en un club de Tudela denunciaran que había abusado de ellos, con tocamientos en sus genitales. La medida cautelar fue excepcional y de un impacto tremendo, ya que el hombre no podía acercarse ni a parques, ludotecas, colegios o bibliotecas en los que pudiera haber niños. En 2013 el Juzgado de lo Penal número 1 le condenó a dos años y medio de prisión y fue encarcelado varios meses. La Fiscalía le reclamaba hasta 10,5 años de cárcel, pero antes del juicio el procesado reconoció los hechos y llegó a un acuerdo. Para rebajar la condena se tuvieron en cuenta las atenuantes de reparación del daño (al haber pagado 500 euros a dos de las familias de los niños) y la de trastorno mental.
2013-14, Iglesia de Pamplona
Absuelto un voluntario
En enero de 2014 el titular del Juzgado de lo Penal número 4 de Pamplona juzgó por abusos a un voluntario de la parroquia de San Lorenzo de Pamplona que se encargaba de tramitar las ayudas que Cáritas entregaba a las familias necesitadas. El procesado resultó absuelto. La denunciante era una mujer africana que acudió el 26 de agosto de 2013 a las 16.15 horas a demandar ayuda y denunció que el hombre se había masturbado en su presencia y le había realizado tocamientos en uno de los despachos parroquiales. Hubo dos aspectos que el juez encontró cruciales para absolver al acusado. El primero fue que la mujer manifestara en la instrucción del caso que al entrar al despacho, el hombre cerró la puerta con llave y, luego en el juicio, no recordó si tenía llave. Sin embargo, la sala en la que ocurrieron los hechos denunciados no tiene siquiera cerradura, “extremo importante -decía el juez- porque el hecho de cerrar con llave denota una predisposición evidente en el acusado para quedarse a solas sin ser molestado”. Además, el acusado padecía en aquellos momentos disfunción eréctil y no podía eyacular.
2016, Pamplona y Comarca
El clero, víctima de extorsión sexual
Una carta difundida por el vicario judicial Carlos Ayerra y una eucaristía dominical alertando de unas supuestas mafias extorsionados con el clero navarro y de las que alentaban a huir a los feligreses irrumpió en abril de 2016 en la esfera pública. Dicha denuncia, que alertaba de que existían grupos organizados dedicados a la mendicidad que pedían auxilio económico a los sacerdotes hasta pasar más tarde a amenazarles con denuncias de tipo sexual, por lo que habían extorsionado a varios de ellos, fue proclamada por el Arzobispado, cuyo máximo representante, Francisco Pérez, incluso daba las pautas a seguir ante hechos de esta índole. Sus recomendaciones eran las que siguen estas líneas: Se prohíbe cualquier tipo de entrega de dinero a nadie, se demanda prudencia ante las visitas que reciben (“procurad hacedlo con personas presentes y, por supuesto, no en vuestro domicilio. Hay auténticos extorsionadores que son capaces de cualquier cosa”) y, por último, si alguno de los sacerdotes ya ha sido objetivo de extorsión, debe ponerse en contacto con el Arzobispo o el propio vicario judicial. “No penséis que lo podéis resolver solos”, terminaba la misiva.
Llama la atención que ante un asunto de estas características el primer paso sea comunicárselo a la autoridad eclesiástica y no a una fuerza policial o autoridad judicial. Si así empezó este caso, que al parecer originó el traslado de al menos media docena de párrocos de las iglesias donde impartían su ministerio, no pudo terminar peor. Finalmente, solo se interpuso una denuncia judicial pese a que el chantaje o al menos las tentativas para lograrlo afectaron a varios religiosos. La única denuncia corrió a cargo del párroco por entonces de Tajonar. En ese caso, tres adultos, de nacionalidad rumana, se sentaron en el banquillo por extorsionar a dicho religioso y resultaron absueltos. El juez de lo Penal 4 de Pamplona concluyó que no existían pruebas de que estas personas fueran las que le amenazaron entre enero y febrero de 2016 con difundir una fotografía junto a un menor (este sí fue condenado en menores, y los otros acusados eran familiares). El juez recriminó en la sentencia al denunciante su escasa colaboración, ya que incluso borró las llamadas y mensajes de los supuestos extorsionadores, a los que dijo haber entregado entre 35.000 y 38.000 euros. En su denuncia en enero de 2016, el párroco relató que, tras obtener una fotografía que podía comprometer su reputación, un grupo de personas comenzaron a solicitarle varias cantidades de dinero a cambio de no difundir públicamente la foto o denunciarle por abuso sexual a un menor. Aseguró que al ver que la extorsión no cesaba, acudió al Arzobispado para solicitar ayuda, momento en el que acudió a denunciar lo sucedido a la Guardia Civil.
