pamplona - El juicio que comenzaba ayer en la Audiencia Provincial de Navarra contra 18 agentes de la Guardia Civil, la esposa de uno de ellos y el titular de una empresa de mudanzas por cobrar de forma fraudulenta indemnizaciones por cambio de residencia concluyó con la condena de conformidad de 16 agentes, la mujer y el transportista. De este acuerdo se descolgaron otros dos de los guardias civiles acusados que serán juzgados el próximo 27 de mayo por los delitos que inicialmente pedía la fiscalía, uno de fraude y exacciones ilegales en concurso con un delito de estafa -con petición de 6 años de inhabilitación y 22 meses de cárcel- y otro de falsedad en documento oficial cometido por funcionario público -con 3 años de cárcel, inhabilitación por dos años y multa de 3.000 euros-.
En cuanto a los condenados, el agente que gestionaba la trama -Juan Jesús O.T.- aceptó la condena de 1.200 euros de multa y 7 meses de suspensión de empleo público -por lo que pierde su destino- por un delito continuado de exacciones ilegales y por otro de falsedad en documento oficial por imprudencia. A su mujer -María Pilar C.S.- se le impuso la misma multa y al transportista -Juan José S.M.- se le condenó a 8 meses de cárcel y a una multa de 1.350 euros. Además, entre los tres deberán pagar 27.135 euros de responsabilidad civil.
Por otra parte, los 15 agentes condenados y que se beneficiaron de la trama también fueron declarados culpables de un delito de exacciones ilegales y otro de falsedad en documento oficial por imprudencia, en concurso medial, lo que se pena con una multa de 910 euros y la suspensión de empleo y cargo público durante 3 meses y un día, un espacio de tiempo por el que no perderán su destino. No obstante, a todos ellos se les ha aplicado las atenuantes de reparación del daño y de confesión tardía y han pedido perdón y reconocen los hechos, que no han causado un perjuicio grave a la Administración. Además, también se pedía inicialmente para la empresa de transportes una multa de 400.000 euros por un delito continuado de estafa, si bien se ha retirado al comprobarse que esta empresa no existía.
Según había avanzado el Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN), el fiscal acusaba a 17 de los guardias de haberse beneficiado de la trama, mientras que al agente Juan Jesús O.T., a su mujer -María Pilar C.S.- y al titular de la empresa de mudanzas -Juan José S.M.- los acusaba de gestionar los documentos que acreditaban las supuestas mudanzas de muebles y tramitaban las solicitudes de Indemnización por Traslado de Residencia (ITR). Concretamente, estas compensaciones las percibe un guardia civil cuando cambia de residencia (por asignación de un nuevo destino o por el pase a la situación de reserva, entre otros), y que el propio cuerpo abona por los gastos generados por la mudanza, que en este caso resultaban ser falsas.
los hechos Para cobrar estas indemnizaciones de manera fraudulenta, Juan Jesús O.T. gestionaba la trama, contactaba con agentes que iban a cambiar de residencia para ofrecerles la tramitación de la ITR. Para percibir esta ayuda económica, el guardia civil afectado debe presentar los presupuestos de tres empresas de mudanzas. Una vez examinadas las ofertas, la Guardia Civil abona al agente que se traslada el importe correspondiente al presupuesto que ofrece el menor precio. Así, estos tres acusados habían elaborado un sistema mediante el cual la empresa de mudanzas procesada ofertaba siempre el presupuesto más bajo, lo que era posible gracias al conocimiento previo que tenía Juan Jesús O.T. de las otras dos cuentas presentadas.
De esta manera, los agentes que pedían el traslado se lucraban (en algunos casos con hasta 9.000 euros) sin llegar a hacer uso de los servicios de la empresa supuestamente adjudicataria. Sin embargo, el artículo 29 del Real Decreto 462/2002 sobre indemnizaciones por razón del servicio fija un mes de plazo para llevar a cabo las ITR, por lo que los condenados, pese a que firmaron la documentación para hacerla efectiva, desconocían si la mudanza se había efectuado o no. Además, el transportista sí percibía cantidades de dinero a cambio de simular que había completado el trabajo. Según la acusación, los guardias que aceptaron este sistema también pagaron dinero a Juan Jesús O.T. y a su mujer, que percibieron entre 900 euros y 1.800 euros de cada uno de estos casos. - D.N.
9.000
Los guardias civiles que solicitaban la ITR por una mudanza que no se llegaba a realizar se lucraban con la totalidad o la mayor parte de la indemnización, que en algunos casos llegaba a ascender a los 9.000 euros.
en breve
Los ideólogos de la trama. El agente Juan Jesús O.T. y su mujer, María Pilar C.S., idearon una trama mediante la que gestionaban indemnizaciones por cambio de residencia de manera fraudulenta para cobrar dichas ayudas.
Los beneficiados. Los otros 17 agentes se beneficiaban del importe de la ITR, aunque la mudanza nunca se llegaba a realizar.
El transportista. El titular de una empresa de mudanzas, que resultó no existir, era quien recibía el encargo y percibía cantidades de dinero a cambio de simular que había completado el trabajo.
