Vivir en la calle en pandemia

Cuando toda la ciudadanía debía permanecer en sus viviendas, ¿qué había de quienes no tenían una? Una de las cuestiones que se debió abordar por parte de las autoridades desde la imposición del primer estado de alarma en marzo de 2020 fue la situación de las personas sin hogar que pasan la noche bajo un puente, en un edificio abandonado o en un cajero. Antes del covid, una veintena de personas se encontraba en estas circunstancias en Pamplona. En la actualidad, ascienden a alrededor de 40, según el recuento nocturno realizado el 26 de mayo por voluntarios del Paris 365, Dya y los educadores de calle de la Fundación Xilema que atienden a personas sin hogar.

Olivia Elizari, directora del área de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Pamplona, recuerda que “en el primer estado de alarma (de marzo a junio de 2020) fuimos más restrictivos. Hubo un momento en el que recogíamos a todo el mundo. Ellos mismos veían la necesidad de permanecer bajo techo porque era un momento de mucha tensión social”. Sin embargo, reconoce Elizari, en casos muy excepcionales, no se prohibía que hubiese gente durmiendo en la calle, ya que, para acudir a los recursos habilitados (albergues o pensiones) tiene que haber cierta “voluntariedad. No es obligatorio”.

En esos casos, indica Ángel Mª Azanza, inspector de la Unidad de Protección y Acción Social de la Policía Municipal de Pamplona, se intentaba “tenerles localizados”. Fueron únicamente unas 5 o 6 personas las que siguieron durmiendo al raso durante esos primeros meses de pandemia, estiman los educadores de calle. Algunos porque no querían estar en los albergues o habían sido expulsados. Desde entonces, el número no ha dejado de aumentar. En el segundo estado de alarma, de octubre de 2020 a mayo de este año, fueron más flexibles y no se volvió a llevar a cabo esa labor de “búsqueda y recogida” del primero.

D.H.F. durante la entrevista en el albergue de Trinitarios. Unai Beroiz

Además de los albergues de Trinitarios (este es permanente, con 50 plazas) y el de Jesús y María (con 40 plazas habilitadas durante los dos estados de alarma y la ola de frío hasta el 9 de mayo), el Consistorio cuenta con pensiones a las que puede derivar a personas en situación de emergencia durante unos 3 días, quienes también pueden acudir al comedor municipal On Egin, en la calle del Carmen. El inspector Azanza recuerda que, pese al cierre perimetral, seguía llegando gente de fuera a la ciudad. En primera instancia, se les derivaba a los albergues, “si no había sitio –explica–, una vez que se llenaron, el Ayuntamiento concertó con hoteles de la Comarca porque en las pensiones de Pamplona tampoco cogían más”.

En 2020, los agentes municipales entregaron vales de pensiones a 199 personas distintas. Un año antes, fueron 247 en total. Aunque usualmente es gente sola, también llegan familias, extranjeras o de otras CCAA: “No se sabe si vienen engañadas o pensando que aquí en Navarra van a poder recibir más ayudas, cuando no están ni empadronados, pero son casos recurrentes”, apunta Azanza.

LOS ESTADOS DE ALARMA

El efecto llamada

Los nuevos perfiles

Las autoridades reconocen que desde el inicio de la pandemia se produjo cierto efecto llamada de gente de otras partes de Navarra que acudió a los recursos habilitados en la capital navarra, especialmente jóvenes extranjeros de la Ribera. Así, se hicieron más visibles los nuevos perfiles del sinhogarismo. Entre ellos, los de la gente joven.

Ahora, una de cada cuatro personas atendidas en el programa de residentes del Centro para Personas Sin Hogar de Trinitarios se encuentra en el tramo de edad de 18 a 25 años. Bien son chavales que vienen de instituciones sociales o con problemas en el entorno familiar y acaban en la calle al cumplir la mayoría de edad, o son casos de jóvenes extranjeros no acompañados (Jenas) recién llegados y sin acceso a la batería de ayudas sociales.

También se dan casos de menores extranjeros no acompañados (Menas) que han cumplido los 18. “Es un perfil muy distinto al histórico, que lleva décadas en calle y con problemas de adicciones y salud mental aparejados”, compara Rubén Unanua, director del Centro para Personas Sin Hogar de Trinitarios que gestiona la Fundación Xilema.

“Son chavales que han venido a mejorar su vida, pero necesitan un acompañamiento. Eso es clave. Porque muchas veces tienen comportamientos adolescentes o juveniles, pero están en un mundo de adultos, con las correspondientes consecuencias”, contrasta Unanua.

J.M., de 29 años y natural de Agadir (Marruecos), lleva unos nueve meses en Navarra y explica que “venir aquí es un nuevo comienzo para mí, estoy buscando un futuro. En Marruecos no lo hay, es muy difícil vivir allí. No hay oportunidades de progresar”. Él trabajaba como soldador en su tierra y habla árabe, francés e inglés. Ahora aprende castellano en el Centro Público de Educación para Adultos José María Iribarren. El joven viajó desde Marruecos atravesando una decena de países hasta aquí. Ya en Pamplona, pasó un tiempo en el albergue y también en una habitación, pero terminó en la calle y se fue a vivir al antiguo convento de las Agustinas de San Pedro en Aranzadi, con un grupo de jóvenes magrebíes. El lugar, propiedad municipal y futuro centro del Hub Audiovisual, fue desalojado y tapiado hace dos semanas. Ahora, J.M. y varios más duermen en cajeros, coches u otros locales abandonados. Comenzar de cero aquí también es muy difícil, admite J.M. Sin conocer a nadie, ni el idioma, en situación administrativa irregular, sin trabajo ni posibilidad de acceder a ayudas. A través de un compatriota residente en Pamplona contactó con el Paris 365, donde le asesoran, acompañan e informan de los recursos disponibles y cada día puede ir a recoger alimentos del comedor. También acude al centro de día San Miguel de Caritas para ducharse y lavar su ropa. Asume que tendrá que pasar un tiempo así hasta poder optar a una Renta Garantizada y salir adelante.

La casa abandonada de Curtidores es un lugar utilizado para pernoctar. Unai Beroiz

“La vida es muy dura, todo es muy complicado. Te piden muchas cosas que no tienes porque no has nacido aquí”, sostiene J.Y., también marroquí, de 21 años, seis de ellos en Navarra. Llegó siendo menor y estuvo en varios centros del sistema de protección de la infancia del Gobierno de Navarra. Accedió al Programa de Autonomía para jóvenes de 18 a 21 años, pero fue expulsado y cuenta que lleva dos años en la calle: “Yo cobro la renta, pero todo está muy caro, piden contrato de trabajo y fianza. Nadie me quiere alquilar”, explica J.Y. “Antes morir que volver a Marruecos”, decían entre ellos mientras mostraban las habitaciones del Conventos de las Agustinas en las que vivían hasta hace dos semanas. Tres de ellos son hermanos, de origen argelino, que llegaron a las Islas Baleares en patera y llevan en Navarra unos 3 meses. B.A., marroquí de 25 años, hizo un trayecto similar al de J.M., por Turquía, Grecia, Albania, Kosovo…hasta aquí. “Fue muy duro. En el viaje mataron a un amigo mío. En algunos de esos países, la policía es una mafia”, asegura. Él lleva 5 meses en Pamplona.

Los jóvenes ocupaban tres cuartos de un ala del edificio, dos en el segundo piso y uno en el primero. Allí tenían colchones, sacos de dormir, mantas, su ropa, sus libros, y una mesita con comida que les daban en las ONG. No daba para más. El resto del lugar, ruinoso, húmedo y sucio, estaba lleno de pintadas, con orines y desechos por todo, botellas y vidrios rotos, restos ennegrecidos por incendios pasados, con ventanas sin cristales, pero con barrotes o enladrilladas, y, por supuesto, sin luz, ni agua ni calefacción. “La situación de estos jóvenes es compleja y no se puede generalizar”, concluye Sofía Antón, responsable del comedor solidario Paris 365: “Algunos llevan solo 3 meses, otros más. La mayoría han ido consiguiendo ser empadronados gracias a la presión de asociaciones como Paris 365, centro de día San Miguel de Cáritas, Lantxotegi y Apoyo Mutuo, y los que no, son atendidos en Alta Exclusión. Pero, a día de hoy, tienen pocas posibilidades de conseguir una prestación”. Cabe recordar que para optar a la Renta Garantizada hay que llevar un mínimo de dos años viviendo en Navarra, entre otros requisitos.

Actualmente, hay una veintena de jóvenes en está situación en Pamplona, denunciaron este lunes varias ONG agrupadas entorno al Punto de Información para Personas Migradas.

En estas últimas semanas se han llevado a cabo varias mesas de coordinación entre los Servicios Sociales del Ayuntamiento, el albergue, los educadores de calle, París 365, Cáritas, Policía Municipal y Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra para abordar esta problemática. Si bien, aclaran, la competencia es municipal, el departamento de Políticas Migratorias también les había detectado y decidieron poner en marcha el programa Kideak. Virginia Eraso, directora del Servicio Karibu, adelanta que se trata de un proyecto “muy centrado en esos jóvenes” que busca paliar algunas de las principales dificultades con las que se encuentran, como la imposibilidad de acceder a una vivienda, el desconocimiento del idioma, la falta de formación (o de homologación de la que tienen) y de acompañamiento a través de la mentoría social. Cuenta con 50 plazas y está dirigido concretamente a jóvenes extranjeros de 18 a 23 años sin apoyos familiares y con una estancia mínima en Navarra de 6 meses. Puede ser que salgan del sistema de protección de la infancia o que sean derivados de los Servicios Sociales de Base. Kideak tiene una duración de un año, con la posibilidad de prorrogarlo a dos. Contempla la opción de ofrecer alojamiento de corta o media estancia a quienes lo precisen (hasta 35 plazas) pero el principal objetivo del programa es que obtengan una inmersión lingüística y formativa, parte de la que se encargará el departamento de Educación. “Si este proyecto no se pone en marcha, estos chavales estaban abocados a la exclusión social”, sostiene Eraso, consciente de que, por ejemplo, varios de los mencionados en el reportaje quedarían fuera por su edad: “Contamos con un presupuesto ajustado y preferimos hacer algo bien hecho que pretender abarcar demasiado”, justifica la directora del Servicio Karibu.

EL PERFIL HISTÓRICO

Décadas en calle

Baja esperanza

Por otro lado, está el perfil “crónico”, es decir, una persona que lleva años en situación de calle, entre las cuales los niveles de adicciones suelen ser muy altas (un 75%), sobre todo de alcohol y en un 50%, trastornos mentales. La patología dual (ambos) es desgraciadamente común entre ellos. En estos casos, lamenta el director del albergue de Trinitarios, es muy difícil llevar a cabo un proceso para salir a la calle. Son un perfil “de baja esperanza”. Sobreviven con prestaciones o pensiones no contributivas. E.V.L., de 62 años y origen cántabro (aunque dice sentirse vasco porque de pequeño vivió en Bilbao), lleva 11 años en la calle. Hasta los 50, rememora, nunca tuvo ningún problema: “Tuve una infancia normal, estudié en un colegio de curas, siempre estudiando y trabajando, en tareas administrativas, mantenimiento, hasta ejercí de profesor. Tengo cursos y diplomas, pero, ponte a buscar un trabajo a partir de los 50 años, es muy complicado”. Pudo costearse una habitación un tiempo, pero se fue quedando sin ingresos. Hasta que pudo optar a la Renta Garantizada, “pedía en una esquina. Así de duro”, reconoce E.V.L., agradeciendo a la vez que “la gente me veía y me ayudaba. El 99% siempre me ha tratado con respeto. Me preguntaban si quería un café o un bocadillo. Me han traído ropa y libros”. Antes del covid dormía donde podía, en cajeros o soportales en el Casco Viejo. En el primer y segundo estado de alarma permaneció en el albergue de Jesús y María y un mes en verano en Trinitarios. Luego, tuvo que volver a la calle. Ahora está pendiente de una habitación porque “el cuerpo no está para dormir en cemento todos los días. Es muy duro y en invierno, con el frío y la lluvia, se pasa muy mal, más con la edad que tengo. Por lo menos estoy para contarlo, que no es poco, cuánta gente se ha quedado por el camino”. 

Además, están las personas cuya situación aún no está cronificada, que no llevan mucho tiempo en la calle, que padecen principalmente dificultades económicas, por lo que recursos como el albergue “les suelen ser útiles. El apoyo que les damos desde aquí les ayuda a reconducir su vida”, apunta Unanua. D. H.F., de solo 23 años, natural de Pamplona, ha vivido desde el pasado diciembre entre el albergue de Trinitarios y el de Jesús y María. Antes residía en San Sebastián, donde trabajaba en hostelería, pero con el covid, tuvo que dejar de trabajar, pasó meses sin cobrar, se quedó sin ahorros y volvió a Pamplona con sus padres. La convivencia no funcionó y, sin más red de apoyo, acudió a los Servicios Sociales, que le derivaron al Centro de Personas Sin Hogar. “No es fácil estar aquí, pero si sabes llevar una convivencia, te adaptas. Hay que olvidarse del entorno, aquí ves situaciones que te afectan o puedes tener algún encontronazo, y centrarte en ti”, narra el joven. Ahora está pendiente de poder incorporarse a un trabajo, ahorrar y buscar un piso de alquiler para compartir con dos conocidos: “Cuando llegas a un punto tan bajo te vuelves más real, hablas más claro las cosas, más transparente. Cuando más jodido he estado es cuando he aprendido la esencia de vivir con lo básico. No es conformarte, sino darte cuenta de lo que tienes y lo valoras”.

EL DRAMA DE LA VIVIENDA

El negocio del empadronamiento

Ni hablar de un hogar

Desde el París 365, Myriam Gómez García, coordinadora-gerente, y Marta Antoñana, responsable del proyecto ECIS (empleo comunitario e inserción social) y trabajadora social del equipo de Acogida, tratan de desmontar la imagen estereotipada que persiste en el imaginario social de una persona en la calle: “Parece que siempre ha sido así para ellos, pero en muchos casos es un momento puntual o circunstancial”.

Las entidades consultadas coinciden en que la pandemia ha agravado situaciones de precariedad, ha hecho que gente que llevaba tiempo estable vuelva a acudir a ellas o que aparezcan quienes nunca habían tenido que necesitar estos recursos. Y, en todos los casos, la vivienda se erige como factor clave. “Si antes un 46% de los beneficiarios indicaban necesidad de afrontar pagos relacionados con la vivienda, durante la pandemia ha subido al 70%”, compara Josune Anocibar, responsable del área de atención a personas en extrema vulnerabilidad de Cruz Roja. “Que tengas una mala experiencia con un alquiler siempre ha tenido mucho eco, y si le sumas los prejuicios que se tienen según el origen del demandante, ya ni siquiera con una prestación garantizada les quieren alquilar”, lamenta Anocibar.

La carencia de un parque de vivienda social hace que mucha gente deba recurrir al mercado libre, con sus reglas de juego. Dos puntales principales son la subida abusiva de precios y los requisitos cada vez más exigentes para alquilar una vivienda. Hasta 400 euros por una habitación, en ocasiones incluso compartida con alguien más, sin derecho a cocina o baño, más la exigencia de nóminas, fianzas y avales. Sin contar con el negocio de los empadronamientos, base para acceder a servicios públicos como una tarjeta sanitaria y optar a prestaciones sociales, entre otros, así como el reconocimiento como residente en la ciudad, necesario para demostrar el arraigo social, la vía principal de regularización. Por ellos, llegan a pedir entre 200 y 300 euros.

“Es obsceno. Abocan a mucha gente a estar entrando y saliendo de la calle o a unas condiciones inaceptables bajo un techo”, critica Myriam Gómez García, coordinadora gerente del Paris 365, quien admite que “tenemos un problema como organizaciones cuando tenemos totalmente normalizado que a la gente lo que le ofrecemos son habitaciones. Ya no hablamos ni de vivienda, ¿cómo vamos a hablar de hogar?”. Carolina Ibáñez, responsable de Acogida de Cáritas, lo corrobora: “La vivienda es un drama. Ya no es que no encuentren un piso, es que ni una habitación. A las condiciones que ya eran imposibles, como dos nóminas, fianza, aval, sin niños o solo mujeres; el Covid-19 lo ha complicado más. En algunas piden hasta PCR negativa para entrar, y nos han llegado casos de gente a la que han echado al contagiarse”.

Para Ibáñez, la Renta Garantizada “salva” y las entidades sociales apoyan, pero “hay que subvencionar el alquiler”, porque “hay gente que está quedando fuera”. Rubén Unanua, director del albergue de Trinitarios, es claro: “¿Qué proceso de inserción social vas a hacer durmiendo en un cajero? Hay que tener una vivienda, en el formato que sea, pero un lugar estable y seguro, entonces hablamos. Es la parte que siempre cojea. Hay gente con empleo o cobrando una prestación en la calle”.