- Las personas residentes en Francia empezaron ayer a utilizar el controvertido certificado sanitario, cuyo obligatoriedad se ha extendido a bares, restaurantes, cafés, trenes y otros lugares que acojan público. El día estuvo marcado por la resignación de unos y la pedagogía de las autoridades antes de poner multas. Varios altos responsables del Gobierno acudieron en primera persona a velar por el cumplimiento de la norma, como el ministro delegado de Transportes, Jean-Baptiste Djebbari, que asistió a la estación de Lyon, en París.

En algunos casos se puso en marcha un sistema de registro previo para evitar largas colas en estaciones y aeropuertos. Djebbari insistió en que se trata de una semana de introducción y, como ya había señalado el ministro de Sanidad, Olivier Véran, la intención es acompañar a los ciudadanos en la puesta en marcha del sistema, especialmente a los vendedores que tienen que controlarlo.

Este fue el caso del café Rive Droite, en la concurrida zona céntrica de Les Halles, donde la Policía advirtió a los responsables del establecimiento de que no todos los clientes tenían el pasaporte sanitario en orden, pero se fue sin multar a nadie. En general, controladores y controlados asumeron la norma, aunque en buena parte se debe a la imposición y no a la adhesión. Marina Parengton, camarera, se encontraba ayer como clienta en una terraza de París, donde puso en duda la efectividad de la medida. "Para mí no es una buena idea. Los restaurantes han estado cerrados mucho tiempo y hace solo tres meses que podemos abrir. No es complicado pedirlo, pero no me gusta tener que preguntar a todo el mundo si tiene el pase sanitario. Hay que vacunarse, pero no debe ser una obligación", consideró.

A pocos metros, en otro establecimiento, un cliente se mostraba convencido de los beneficios de pedir el certificado sanitario. "Yo estoy a favor, creo que permitirá limitar los contagios y que no planteará problemas. No me parece intrusivo", expresaba Thierry Capet, tras ser controlado por las autoridades.

Las multas para los clientes que no acepten la ley es de 135 euros, y hasta 3.750 euros con seis meses de prisión si hay tres reincidencias en un mes. Para los locales el riesgo de no controlar puede llegar al cierre administrativo, aunque se espera que las autoridades empiecen a ser más severas a partir de septiembre. Tanto en París como en otras capitales de provincia en el interior, como Burdeos (sudoeste), el ambiente en las terrazas era ayer un tanto desolador debido también al cierre de muchos locales por las vacaciones estivales.

Algunos hosteleros lo achacaron directamente al pase sanitario, que debe atestiguar una pauta de vacunación completa o un documento médico de haber pasado la enfermedad en los seis meses anteriores o una prueba de diagnóstico negativa de las últimas 72 horas. Donde se veían más colas que en las últimas semanas era en los puestos preparados para la realización de test de antígenos de farmacias, cubiertos por la Seguridad Social. "Con respecto a la misma hora del viernes, ha subido el número de personas que vienen a hacer un test", confirmó el estudiante de Medicina Martin Piquet, que hacía las pruebas en un local del centro de París.

Las empresas exigen vacunarse. Las grandes empresas empiezan a exigir a sus trabajadores la vacuna, en algunos casos pasando del incentivo a la obligatoriedad en vista del repunte de casos -unas 100.000 infecciones diarias-. Los empleados públicos y trabajadores sanitarios de estados como Nueva York fueron los primeros en recibir requisitos de vacuna anticovid o pruebas semanales, y ahora esos mandatos llegan al sector privado, que ha evitado durante meses imponer medidas de este tipo. Con la mitad de la población estadounidense completamente vacunada, sigue habiendo más de 90 millones de personas que no han recibido ningún pinchazo y el tiempo corre en contra con la propagación de variantes más transmisibles que podrían sortear la efectividad de los preparados disponibles.