Los grupos parlamentarios han debatido este martes el proyecto de Ley Foral de atención y protección a niños, niñas y adolescentes y de promoción de sus familias, derechos e igualdad, una norma que beneficiará a 122.000 menores y sobre la que se han presentado varias enmiendas, la mayoría para puntualizar algunos aspectos y que han estado aprobadas por unanimidad. Sin embargo, las discrepancias han aparecido al hablar sobre los presupuestos y los consentimientos médicos.

En el primer apartado, Geroa Bai ha presentado una enmienda para retirar un condicionamiento a necesidades del presupuesto que se incluyó en el proyecto de ley pero que no estaba en un anteproyecto en el que se establecía el compromiso de aumentar el presupuesto destinado a políticas de infancia y adolescencia con arreglo a la subida del techo de gasto, manteniendo la inversión si éste bajaba. "Pensamos que por lo menos la ley tiene que recoger esa voluntad política", defendió Isabel Aranburu.

Tanto Navarra Suma como EH Bildu, Podemos Ahal Dugu e Izquierda-Ezkerra votaron a favor de la modificación, no así un PSN que entiende "que tal y como está el artículo en el proyecto está ya establecido el compromiso que sean unos presupuestos suficientes y ajustados a las necesidades", en palabras de su portavoz en la comisión, Nuria Medina.

El otro punto de discusión fue el referente a los consentimientos médicos por parte del menor. En la actualidad, los menores entre 16 y 18 años tienen consideración de ser "maduros", por lo que pueden tener capacidad de decisión, mientras que para los menores entre 12 y 16 son los profesionales médicos quienes determinan si cuentan con esa madurez, sin la cual los padres son los que tienen la última palabra, mientras que los menores de 12 no tienen ese poder. Esto podría cambiar con la nueva Ley de la infancia, que establece que hay que escuchar también la opinión de esta franja de edad, lo que Navarra Suma considera que es darles potestad "en cosas tan importantes que pueden ser irreversibles".

Sin embargo, la parlamentaria Marta Álvarez fue acusada de hacer una "interpretación subjetiva" del artículo que regula este tema, ya que los demás partidos aprecian que solo se recoge la "obligación de informar y escuchar" la opinión de estos menores al someterse a tratamientos u operaciones quirúrgicas, entre otros.