El juicio por el accidente del Alvia en Santiago arrancará el 20 de septiembre
El proceso está previsto que se prolongue durante 9 meses - El siniestro, ocurrido el 24 de julio de 2013, provocó la muerte de 80 personas
El juicio por el accidente del Alvia el 24 de julio de 2013 arrancará el 20 de septiembre de este año y se prolongará hasta 2023, nueve meses de declaraciones, peritos y declaraciones de testigos que llevarán la sentencia al año del décimo aniversario del siniestro en que murieron 80 personas y 144 resultaron heridas.
El auto de la jueza, con fecha del 7 de abril y al que ha tenido acceso Europa Press, hace una propuesta de calendario para este juicio en el que se sentarán en el banquillo como investigados el maquinista del tren y para el que era el director de Seguridad en la Circulación de Adif en el momento de puesta en funcionamiento de la línea.
Concretamente, entre los días 20, 21 y 22 de septiembre está previsto que se sustancien las cuestiones previas y el interrogatorio a los acusados. A partir del 4 de octubre está fijado que empiecen las declaraciones de los primeros testigos, empezando por integrantes del cuerpo policial.
El portavoz de la Plataforma Víctimas del Alvia, Jesús Domínguez, está citado para marzo de 2023, testimonios que seguirán hasta el 30 de mayo, fecha en la que está previsto que comiencen los informes y conclusiones finales de este macrojuicio.
La instrucción finalizó con los dos acusados, contra los que se dirime si los hechos que se les imputan fuesen constitutivos de 80 delitos de homicidio por imprudencia grave profesional, de 145 de lesiones por imprudencia grave profesional y de un delito de daños.
CUATRO AÑOS DE PRISIÓN
La Fiscalía solicita para cada uno de ellos cuatro años de prisión. Además, demanda que el maquinista, Francisco Garzón, sea inhabilitado para su profesión durante el tiempo de la condena.
Para el otro acusado, el exresponsable de seguridad de Adif, Andrés Cortabitarte, que salió de la dirección de la empresa pública en mayo de 2021, requiere la inhabilitación durante el mismo periodo para el ejercicio de cualquier profesión que implique gestión, seguridad o responsabilidad en infraestructuras ferroviarias.
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