Seis años después, la sentencia del Juzgado de Instrucción de San Lorenzo de El Escorial sigue sin cumplirse y los restos de 105 víctimas, entre ellas unas cuarenta vascas, siguen enterrados en el Valle de los Caídos. La última traba la ha puesto el Ayuntamiento del municipio en el que se encuentra el recinto franquista, gobernado por el PP, al negarse a renovar la licencia de obra necesaria para exhumar los restos alegando que la medida ha sido recurrida al Tribunal Superior (TS). Ante este nuevo varapalo, que los familiares creen que podría incurrir en un delito de prevaricación, las familias de los allegados enterrados recurrirán a la Defensora del Pueblo Europea, hartas “de sentirse perseguidas y agraviadas”.
“Estamos muy preocupados y tenemos la sensación de que el odio es el centro de todo esto. No les importan nuestros derechos”, asegura visiblemente enojado a este periódico Iñigo Jaca, sobrino del zumarragarra Antonio Arrizabalaga Ugarte, enterrado en el Valle de los Caídos sin consentimiento alguno de sus allegados. El suyo es uno de los más de un centenar de casos que en los últimos seis años han contado con una sentencia favorable a la exhumación y que, sin embargo, siguen sin poder desenterrar los cuerpos.
El recurso presentado por una asociación ultraderechista llevó a una medida cautelar de paralización de las obras que, finalmente, en junio de este año, fue suspendida por los tribunales madrileños. No obstante, en este tiempo, las licencias de obra necesarias para acometer las exhumaciones habían caducado, por lo que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial debía renovarlas, algo que se niega a hacer.
Según el Gobierno municipal liderado por la alcaldesa del PP Carlota López Esteban, puesto que la última resolución ha sido recurrida al TS por la misma organización ultraderechista, el Ayuntamiento no está en la obligación de renovar las licencias hasta que no haya una respuesta judicial. Esta decisión, sin embargo, podría ser considerada como prevaricación, ya que el Consistorio no puede poner en duda una sentencia.
De este modo, a pesar de que el centenar de familias cuentan con un fallo favorable desde 2016, la situación ha vuelto a la casilla de salida por culpa de un entramado burocrático bajo el que se ha parapetado el Ayuntamiento madrileño. “Es una cuestión de odio hacia nuestros familiares. Después de violar sus tumbas sin consentimiento, llega esto. Viendo los pertinaces que son, nos sentimos perseguidos y agraviados”, explica Jaca.
Ante esta situación, los familiares no se quedarán con los brazos cruzados y seguirán reclamando sus derechos recurriendo a la Defensora del Pueblo Europeo. “Cuando la sentencia fue paralizada acudimos a la Comisión Europea y, curiosamente, al mes y medio nos respondieron desde el Gobierno español diciendo que el procedimiento seguía adelante”, señala Jaca, confiado en que la historia vuelva a repetirse por segunda vez: “La Defensora está obligada a responder siempre. Incluso si no es competente para ello, anuncia una vía posible que sí lo sea. Aquí, en cambio, hay un silencio administrativo. Nuestra experiencia nos dice que tenemos que ir a Europa para que aquí se actúe y por eso volvemos”.
“Me asisten unos derechos”
Ante tantas piedras en el camino, los familiares se muestran agotados. A lo largo de estos años ninguno ha podido recuperar los restos de sus allegados, ni tan siquiera la familia de los hermanos Lapeña, los primeros en recibir una sentencia judicial favorable, la de 2016, y que a día de hoy continúa pendiente de ejecución. “Nosotros empezamos en 2009 y hasta noviembre de 2020 no se nos reconoció el derecho”, recuerda Jaca, quien, al igual que el centenar de víctimas en la misma situación, ha enviado una carta a la alcaldesa de El Escorial solicitando “que no se pongan obstáculos” a la renovación de la licencia.
“Soy consciente de que me asisten unos derechos que no se están haciendo efectivos por actuaciones de muy dudosa legalidad, pues en estos momentos no existe ninguna disposición judicial que impida la concesión de licencia y entiendo que concurren las mismas condiciones y circunstancias que en el momento en que se concedió”, se lee en el texto facilitado a este periódico.
Mientras el enredo burocrático continúa, el tiempo juega en contra de las familias. La mayoría de ellas son de una edad avanzada y en estos seis años que han pasado desde la primera sentencia favorable ya han fallecido tres familiares directos de las víctimas enterradas en el Valle de los Caídos. “Es muy duro y da mucha tristeza. Parece que están esperando a que todos muramos para evitarse el problema”, asegura Jaca.
De las 105 familias con derecho reconocido hay aproximadamente unas cuarenta vascas, la mayoría de ellas guipuzcoanas con procedencias diversas de municipios como Urretxu, Tolosa, Zarautz y Berastegi. Todas ellas fueron trasladadas al Valle de los Caídos desde otros puntos del Estado sin consentimiento ni conocimiento alguno de sus familiares y allegados. Es el caso, por ejemplo, de Antonio Arrizabalaga, asesinado en un batallón de castigo en 1937 en Zaragoza a los 26 años tras luchar en el batallón de las Juventudes Socialistas y ser apresado en Santander. Más de 80 años después de su muerte, son sus familiares los que disputan otra batalla, esta vez, en los tribunales.
