La Coordinadora Estatal de Apoyo a la Querella Argentina (CEAQUA) ha denunciado este miércoles la negativa de la Audiencia Provincial de Navarra y de un juzgado de Valencia a investigar crímenes contra la humanidad cometidos durante el franquismo.
En un comunicado, CEAQUA ha informado que la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Navarra ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por María Concepción Edo Gil contra el auto que dictó el Juzgado de Instrucción número 1 de Pamplona en el que archivó la querella interpuesta por detención ilegal y torturas padecidas en 1972 en la sede de la Brigada Político Social de la capital navarra.
Según la asociación, en el auto dictado ahora por la Audiencia se reproducen "literalmente" los argumentos mantenidos por la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo en sentencias del 27 de febrero de 2012 y del 17 de febrero de 2021: que la prescripción de los delitos, el principio de legalidad y la ley de Amnistía impiden la investigación y enjuiciamiento de los crímenes franquistas.
CEAQUA ha afeado a la Fiscalía, que interesó la desestimación del recurso de apelación interpuesto por Concepción Edo, y a la Audiencia Provincial que, con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, "mantienen exactamente la misma posición que anteriormente" y "se oponen a que los crímenes franquistas puedan ser investigados judicialmente en el orden jurisdiccional penal".
Por otro lado, la misma asociación ha denunciado que el Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia ha inadmitido la querella criminal interpuesta por Ausias Alminyana Calatayud en la que denunciaba las torturas sufridas por su padre Vicent Alminyana en 1973 en el Cuartel de la Guardia Civil de Patraix, por considerar que los delitos se encuentran prescritos.
A raíz de estos dos casos, CEAQUA ha insistido en la necesidad de modificar o derogar la Ley de Amnistía del año 1977 y de reformar el Código Penal para introducir el principio de legalidad desde una perspectiva del Derecho Internacional.
Ha recordado que la Ley de Memoria Democrática no modifica ni deroga la Ley de Amnistía y que la mencionada introducción del principio de legalidad desde una perspectiva del Derecho Internacional de los Derechos Humanos fue rechazada por el Congreso de los Diputados durante esta legislatura.
